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Memoria en la medida de lo posible: Ex Cuartel Borgoño, el centro de tortura que estorba

Por: Jonathan Mardones / Publicado: 17.07.2018
Memoria en la medida de lo posible: Ex Cuartel Borgoño, el centro de tortura que estorba IMG_1655 / / Patricia Zalaquett Foto: Diego Martín
A mediados de 2016, el ex Cuartel Borgoño de la CNI alcanzó el estatus de Monumento Nacional. Tras esto, Patricia Zalaquett creó la Corporación Memoria Borgoño con el objetivo de convertirlo en centro de memoria. Pero nada pasó: En dos años, el gobierno de Bachelet y la PDI retomaron las presiones para demoler el lugar y construir nuevas instalaciones para el organismo policial. "Es la fórmula más evidente de negacionismo", dice Zalaquett, mientras recorre lo que queda del centro de tortura más importante de los 80’ acompañada de El Desconcierto.

El sonido del motor que se acercaba esa tarde de agosto de 1984, podía significar dos cosas: el furgón que traía a su hija Javiera desde el colegio o el vehículo que la llevaría a la tortura.

La operación Alfa Carbón ya estaba en marcha y Patricia Zalaquett, angustiada en su casa de Concepción, lo sabía. Su plan era arrancar una vez que Javiera llegara, pero eso no pasó. Por cosa de minutos la historia fue distinta: varios funcionarios de la CNI entraron a su hogar con la brutalidad de la Dictadura y se la llevaron.

-¡La Javiera! ¡La Javiera!-, pensó.

Estuvo una noche prisionera en la ciudad del Bío Bío hasta que por la mañana, muy temprano, le pusieron una venda en los ojos, le ataron las manos y la tiraron arriba de un auto.

“En el camino los CNI se perdieron. Al parecer eran de Santiago. Imagínate: escuchaba cómo ellos preguntaban por una dirección a la gente de la calle conmigo adentro, amarrada”, recuerda.

El lugar que buscaban era la Brigada de Vuelo, por ese entonces perteneciente a Investigaciones. Luego de encontrar la ruta correcta, llegaron al recinto, la subieron a una avioneta y, tras ponerle cinta adhesiva en los ojos, despegaron con rumbo incierto.

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/ Foto: Diego Martín

Desde la última cuadra de avenida Independencia, justo al chocar con el río Mapocho, tres históricas construcciones sobresalen en el paisaje: la Estación Mapocho, la neogótica iglesia “Milagroso niño Jesús de Praga” y el ex cuartel Borgoño de la CNI, el más importante centro de tortura de la segunda mitad de la Dictadura.

Este último, con un estilo del siglo XIX, es el único de los tres que pareciera vivir en las sombras: a sus espaldas se asoma imponente el moderno edificio institucional de la Policía de Investigaciones, dueña del histórico centro de detención.

Desde la ribera del río Mapocho, es difícil dimensionar que por estas calles transitaron cientos de chilenas y chilenos a la espera de ser torturados. Nada hace pensar que dentro de esos más de nueve mil metros cuadrados de superficie, se planificó el asesinato de Tucapel Jiménez y José Carrasco Tapia, o la operación Albania y Alfa Carbón, entre tantas otras.

Hoy en el interior sólo hay escombros.

/ Foto: Diego Martín

Patricia Zalaquett (61), es presidenta de la Corporación Memoria Borgoño y está parada en el subterráneo de uno de los edificios, un lluvioso viernes de julio. Lleva un casco en su cabeza, por exigencia de las autoridades de la PDI. “A ese edificio no pueden entrar, en cualquier momento se cae”, dice uno de los dos funcionarios de la institución que acompañan la visita.

-A mediados de 2016 un vecino del sector dio la alerta de que estaban demoliendo el edificio. Diversas agrupaciones de derechos humanos iniciaron presiones para que el proyecto se detuviera-, relata Zalaquett.

Semanas después, parecía que habían triunfado: en junio de ese año los edificios del ex Cuartel Borgoño fueron declarados Monumento Nacional por el Consejo de Monumentos Nacionales. Uno de los argumentos de la institución, que se puede leer en el decreto 347 firmado por la Ministra de Educación Adriana Delpiano en diciembre de 2016, señala:

“El sitio es un reflejo de la historia reciente del país y de la memoria de los víctimas de la represión como política de Estado. Su preservación en el tiempo es una contribución en la promoción, protección y educación de los Derechos Humanos del conjunto de la sociedad”.

Patricia Zalaquett, desde el subterráneo de una de las construcciones, cuenta que luego de que el edificio se declarara Monumento Nacional, junto a otras personas detenidas en Dictadura creó la Corporación Memoria Borgoño, con el objetivo de convertir este espacio en un centro de memoria. Tras dos años de actividades y reuniones, todo sigue igual.

A pocos metros de los funcionarios PDI que acompañan la visita, inclinada levemente hacia adelante y con voz baja, dice: “Hace poco nos dijeron que el proyecto de demolición de la PDI continúa. Quieren destruir todo esto”.

***

Antes de ser el epicentro de las detenciones políticas de la Dictadura, el conjunto de edificios ubicado en calle Borgoño se construyó en 1892 y se destinó al Instituto de Higiene que, según Memoria Chilena, “albergó los estudios de las condiciones de higiene pública en la ciudad de Santiago, al igual que los equipos técnicos y el personal destinado a la desinfección de conventillos y ranchos”.

Tras el Golpe de Estado de 1973, el lugar lo ocupó la DINA, hasta que en 1978 se traspasó definitivamente a la CNI. Al organismo represivo no le incomodó que en el lugar existiera un ancestral espíritu de higiene. Los funcionarios que entraban y salían del recinto mantuvieron la misma mentalidad que sus antecesores: había que limpiar y desinfectar Chile.

Al finalizar la Dictadura, el terreno fue cedido a la PDI, quienes ocuparon todos los edificios. En 1997 la institución demolió el sector poniente del histórico lugar para construir un nuevo recinto, en un claro plan de modernización.

El terremoto de febrero de 2010, dejó inutilizable los tres edificios históricos. La PDI sacó sus cosas y los dejó en abandono. Era el momento perfecto para que el Estado chileno convirtiera el lugar en un sitio de memoria.

Pero las prioridades eran otras: se comenzó a idear un plan de demolición que diera paso a nuevas instalaciones para la policía. El proyecto se estancó cuando en 2016 las organizaciones de derechos humanos alzaron la voz contra la destrucción del recinto. El nombramiento del lugar como Monumento Nacional, sólo trajo problemas para las autoridades: por un lado, se detuvo el plan de creación de nuevas instalaciones para la PDI, y por otro, les dejó un montón de paredes y escombros inútiles para sus intereses.

Mario Fernández, ministro del Interior del último gobierno de Bachelet, esperó un año para retomar el proyecto de modernización. “Que sea declarado Monumento Nacional no le impide a las autoridades demoler el lugar. Lo único que cambia es que ahora deben pedir la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales”, aclara Patricia Zalaquett.

Por eso, en una carta enviada el 18 de agosto de 2017 a Nivia Palma, ministra de Bienes Nacionales, Mario Fernández solicita mantener las intenciones de la Policía de Investigaciones, institución dependiente de su ministerio:

“…Producto de los problemas estructurales derivados de dicho movimiento telúrico (terremoto 2010), se debió proceder a desocupar las edificaciones, a raíz de lo cual se procedió a proyectar la nueva construcción de un nuevo edificio en reemplazo del existente, propósito que no pudo llevarse a cabo, debido a la declaración de Monumento Histórico de los referidos bienes raíces”.    

Y finaliza diciendo:

“…Le solicito a usted tener a bien mantener la destinación de los bienes raíces señalados en el párrafo segundo del presente oficio a la Policía de Investigaciones”.

/ Foto: Diego Martín

«La destrucción del Borgoño es la fórmula más evidente de negacionismo»

-Después que me subieron a la avioneta en Concepción me trajeron a este lugar. Infiero que estuve presa en ese edificio-, apunta Patricia Zalaquett, recorriendo el ex Cuartel Borgoño.

En los subterráneos habitados por escombros el mundo exterior pareciera apagarse. Las ruinas del ex reinado de Álvaro Corbalán y compañía continúa teniendo la capacidad de aislar gritos y ruidos.

-En ese momento, cuando estuve en una de estas celdas, los golpes y la electricidad con la que me torturaban no importaba tanto-, recuerda Patricia.

En ese agosto de 1984, con su esposo Nelson Herrera recientemente asesinado, el grito enmudecido de la militante del MIR duró días: “¡Dónde está la Javiera, dónde está la Javiera!”.

-Entrar a este sitio es sentir la angustia de no saber dónde estaba mi hija. Estuve casi una semana sin saber hasta que me enteré que se la habían llevado a un hogar de menores. Después mi familia la encontró y la recuperó.-

– ¿Qué es para ti este lugar?

– (Piensa por varios segundos) Es algo físico, emocional, que demuestra todo lo que yo viví como en una vida paralela. Está como entreparéntesis. Es muy complicado integrarla al baúl de todos los recuerdos. Habita en un baúl diferente.

Patricia Zalaquett detiene la entrevista y aclara:

-Nosotros no venimos aquí para que nos miren como víctimas. Somos un grupo de profesionales que estamos investigando lo que nos ha hecho el Estado. Ha sido muy funcional para esta justicia en la medida de lo posible considerarnos como víctimas. Les ha permitido dar migajas. Yo era militante del MIR, sabía a lo que me exponía, mi marido era dirigente. Estábamos en una lucha sin cuartel, con convicciones muy profunda, que son las mismas que mantenemos hoy, a pesar de que el escenario político y formas de luchas son diferentes.

– ¿Cómo ha sido el proceso de defender este sitio?

– Cuando se declaró Monumento Nacional, hablamos con la ministra de Bienes Nacionales de Bachelet, y quedó en constituir una mesa de trabajo a penas se firmara el decreto declaratorio, una mesa técnica con los actores involucrados. Cuando se firmó el decreto fuimos a cobrar la palabra y nos dicen que esperemos. En la siguiente reunión nos dicen que desde el Ministerio del Interior, consideran que esto debe quedar en la PDI.

– ¿Por qué crees que el gobierno de Bachelet reaccionó de esa forma?

– Si bien en su programa estaba contemplado una legislación que implicara protección a los sitios de memoria, eso nunca fue efectivo. Cada una de las declaratorias de sitio de memoria ha sido peleada por las agrupaciones. La política de derechos humanos en los gobiernos de la transición fue de entregar verdad, justicia y memoria en la medida de lo posible. No han hecho valer los acuerdos internacionales. Son las víctimas y sobrevivientes quienes hemos estado detrás de esto.

– ¿Qué te motiva a ti y a la gente de la Corporación que presides?

– La gente que trabaja en sitio de memoria quiere recuperar no solo el horror sino que el contexto en el que se dio. Para nosotros no es solo la casa de tortura y horror, queremos que la sociedad entienda por qué hubo gente que padeció tanto, y que fue en reacción a un proyecto de justicia social, de mejor vida para la gente. En el fondo es eso. Esta sociedad es brutalmente injusta. Hay gente que gana 50 sueldos mínimos y pasa como si nada. Es un país demencial.

– ¿De qué forma están trabajando para salvar este lugar?

– Esto tiene tres aspectos: el desarrollo de la investigación material, técnica; investigación respecto a las brigadas de la CNI y cómo funcionaron en Borgoño, eso a través de la revisión de expedientes judiciales; y por otro lado la conformación de un archivo oral, que lo estamos trabajando junto a Villa Grimaldi.

– ¿Cómo conectar esta lucha con las nuevas generaciones que no vivieron tu experiencia?

– Las organizaciones de sitio de memoria tienen que trabajar con una idea intergenaracional. Los argentinos, que han avanzado mucho en esto, dicen que una organización perfecta es cuando la mitad son sobrevivientes y la otra mitad jóvenes. Porque si no, uno tiende a quedarse en el ritual del horror o de víctima, o pegada en el pasado, y la memoria es pasado y presente. Desde el presente te vas para atrás. Por eso nuestro grupo de investigadores está compuesta por varios jóvenes.

– El 12 de julio se reunieron con otras organizaciones. ¿Qué acciones están tomando?

– Se acuerdó lanzar una campaña con carácter de urgente para impedir que la PDI concrete sus planes de continuar demoliendo el ex Cuartel, demandar a autoridades a que cumplan con lo señalado en el Plan Nacional de Derechos Humanos en torno a la preservación y protección de todos los sitios de memoria y finalmente generar un debate participativo sobre qué tipo de espacio de memoria queremos construir junto a la comunidad de Independencia. Además, como Corporación estamos trabajando en un proyecto de ley para proponerlo a las autoridades. En temas de derechos humanos no podemos hablar solo de patrimonio material, esto tiene que ver con un conjunto más importante de temas, relacionado con la justicia, verdad, proceso histórico que vive Chile. Quedas corto con una declaración de patrimonio material. Y esta ley de sitio está bien encaminada, es un trabajo de la Red de Sitios de Memoria, donde participamos. La red presentará el proyecto a la Subsecretaría de Derechos Humanos.

– Hace un par de semanas Sebastián Piñera indultó por primera vez a un condenado por derechos humanos ¿Cómo vislumbras el panorama con este gobierno?  

– Repudiamos cualquier indulto contra presos de crímenes de lesa humanidad. Pero Piñera trabaja con la zanahoria y el garrote: por un lado da esta señal a la familia militar, pero por otro lado dio señales en su anterior gobierno, como el cierre del penal Cordillera. No vemos imposible la ley de sitios de memoria. Pero claramente nos enfrentamos ante gente con menor sensibilidad y comprensión al tema derechos humanos.

– ¿Qué significaría para la sociedad chilena que este edificio se destruyera?

– Es la fórmula más evidente de negacionismo, es borrar las huellas materiales simbólicas de la violación a los derechos humanos. La segunda etapa de represión en Dictadura significó nuevas formas de matar, ya no con la abundancia de detenidos desaparecidos, sino que con montajes y falsos enfrentamientos. Eso expresa este lugar: una política de institucionalización del terror. La CNI sabe a quién torturar, cómo matar y cómo encubrir ese crimen. Cuartel Borgoño fue una respuesta al movimiento de pobladores, estudiantes, sindicatos, iglesias de mediados de los 80’. Se creó para castigar esas luchas e infundir mucho miedo a otros grupos.

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