Punta-Peuco |
Los análisis psicológicos realizados por Gendarmería a los siete criminales condenados por violaciones a los derechos humanos que recibieron el indulto presidencial evidencian que no muestran menor señal de arrepentimiento. Incluso, algunos aseguraron que estaban recluidos «por una venganza política» y que son inocentes.
La decisión de la Corte Suprema de conceder libertad condicional a siete condenados por violaciones a los derechos humanos no ha dejado a nadie indiferente. Especialmente, considerando en análisis psicológico y de conducta de los liberados, quienes registran un buen comportamiento carcelario pero no dan la menor señal de arrepentimiento. Tampoco reconocen sus delitos.
La Comisión de Libertad Condicional contempla a un juez de la Corte de Apelaciones de Santiago y una decena de jueces de tribunales orales y de garantía. Durante el mes de abril, cada año, analizan los informes de conducta y evaluaciones psicológicas que son elaboradas por Gendarmería, las cuales sustentan sus resoluciones.
Según informó La Tercera, solo este año, 1.233 condenados postularon al indulto, entre los cuales había 17 internos de Punta Peuco, condenados por crímenes de lesa humanidad. El medio accedió a los informes que fueron elaborados en marzo respecto a los siete reos que recibieron el indulto presidencial.
En el caso del capitán (R) de Carabineros Gamaliel Soto Segura (72), quien ingresó el 21 de marzo de 2013 a Punta Peuco, el reporte de Gendarmería destaca su conducta y su trabajo en el retiro de basura al exterior de la unidad. Sin embargo, sobre el secuestro calificado por el cual se mantiene recluido, el informe sostiene que Soto «refiere respecto del delito por el que fue condenado una ausencia de conciencia del mismo, reconociendo solo que pertenecía a la comisaría en la cual fue detenida la víctima, y respecto de la sentencia por la cual cumple condena, niega su participación directa».
Del mismo modo, el análisis establece que el condenado registra «bajos niveles de empatía y una mermada capacidad para enjuiciar críticamente su comportamiento» y recalca que incluso insiste que se encuentra privado de libertad «por una venganza política y que es inocente, porque no ha cometido delito alguno».
Algo similar ocurre con Felipe González (79), quien ingresó a Punta Peuco en septiembre de 2015. El suboficial mayor (R) del Ejército obtuvo buenas calificaciones por sus labores de aseo, caminatas diarias en lo deportivo y lectura constante. No obstante, a la hora de analizar el secuestro calificado por el que obtuvo condena, González niega «toda responsabilidad en los hechos por los que cumple condena, refiriendo que solo se limitó a cumplir órdenes». Tampoco muestra mayor conciencia sobre el delito.
Hernán Portillo Aranda (66) también ingresó a Punta Peuco en septiembre de 2015, tras ser condenado por secuestro calificado. Desde entonces mantuvo calificaciones sobresalientes por su conducta y su informe psicológico rescató que, a diferencia de los otros reos, muestra «mediana conciencia del delito, reconociendo parcialmente su participación en los hechos por los que cumple condena, pero tendiendo a justificarse en el contexto de órdenes recibidas de la superioridad y de una eventual enfermedad cardíaca que habría desembocado en el fallecimiento de la víctima». Portillo también apunta al «cumplimiento con su deber militar».
Por su parte, Manuel Pérez Santillán (67), condenado por el secuestro del ex químico de la DINA Eugenio Berríos, ingresó a Punta Peuco en agosto de 2015. También con buenas calificaciones de Gendarmería por su comportamiento, y pese a ser amigo de la víctima, «reconoce solo parcial y circunstancialmente su participación en los hechos por los cuales cumple condena, aseverando que esta se limita a haber acudido por dos días a Uruguay a conversar con la víctima para convencerlo de que mejorara su comportamiento, negando su responsabilidad y conocimiento de los hechos por los que cumple condena».
En tanto, el suboficial (R) José Quintanilla Fernández (66) ingresó a Punta Peuco en enero de este año, para cumplir con una condena por secuestro calificado. Sobre él, el informe señala que «minimiza su participación en el delito por el que cumple condena, negando toda responsabilidad al respecto y realizando un análisis meramente descriptivo de situaciones, sin profundizar y solo en la perspectiva de liberarse de toda culpa».
Lo mismo ocurre con el coronel (R) Moisés Retamal (68), quien ingresó al recinto penal en mayo de 2015, por una condena por secuestro calificado. Entre sus actividades en la cárcel destacaron las caminatas diarias y sus clases de alemán. Sin embargo, Retamal tampoco mostró arrepentimiento respecto a sus acciones vinculadas con hechos delictivos.
De hecho, el documento sostiene que hay una «ausente conciencia del delito, negando lo establecido en la condena final, afirmando ser inocente y que tal condición habría quedado demostrada en el proceso». Por último, Emilio Robert de la Mahotiere (81), quien ingresó en febrero de 2016 tras una condena por homicidio calificado, registra «una evolución en conciencia del delito, puesto que, y si bien niega su responsabilidad en los ilícitos, matiza un relato donde su argumentación recorre entre la descripción de rol, con las acciones buenas y malas, así como una visión tendiente a la objetividad del contexto histórico que revisten el cumplimiento de sus funciones como piloto de helicóptero».
Sin embargo, el informe precisa que «niega haber efectuado mal alguno a terceros y centra su discusión únicamente en el daño percibido por sí mismo y su familia, producto de la reclusión».
