«Nos están obligando a emigrar»: Comunidades indígenas inician alegatos ante la justicia por acuerdo Corfo-SQM

Sin duda, la jugada de los hermanos Julio y Eugenio Ponce Lerou para volver a SQM como asesores estratégicos –burlándose del acuerdo que la empresa firmó con Corfo a comienzos de este año y que les impide integrar el directorio– se convirtió en uno de los asuntos que marcó la pauta del pasado martes y volvió a poner a la minera no metálica en el centro de la polémica.

Pero no es la única razón por la que el controvertido acuerdo vuelve a ser cuestionado: para las 9 de la mañana de este miércoles está fijada la audiencia en que representantes del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) presentarán los alegatos ante la Corte de Apelaciones de Santiago con que buscan que se invalide el tratado.

Desde la agrupación, integrada por 18 comunidades, aseguran que al firmar dicho acuerdo el Estado de Chile incurrió en violaciones a sus derechos, y que su implementación amenaza su acceso al agua y que indirectamente se les están obligando a abandonar el lugar que han habitado por generaciones.

SQM siempre sale ganando

El pacto de enero pasado se acordó tras una batalla entre Corfo y SQM que duró cuatro años, iniciada luego de que se conociera que, durante años, la empresa se excedió en el espacio delimitado para la explotación del Salar de Atacama (correspondiente a 81 mil hectáreas) y realizó graves violaciones en los contratos de arrendamiento del lugar. Gracias a ellas, SQM vio ingresos por más de US$771 millones, y generó un daño en en el patrimonio del Estado de Chile cercano a los US$30 millones.

Finalmente se llegó a un punto que contentó a ambas partes: Corfo estipuló que ni Julio Ponce Lerou, el ex yerno de Augusto Pinochet y controlador de SQM en dicho período, ni su familia –hermanos o hijos– pueden tener presencia en el directorio hasta 2030 y, a cambio, la empresa aumentó su capacidad para ahora explotar el triple de la cantidad de litio que produce. 

Sin embargo, la negociación se cerró sin realizar una consulta a las comunidades indígenas que viven en la zona, que es lo que ordena el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. De este modo, desde los pueblos que habitan el lugar se enteraron del trato tras una reunión con representantes de Corfo, quienes les comunicaron de la decisión cuando el acuerdo ya estaba sellado y los dejaron sin ninguna injerencia.

«El Estado de Chile simplemente decidió no escuchar a las comunidades indígenas, y quiso no preguntarles si les afectaba este acuerdo. Aquí lo que corresponde por un mínimo de respeto a las otras culturas y pueblos es preguntarles», asegura Jaime Madariaga, abogado del CPA.

«El señor Bitran hoy –después de la llegada de los Ponce Lerou– dice que se siente engañado, defraudado, al haber firmado este acuerdo. Bueno, resulta que ese engaño lo vienen denunciando los atacameños desde el día uno. Si él hubiera tenido la humildad y los hubiera escuchado, no lo habrían engañado», agregó.

«Queremos estar por siempre en el territorio»

«El pueblo atacameño vive en la cuenca de Atacama y efectivamente nosotros hemos visto el deterioro medioambiental que se ha provocado dentro del territorio con la instalación de distintas empresas», explica Manuel Salvatierra, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, quien agrega que para ellos es fundamental  «tener certeza del estado de salud del salar de Atacama».

En la misma línea, Mariana Cervetto, geóloga especialista en hidrogeología, explica que la base para explotar el litio es la salmuera, que básicamente consiste en agua salada, por lo que advierte que el acuerdo Corfo-SQM amenaza la disponibilidad de recursos hídricos para las comunidades. «La minería de litio es minería de agua«, señala.

Cervetto además asegura que los mecanismos de monitoreo establecidos en el marco de la RCA (Resolución de Calificación Ambiental) no garantizan la sustentabilidad del salar.

Por otra parte, desde el CPA recalcan la importancia de que se desarrollen las consultas respectivas. «En la actualidad ya somos afectados por las distintas políticas que tiene el Estado que no han salvaguardado algo que es súper importante para nosotros, que es el agua, nuestra puri. Y nosotros buscamos estar por siempre en el territorio, pero para eso necesitamos el agua, que es la base de nuestra vida. Indirectamente nos están obligando a emigrar», agrega Ana Ramos, ex presidenta de la misma organización.

Finalmente, Valeska Pavez, también integrante del CPA, señaló que su propósito es «poner en la opinión pública que Chile tiene nueve pueblos reconocidos, entre ellos el pueblo atacameño, y que efectivamente el Estado entienda que hay una cultura que está viva, que un país sin una cultura no puede ser un país, y que de una buena vez se reconozcan nuestros derechos».