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Opinión

Separar el Patriarcado del Estado

Por: Maite Orsini / Publicado: 31.07.2018
Campaña el machismo Mata en Valparaíso / Foto referencial / Agencia Uno
"Tan urgente se ha vuelto el asunto, que un gobierno conservador como este ha sido el impulsor de una reforma que apunta justamente hacia la equidad entre hombres y mujeres. Pero entre la convicción y la tibieza hay un océano", escribe en esta columna la diputada Maite Orsini.

Intentar construir repúblicas verdaderamente democráticas ha significado enfrentarse a poderes tan institucionales como culturales. En efecto, el siglo XIX chileno estuvo marcado por fuertes controversias entre el Estado y la Iglesia Católica que se negaba a aceptar que no debía ser un poder del Estado, sino una opción dentro de una sociedad diversa.

Cuestiones que hoy nos parecen de sentido común, en ese entonces fueron fuente de polémica. Se buscaba, simplemente, la eliminación paulatina de los distintos privilegios legales de los que gozaba el mundo eclesiástico. Sin embargo, la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado se dio recién a finales del primer cuarto del siglo XX, en el marco de la Constitución de 1925 con la consagración de la libertad de culto como garantía fundamental.

Hoy, Chile enfrenta un desafío similar, tan urgente como el que asumió en el siglo antepasado: terminar con los privilegios de los hombres en relación a las mujeres, generando reformas que apunten a separar al Patriarcado del Estado.

Seguramente algunos dirán que las mujeres exageramos al denunciar los privilegios que nos discriminan. Incluso, no faltará el que diga que el patriarcado ni siquiera existe (y probablemente pensará lo mismo del calentamiento global). Pero lo cierto es que el Estado chileno y sus Constituciones han sido, tristemente, no sólo guardianes, sino que promotores del machismo. Recién en el año 1999, por ejemplo, la Constitución modificó su artículo 1º para establecer que no sólo los hombres, sino que todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Tanto es así, que con esta Constitución se ha permitido la existencia de leyes abiertamente discriminatorias contra las mujeres, entre las que se encuentra la penalización del aborto en todas las causales, la administración exclusiva del marido de la Sociedad Conyugal o el impedimento de contraer nuevo matrimonio (sólo) para la mujer cuando su vínculo anterior se ha disuelto.

Tan urgente se ha vuelto el asunto, que un gobierno conservador como este -defensor de la Constitución de 1980 y enemigo de una Asamblea Constituyente que exprese la diversidad de miradas de la sociedad chilena- ha sido el impulsor de una reforma que apunta justamente hacia la equidad entre hombres y mujeres. Pero entre la convicción y la tibieza hay un océano. El proyecto presentado por el gobierno se quedaba en una reforma que promueve la equidad de género simbólicamente, pero no estructuralmente. El proyecto no se hacía cargo de las desigualdades concretas que todavía existen en los derechos fundamentales. En efecto, el proyecto no incluía un reconocimiento concreto al derecho a la salud sexual y reproductiva; o a un derecho a una educación no sexista; ni una promoción de la participación de mujeres en política o en el mundo del trabajo. En otras palabras, no era suficiente para el desafío que tenemos delante como país.

Para separar al Patriarcado del Estado hay que hacerse cargo de las discriminaciones concretas que vivimos día a día las mujeres en todos los ámbitos posibles. Hay que hacer reformas políticas profundas, que den un paso desde el reconocimiento formal de que mujeres y hombres somos iguales, hacia una promoción de esa igualdad. Porque donde la ley no hace la diferencia, la sociedad sí la hace.

Hoy sabemos que, por el carácter patriarcal de la sociedad chilena, la ausencia de discriminaciones legales debe evolucionar hacia acciones afirmativas del Estado en favor de las mujeres. Precisamente por estas razones es que como bancada feminista presentamos una serie de indicaciones que tenía por objeto modificar nuestras garantías fundamentales para establecer un enfoque de género concreto. Para que cuando hablemos de pensiones, hablemos del deber de evitar toda discriminación hacia la mujer, y para que cuando hablemos de participación política, hablemos del deber de promover la representación femenina en todo ámbito.

El desafío es tremendo porque estaba vez no se enfrenta a una institución concreta con una cúpula particular, sino una visión de mundo que se expresa cultural, económica e institucionalmente en diversas esferas de la sociedad. Por lo mismo, así como se da el debate en las universidades, las poblaciones, las artes o los medios de comunicación, es fundamental que el patriarcado sea enfrentado desde el debate constitucional. ¿Por quién? Por nosotras, por las luchadoras de ayer y por las niñas que merecen crecer en un Chile libre de machismo.

Maite Orsini
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