abuso menores | Foto referencial / Pixabay
¿Qué respuesta damos ante los casos de agresión o abuso sexual perpetrados por menores? ¿Dónde está el origen de estas conductas? ¿Qué podemos hacer para prevenirlas? El Desconcierto planteó estos interrogantes a dos expertos en la materia procedentes tanto desde la academia como de la práctica profesional cotidiana.
Los dos casos de abusos y agresiones sexuales perpetrados por niños y adolescentes que trascendieron en las últimas horas -uno en en el Parque de los Reyes, en Santiago Centro, y otro en Pudahuel– han reabierto el incómodo y doloroso debate sobre cómo nos hacemos cargo, como sociedad, de los menores de edad que ejercen conductas delictivas que, si fueran mayores de 18 años, estarían penadas con cárcel, llegando incluso a la cadena perpetua.
Estamos hablando de niños de 16 y 13 años en el primer caso y de 8, 9 y 12 años en el segundo. Las víctimas fueron una mujer de 38 años y una niña de 8, respectivamente. En el último caso, según informó el fiscal, el examen sexológico realizado a la chica que presuntamente fue violada arrojó negativo. Sin embargo, la investigación para esclarecer lo ocurrido continúa.
En el primer semestre de 2018, la Fiscalía Nacional registró 573 delitos sexuales -desde abuso a violación- cometidos por menores de edad. Una cifra que en 2017 llegó a los 1.011 casos, sensiblemente mayor que los 929 contabilizaados en 2016.
La Ley establece que cualquier situación de abuso sexual, incluso si los agresores son niños, debe ser denunciada. De hecho, funcionarios públicos y profesionales de la salud y la educación están legalmente obligados a hacerlo en un plazo de 24 horas tras conocer los hechos. Pero más allá de la obligación legal, ¿qué respuesta damos a estos casos? ¿Dónde está el origen de estas conductas? ¿Qué podemos hacer para prevenirlas?
El Desconcierto planteó estos interrogantes a dos expertos en la materia procedentes tanto desde la academia, como de la práctica profesional cotidiana, para entender más y mejor cuáles son los desencadenantes de estas dramáticas situaciones y dónde hay que poner el foco para evitarlas.
El director del programa para niños, niñas y adolescentes que han presentado conductas o prácticas abusivas sexuales (PAS) de la Corporación Opción, Claudio Ahumada, explica que las causas que pueden llevar a un menor a ejercer este tipo de conducta son muy diversas, pero tienen que ver con alguna experiencia de vulneración en la infancia. «Puede ser abandono emocional o estar expuesto a ambientes violentos, por ejemplo, sin que necesariamente pase por haber sufrido un abuso sexual, como normalmente se piensa», afirma. Su colega, la psicóloga y directora de la Escuela de Psicología Vespertino de la Universidad Andrés Bello, Pamela Soto, comparte que estos niños tienen «trayectorias de vida muy heterogéneas» que, efectivamente, pueden conllevar que terminen ejerciendo como abusadores.
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Ambos coinciden en que los contextos sociales y comunitarios pueden favorecer las condiciones para eso. Por ejemplo, la falta de educación sexual y reproductiva o la cultura de la violencia hacia la mujer, son factores no menores a considerar. «Estamos expuestos a una erotización permanente a través de los medios de comunicación, pero por otro lado se habla muy poco de sexualidad, afectividad y relaciones de pareja o de relaciones saludables», indica Ahumada.
Soto va un poco más allá y asegura que «cuando hay un abuso entre iguales, donde hay un agresor y una víctima, también hay dos víctimas». La psicóloga apela a una «perspectiva que intente comprender el contexto en el que surge esta agresión en el caso de los niños» que, en su opinión, es distinto que en el caso de los adultos. «Los niños que ejercen violencia contra otros son víctimas de una sociedad que no les ofrece otras oportunidades«, insiste.
Sin embargo, considera que la sociedad chilena aún no está preparada para entender eso, ni para responder a esta situación desde el Estado. «Siempre pensamos en castigar, pero no se nos ocurre que estando el sujeto en una etapa de desarrollo podría recibir una respuesta social distinta, favoreciendo el fin de una trayectoria de dolencias y agresiones a otros», apunta. En esta misma línea, Ahumada hace especial hincapié en que se trata de niños y niñas que necesitan una reparación, para que «esta experiencia no los marque, no sea penosa ni culposa, y que no los limite en su desarrollo». Y agrega: «Queremos que se incorporen a la vida social y que no vuelvan a incurrir en eso».
Desde su experiencia como psicólogo del programa que atiende a niños, niñas y adolescentes que cargan con este tipo de vivencias, propone espacios de intervención especializados para seguir un tratamiento o terapia. «En esta edad, con un trabajo altamente estructurado e intensivo, los resultados son muy positivos», sostiene. Según él, al ser chiquillos que están en proceso de construcción de identidad y de personalidad, el éxito de las intervenciones se da sobre el 90% de los casos.
Partidarios de bajar la edad mínima de la Responsabilidad Penal Adolescente, hoy situada en los 14 años, recurren al argumento de la conciencia para justificar los castigos severos a menores que ejercen abusos u otro tipo de violencia. Sin embargo, el nivel de conciencia que un niño puede tener a la hora de llevar a cabo determinadas conductas delictivas nunca será claro. «En muchos casos responden a experiencias cotidianas: si tienen 7, 8 o 9 años y están expuestos a pornografía o a prácticas sexuales de los adultos que no tienen cuidado, les llamará la atención y querrán explorar eso porque se verán enfrentados a una sexualización más traumática», afirma Claudio Ahumada, quien recuerda que este tipo de conducta desajustada es muy menor y marginal.
Para Pamela Soto, el debate no es el nivel de conciencia que poueden llegar a tener estos niños «porque cada uno es distinto a esa edad», sino «cómo la sociedad responde frente a esa agresión cuando se trata de personas que están en desarrollo». La académica considera que la Ley de Responsabilidad Penal del Adolescente venía a entregar una justicia especial para los adolescentes, basándose en el momento de vida y desarrollo en el que están, porque se reconoció que había que responder de forma distinta a un adulto. «El problema es que esa ley ha funcionado como funcionan las normativas adultas, y no da ninguna garantía de reinserción», asevera.
La conclusión de la especialista es clara: «En términos socioculturales, el país está anestesiado y tenemos una muy baja comprensión y sensibilidad sobre los problemas de la infancia«. Y ejemplifica: «Hemos tenido un debate tremendo sobre el Sename, pero todavía no tenemos Ley de Protección a la Infancia, cuando hace más de 25 años que firmamos la Convención Internacional de los Derechos del Niño». Por eso, Soto llama a aprovechar la conmoción que generan estos casos «tan horrendos» para pensar en la infancia e «impulsar las transformaciones que aún tenemos por hacer».
