Actores sociales, unidos en la lucha por los Derechos Sexuales y Reproductivos

La lucha por derechos sexuales y reproductivos se ha convertido en una de las banderas de lucha más relevantes para el movimiento feminista. Desde la disputa en Chile por el acceso mínimo al aborto en tres causales y su explosión en Argentina, la demanda por aborto libre avanza como una ola verde que une a las feministas por todo el mundo. En esta línea, el pasado 25 de julio marchamos más de cien mil personas a lo largo de todo nuestro país para demandar mayor acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en especial para garantizar el derecho al aborto libre, seguro y gratuito.

A pesar de lo anterior, el gobierno ha manifestado reiteradas veces que no está por las demandas del movimiento feminista. El ministro Chadwick anunció que, de ser presentado un proyecto de ley de aborto libre al Congreso, el presidente hará uso de todas sus facultades para impedir su avance. A esto se le suma la falta de respuesta del Presidente ante el violento atentado que sufrieron tres manifestantes de parte de grupos fascistas en la marcha por el aborto, y que en este Gobierno la objeción de conciencia institucional ha encontrado su mejor defensor, anteponiendo los intereses económicos de grupos particulares a la vida y salud de las mujeres.

Frente a este conservadurismo, el movimiento feminista ha encontrado aliados en diversos sectores sociales, los cuales han demostrado actuar de manera unitaria desde diferentes espacios. Por un lado, las y los estudiantes movilizados ya demostramos que el feminismo debe ser una centralidad en la lucha por una educación pública, la cual debe ser una herramienta para construir los derechos de las mujeres. Una educación pública feminista debe formar profesionales sin dejos sexistas o patriarcales, y para esto necesitamos de casas de estudio que no se interpongan en las luchas feministas. Ese es el caso de la Universidad Católica que, siendo la principal gestora y promotora de la objeción de conciencia institucional, se presenta como un obstáculo permanente para la discusión nacional sobre el avance de los derechos de las mujeres.

Por otro lado, diversos profesionales, y en particular del mundo de la salud, hemos asumido el trabajo de informar a la sociedad para que el debate social sobre el aborto sea hecho con responsabilidad y humanidad. Es necesario derribar los mitos que criminalizan a las mujeres que abortan y, al mismo tiempo, reafirmar la idea de que los derechos sexuales y reproductivos no se limitan con el aborto, sino que incluyen un amplio espectro de medidas. Estas inician con una educación sexual integral para que todas y todos podamos vivir una sexualidad plena, y continúan con el acceso universal a métodos anticonceptivos y al aborto, en especial si tenemos en cuenta que existen capas sociales que se encuentran totalmente distanciadas y sin posibilidad de acceder siquiera a una educación sexual básica.

Es por esto que vemos en la lucha por el aborto libre, en primer lugar, un avance en la autonomía de las mujeres y sus derechos, y en segundo lugar, la posibilidad de abrir un debate social amplio sobre los derechos sexuales y reproductivos de toda la población. Esta instancia se vuelve urgente, y es preciso que los espacios donde se ha asentado el conservadurismo históricamente (como la Universidad Católica) accedan al menos a dar una discusión abierta al respecto. Frente a esta necesidad, consideramos fundamental que todas aquellas organizaciones y personas que ven en el feminismo una herramienta de lucha por una sociedad más justa, nos organicemos en torno a derribar aquellas estructuras dentro de nuestros espacios que impiden un avance hacia un aborto libre, gratuito y seguro.