Reo indultado por Sebastián Piñera fusiló a una mujer embarazada en 1973

La ciudadana argentina Beatriz Díaz Agüero fue vista por última vez el 16 de octubre de 1973. Durante esa madrugada, la mujer sería sacada a la fuerza de su cama y detenida junto a su marido Carlos Adler Zulueta (25), junto a quien llegó a vivir a Santiago en marzo de ese año. Cuatro vecinos también fueron detenidos.

El grupo fue trasladado al centro de torturas de Londres 38 y luego a la Casa de la Cultura de Barrancas, en Pudahuel. Desde ahí los llevaron a las cercanías del Túnel Lo Prado, donde Beatriz, su esposo y otras cuatro personas fueron fusiladas por la espalda con ráfagas de ametralladora. Los responsables fueron efectivos de la Escuela de Suboficiales del Ejército.

Beatriz había realizado sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo, en Argentina. Tenía 26 años cuando la detuvieron y se encontraba embarazada, con seis meses de gestación, según consignó El Dínamo.

En 2011, por el caso conocido como Torres San Borja, fueron condenados a diez años de presidio efectivo, sin beneficios, los uniformados Gerardo Ernesto Urrich González, Juan Ramón Gerardo Fernández Berardi y René José Guillermo Cardemil Figueroa, como autores del delito reiterado de homicidio calificado.

En específico, Cardemil Figueroa fue el hombre condenado que cumplía prisión en Punta Peuco, pero que fue indultado por el presidente Sebastián Piñera. El beneficio del Mandatario llegó tarde, pero su abogado valoró el gesto.

«Si bien, por razones administrativas, no fue notificado en vida el beneficio, devela la voluntad humanitaria que tiene este gobierno de conceder indultos a aquellos reos que padezcan una enfermedad terminal y desean morir con dignidad junto a sus seres queridos», sostuvo Raúl Meza.

Según la investigación, Cardemil habría dirigido la patrulla militar que realizó el allanamiento y detención y también fue quien dio orden de ejecutar a los prisioneros bajo su custodia.

La indagatoria demostró que la detención se realizó tras una delación telefónica de una vecina de los ejecutados y que habría sido una «equivocación», lo que quedó acreditado en la Comisión Rettig. A excepción de los Adler Agüero, el resto de las víctimas no tenía vinculación política ni relación entre sí. Sus cuerpos fueron encontrados el 17 de octubre de 1973 en el kilómetro 12 de la ruta que une a Santiago con Valparaíso y fueron trasladados como NN al Servicio Médico Legal.