Estatuto Laboral para Jóvenes, la vía para legalizar la precarización

Al parecer la promesa de los tiempos mejores que nos repetía a diario el actual presidente Sebastián Piñera comienza a diluirse. Los masivos despidos en diferentes sectores de la producción son señales que la situación del empleo en el país se encuentra en crisis y no se ve en el horizonte una solución al problema, o al menos una que sea de beneficio de las y los trabajadores.

Si bien las cifras de desempleo en el país se han mantenido en niveles bajos, cercanos entre 6 y 7 por ciento, cabe decir que se están presentando las primeras señales de inicio de una fase al alza de la cesantía: el cierre de la empresa Maersk, que dejó a 1206 trabajadores en la calle; el anuncio del cierre de IANSA, con las respectivas consecuencias en la región del Maule; y la serie de despidos en medios de comunicación y en empresas de menor tamaño.

La respuesta del gobierno ante este escenario es apuntar a desmejorar las condiciones laborales, en especial en los jóvenes, sector donde se concentra un importante porcentaje de los desempleados, alcanzando el 17%. Así las cosas, la solución de Piñera viene con el llamado Estatuto Laboral para Jóvenes, que es un compendio de medidas que solo justifican la precarización a cambio de bajar el desempleo.

Destacan entre las medidas que componen este Estatuto: el incentivo a la sustitución de los trabajadores más antiguos por jóvenes en peores condiciones, los empleadores no se encuentran obligados a respetar las mallas curriculares ni los tiempos de traslado de los jóvenes que se encuentren estudiando, eliminar el descanso dominical, aumentar la jornada laboral hasta a tres turnos diarios, se elimina la remuneración de vacaciones y de horas extra, se elimina la indemnización por despido, tampoco beneficios por incapacidad ni por fuero maternal.

Este proyecto había sido ingresado al Parlamento durante el primer gobierno de Piñera, y que en los primeros meses de su segunda administración decidió darle urgencia legislativa, la que pasó el primer trámite en la Cámara de Diputados con los votos de la derecha y de la DC, PPD, PR, todos partidos miembros de la ex Nueva Mayoría.

Esta es una señal nefasta por parte del Parlamento y, especial, de partidos que fueron parte de una coalición que aspiraba a llevar adelante un programa de reformas profundas al modelo neoliberal que se ha instalado y desarrollado en Chile durante los últimos 30 años. Este apoyo significa darle la espalda a las y los trabajadores del país pues se avala las prácticas de abuso por parte del empresariado, afectando así los derechos laborales y ciudadanos de nuestros compatriotas.

Claramente la jugada del gobierno está avalada por los amarres existentes a la sindicalización de los trabajadores, lo que impide de forma efectiva la organización y, por ende la defensa de nuestros derechos, y que ratifica la postura de la derecha ante la pasada reforma laboral que apuntaba a fortalecer la posibilidad de los trabajadores a organizarse como medio de equilibrar las fuerzas ante los intereses de los dueños del capital.

Sin embargo, debemos entender este momento adverso como una oportunidad de tomar conciencia como trabajadoras y trabajadores de la necesidad de unir fuerzas, de entender que el adversario no se encuentra entre nuestras propias organizaciones sindicales sino que en los defensores de los intereses de los empresarios y los grupos económicos. Tengamos claro que la clase trabajadora no es considerada por los poderosos como aliada del poder económico.

Unidad y más unidad, dejando los egoísmos de lado para construir una plataforma de lucha en común que nos permita enfrentar este momento, es única la forma de enfrentar este momento.