Rodrigo Ríos Álvarez, ex Fiscal Adjunto de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte y miembro del Proyecto Inocentes asegura que el foco del gobierno está errado. «Si se quiere acabar con la delincuencia, no sirve de nada ir a apagar la última llama del eslabón del delito que esa persona que consume droga en una esquina, o la que está en una riña pública, eso no soluciona nada», afirma.
El gobierno de Sebastián Piñera ha tenido entre sus principales desafíos el tema de la delincuencia. En su primer periodo señaló que a los «delincuentes se les acabó la fiesta», pero los números revelaron que no logró su propuesta. Para este segundo periodo ha iniciado una ofensiva policial con redadas masivas en distintos puntos de la capital.
En la última de estas redadas se realizaron 211.476 controles preventivos, con 75.451 personas fiscalizadas. De estas, sólo 4.257 personas fueron detenidas, 2.748 fueron sorprendidas en flagrancia, mientras 1.509 poseían órdenes de aprehensión pendientes. Sólo el 2% de las personas pasaron a control de detención.
El Laboratorio de Seguridad realizó un informe que reúne los 6 operativos policiales realizados desde marzo a la fecha por el gobierno de Piñera. En total fueron 17.434 detenidos, donde sólo el 11% corresponde a delitos violentos. Sobre el 65% de los detenidos corresponde a detenciones por porte de marihuana, desordenes públicos y consumo de alcohol en la vía pública. Las detenciones por delitos de mayor connotación social y relevancia como homicidios y violaciones no superaron el 0.1% del total de las detenciones.
Para Rodrigo Ríos Álvarez, ex fiscal, director del Magíster en Derecho de la Universidad Finis Terrae y miembro del Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública, las cifras que para el gobierno son de orgullo, en realidad preocupan. «Existe un porcentaje altísimo de personas que son sometidas a controles preventivos de identidad y luego no pasan por ningún tribunal que se pueda pronunciar sobre si el procedimiento estuvo ajustado a derecho no», dice, en entrevista con El Desconcierto.
«Los controles preventivos se aplican a personas basados muchas veces en criterios que son discriminatorios, se aplican a personas de escasos recursos y jóvenes entre 19 y 34 años. Entonces el principal problema dice relación con todos aquellos controles preventivos de identidad que no son sometidos a ningún control judicial posterior para saber si existió o no una vulneración a los derechos fundamentales a las personas durante los operativos», agregó el abogado.
@_RiosRodrigo
El abogado afirma que los estudios han demostrado que las redadas y procedimientos de detenciones masivas no tienen un impacto real en la disminución de la delincuencia. «Estos operativos buscan un impacto más efectista que efectivo contra el delito. Los delitos por los cuales se detiene a una persona en estas redadas dicen relación a delitos de baja intensidad o muy baja penalidad. Estos operativos no atacan ni la causa ni el origen de la delincuencia», sostuvo Ríos.
«Lo que hace el gobierno de Piñera es generar en la población y en la opinión pública de que el gobierno está haciendo algo en esta materia. Las personas que han estudiado en Chile esta materia concuerdan que esta no es la forma correcta en que se debe enfrentar el fenómeno de la delincuencia. Los operativos son sólo impactos mediáticos con un efecto inmediato y efectista, pero que el día de mañana no sirven de nada».
Los estudios sobre derecho comparado y las experiencias exitosas en otros países señalan que el combate efectivo contra la delincuencia se hace con la comunidad, no en contra de ella. «Lo que se hace con las redadas finalmente es llegar a un lugar, instalarse por parte del aparataje policial, con carros policiales y armados, ejecutar acciones militares, tomar detenidas a las personas y luego retirarse. La comunidad no se hace partícipe, es objeto de la violencia» afirma el abogado.
«La gente no quiere más policías, la gente quiere una policía distinta. No quiere una policía que llegue a reprimir a las personas que se encuentran ahí, estigmatizando de una u otra forma el barrio donde viven. Quieren que la policía sea de calidad y no una policía que se vanaglorie del número de detenidos que tuvo en un procedimiento».
Según estadísticas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 40% de las personas encarceladas viene de hogares donde existía un alto consumo de alcohol o había otra persona de la familia que anteriormente había sido privada de libertad. «La única manera de combatir seriamente la delincuencia es atacar las fuentes donde se encuentra el origen de estas conductas. Si se quiere acabar con la delincuencia, no sirve de nada ir a apagar la última llama del eslabón del delito que esa persona que consume droga en una esquina, o la que está en una riña pública, eso no soluciona nada», dice Ríos.
El abogado también afirma que el Estado ha evadido la responsabilidad de llevar a cabo una política estatal a largo plazo que pueda resolver las causas que llevan a las personas a cometer delitos e infringir la ley. «El delito es la consecuencia del fracaso del Estado en temas como la educación, políticas de salud pública, en la creación de mejores espacios públicos, en intervenir de mejor manera la infancia», señaló Ríos.
«Si Piñera va a seguir con estas redadas, lo único que vamos a hacer es sumar estadísticas. Y la estadística no soluciona nada» finalizó el abogado del Proyecto Inocentes.
