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El persecutor que en los próximos días deberá interrogar al arzobispo Ricardo Ezzati aseguró que «vamos a hacer un juicio histórico y espero que seamos capaces de establecer que si determinados obispos hubiesen cumplido con las debidas diligencias se hubiesen evitado una buena parte de los delitos de abusos sexuales contra menores cometidos por los religiosos chilenos».
Previo al interrogatorio del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, imputado por encubrimiento de abusos sexuales a menores, el fiscal a cargo del caso, Emiliano Arias, profundizó en las 37 causas abiertas y la llegada a sus manos de 90 investigaciones canónicas que datan del 2007 a la fecha y que hasta ahora no se habían revelado.
En conversación con El País de España, el abogado criticó que «es un hecho que los religiosos en este país no tienen la obligación de denunciar, ¿pero pueden ampararse en que no están obligados para no trabajar estrechamente con la autoridad civil denunciando los delitos contra los menores de edad? Es igual que si hubieran tenido debajo de una capilla muchos muertos y solo hubieran hecho investigaciones canónicas«.
Para el fiscal, «la cultura del encubrimiento» dentro de la Iglesia «ha posibilitado la omisión de delitos al interior de la organización», añadió y apunta directamente a los obispos, quienes son responsables de la organización en determinados territorios y por quiénes pasan todas las denuncias de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. «Conocen los hechos durante todo el proceso», puntualizó.
Arias sospecha que «el sistema no funcionaba, porque no se daba la atención adecuada a las víctimas, no se les creía, no se daba curso a las investigaciones, no se cumplían las obligaciones de enviarlas todas a la Congregación de la Doctrina de la Fe del Vaticano, unido a un sistema ineficaz de justicia canónica».
El persecutor aseguró que «sabemos que religiosos chilenos destruyeron evidencias sobre abusos sexuales», pero precisó que gracias a su carta el pasado 31 de mayo, «el Papa abrió el camino para investigar el encubrimiento de abusos».
«La carta es potente. Un jefe de Estado nos dice en nuestra cara que algunos de sus ciudadanos organizados en Chile tienen una cultura del encubrimiento y del abuso. ¿Veamos entonces qué hechos concretos están encubriendo y los nombres de los posibles encubridores?», manifestó.
Arias sostuvo que «vamos a hacer un juicio histórico y espero que seamos capaces de establecer que si determinados obispos hubiesen cumplido con las debidas diligencias se hubiesen evitado una buena parte de los delitos de abusos sexuales contra menores cometidos por los religiosos chilenos».
"¿Por quién pasan todas las denuncias de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes? Por el obispo”, indica el fiscal Emiliano Arias, principal encargado de perseguir este tipo de delitos en Chile https://t.co/cUNYhbdt7g
— EL PAÍS (@el_pais) July 29, 2018
