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El mecanismo que reemplazará al actual CAE y Fondo Solidario establece que parte del sueldo de los deudores puede ser retenido y que será su empleador el responsable del pago a la Tesorería General de la República. Además, creará una nómina pública de estudiantes que suscriban el crédito, que contendrá información sobre el financiamiento de sus estudios, incluyendo condición de mora si corresponde.
El proyecto de ley que crea el nuevo Sistema de Fondo Solidario (SFS) para la Educación Superior, que reemplazará al cuestionado Crédito con Aval del Estado (CAE) y al Fondo Solidario fue ingresado con casi un mes de atraso.
El nuevo mecanismo, ya visado por Hacienda, tendrá un costo de US$ 7.915.800 millones, que serán entregados por el fisco en un plazo de 10 años. Entre otros rasgos ya anunciados sobre el SFS, se encuentra un interés de 2%, con cuotas que no deberían superar el 10% de la renta de los endeudados, en un plazo de hasta 180 cuotas, cerca de quince años máximo.
En la teoría, tras el pago de dichas cuotas, el excedente será suspendido en caso de que los deudores no cuenten con ingresos o su sueldo sea menor al mínimo. Sin embargo, la iniciativa establece que parte del sueldo de los deudores puede ser retenido y que será su empleador el responsable del pago a la Tesorería General de la República, ya que el organismo estará a cargo del cobro del crédito.
En este escenario, podrán la cuota del sueldo del deudor durante los primeros diez días del mes. En caso de que no se pague, el empleador deberá cargar con los intereses por la mora. En caso de que el empleador no pague o el deudor no cuente con trabajo estable, la Tesorería realizará la retención de la devolución de impuesto o entrega de cualquier beneficio fiscal.
Otro de los puntos llamativos de la iniciativa es su artículo N°42, numeral 4, que crearía una especie de Dicom del SFS. Según El Mostrador, el organismo deberá crear nóminas de estudiantes que suscriban el crédito, que estarán disponible para el público general y contendrán información sobre el financiamiento de los estudios de cada estudiante, incluyendo su condición de mora si corresponde, «hasta la total extinción del crédito, momento en el que la información deberá ser eliminada de la nómina».
El proyecto, que fue ingresado al Senado, elimina la comisión Ingresa a cargo del CAE y crea una sociedad anónima del Estado que deberá administrar y otorgar los créditos. Aunque cumple con la eliminación de los bancos como intermediarios, La Administradora deberá informar a la Tesorería sobre los deudores con cuotas vencidas para que ejerza la acción de cobro que corresponda, coordinándose a la vez con el Servicio de Impuestos Internos y otros organismos públicos, para la recaudación de pagos y la cobranza.
Uno de los compromisos de Piñera fue el no pago de arancel durante los años que dure la carrera, para los estudiantes que accedan al nuevo sistema. De esta manera, la diferencia entre el arancel real y el de referencia tendrá que ser financiado por las universidades, los IP y los CFT, mediante becas o créditos entregados por las instituciones.
La iniciativa establece que podrán acceder al nuevos sistema los estudiantes chilenos o extranjeros que estén dentro del 90% de la población más precarizada, además de estar matriculados en una carrera perteneciente a una institución adscrita al crédito. No podrán acceder al beneficio quienes cuenten con más de dos títulos técnicos, aquellos que deserten o caigan en eliminación de sus carreras en más de una oportunidad y quienes se cambien de carrera más de una vez.
Por último, el proyecto del Gobierno propone que los deudores del antiguo sistema CAE -más de 870 mil estudiantes- pasen al nuevo sistema, sin incluir la demanda de la condonación de la deuda educativa. Para cambiar de sistema, los estudiantes deberán solicitarlo al nuevo organismo, «La Administradora». Aunque no se entregarán nuevos CAE, se mantendrá el beneficio para aquellos que aún no terminen sus carreras.
