La Memoria fuera del Museo

El último cambio de gabinete, en el que se cambió a Varela por Cubillos (Educación) y a Rojas por Valdés (Cultura) confirma la puesta en escena de un gobierno orientado a articular lo que Sebastián Piñera denominó la “segunda transición”. Esta última consiste en la consolidación del modelo de gobernanza neoliberal cuyo triunfo dependerá de que ésta sea capaz de enmendar algunos de los flancos abiertos dejados por la “primera transición” articulada por la ex Concertación de Partidos por la Democracia y que, incluso en su minoridad, pusieron en cuestión al propio pacto oligárquico de Chile renovado violentamente con el Golpe de Estado de 1973, reafirmado legalmente con la Constitución de 1980 y establecido democráticamente por la Concertación con la transición desde los años 90.

Si por el término “transición” no entendemos sólo una etapa en la que el país “transita” de la dictadura a la democracia, sino la articulación de una nueva técnica de gobierno orientada a la recodificación de la política bajo el léxico del discurso neoliberal, entonces podemos ver cómo la democracia transicional fue la destrucción misma de la democracia, pues implicó su sometimiento a la égida del capital corporativo-financiero. Más aún: ¿cómo está tejida dicha técnica? A partir de un relato. Y bien ¿cuál es éste relato? Tal relato pone en juego a un conocido género literario como la fábula. El relato transitológico se estructura en base a una fábula, pues, su orientación al gobierno de los cuerpos implica hacerlo desde una “moraleja”. Como si la “lección moral” proclamada por Allende mientras bombardeaban La Moneda hubiese sido re-interpretada no contra los golpistas –contra quienes se dirigía el discurso de Allende- sino contra el proyecto mismo de la Unidad Popular.

La fábula del Chile dice así: había una vez unos jóvenes que querían cambiar el mundo con la Unidad Popular, pero en cuyo intento desencadenaron el golpe de Estado. Moraleja: nunca debe volver a presentarse un proyecto capaz de transgredir el pacto oligárquico de Chile, tal como lo intentó la Unidad Popular, es decir, la izquierda no debe plantearse cambios radicales. Con esta fábula en mente, la otrora izquierda chilena experimentó su renovación hacia el progresismo neoliberal (Giddens, Blair), cuestión que llegó a su punto extremo bajo el segundo gobierno de Bachelet en el cual, al aceptar el relato de la fábula (es decir, el relato de la oligarquía), no pudo articular reformas sustantivas, sino que tan sólo ensambló un neoliberalismo 2.0. Sin embargo, ese “no pudo” no fue un límite exterior, sino un límite asumido por el mismo progresismo neoliberal en la medida que inventó la fábula desde mucho antes de su despegue en la transición de los años 90: la “justicia en la medida de lo posible”, que era lo mismo que decir: la “justicia en la medida de los militares”, “el país a la medida de la oligarquía”.

El primer gobierno de Piñera fue un quinto gobierno más de la ex Concertación. Porque en ese momento no había irrumpido el movimiento estudiantil en la escena pública. Pero desde el segundo gobierno de Bachelet el problema que se plantea el Partido Neoliberal (las dos coaliciones que se han turnado el poder) es el de cómo articular un proyecto post-transicional: Piñera acuñó aquí la noción de “segunda transición”. ¿Qué objetivo tiene? Ante todo cerrar los flancos abiertos por los que colaron las movilizaciones estudiantiles del 2011 e impedir a toda costa que la racionalidad del sistema vuelva a ser impugnada. Y en este plano, el gobierno de Piñera ha comenzado una campaña sistemática de “ideologización” colocando a los ministros más neoliberales en carteras más “sensibles” (¿qué eran Varela y ahora Cubillos en educación, sino la robustez ideológica?)

El proyecto de la segunda transición se está desplegando: en tan sólo 6 meses de gobierno han ocurrido una serie de asuntos en relación a las materias de DDHH:

1) El gobierno no quiere aprobar un aumento de la miserable indemnización para las víctimas de la dictadura aduciendo que el fisco no tiene más plata (interpelación de la diputada Carmen Hertz contra el ministro Hernán Larraín quien fue mandatado por el otro ministro Larraín, el de Hacienda).

2) La Corte Suprema otorga libertad condicional a criminales de lesa humanidad saltándose todos los tratados suscritos por Chile en materia de DDHH dado que tales criminales ni siquiera cumplían con los requisitos y la decisión fue de “sala” y no en virtud de los tratados suscritos.

3) El gobierno designa en el Ministerio de cultura a un ministro que, hace menos de dos años, había señalado que el Museo de la Memoria era un «montaje». El ministro terminó por renunciar (Rojas). Su carácter supuestamente “converso” (y aquí habría que conceder que tal investidura es ya parte del simulacro del ministro) implicaba la pertenencia a la Fundación para el Progreso, el think tank financiado por el empresario Nicolás Ibáñez que al día siguiente de la expulsión de Rojas, declaró que el impulso a su renuncia habría sido una “señal clara de la intolerancia dictatorial (nótese el uso del significante “dictatorial”) que impera en Chile”.

4) En un programa de TVN (Estado Nacional) Carlos Larraín (ex presidente de RN) dice que la aprobación de la libertad condicional se justifica finalmente por «misericordia» (es decir, por un elemento extra jurídico que, al quedar al arbitrio del juez, resulta ser un elemento soberano de tipo excepcional). Con ello queda claro lo que significa justicia para la oligarquía: arbitrio, decisión soberana.

5) José Antonio Kast ha estado callado e invisible. Poco a poco contempla cómo se ha ido cumpliendo el programa que seguramente negoció con Piñera para la segunda vuelta.

6) Abogados de los criminales de Punta Peuco creen poder llegar a defender la libertad condicional de Miguel Krassnoff.

7) La subsecretaria de DDHH del gobierno dice que no le parece que el «arrepentimiento» como figura jurídica sea un requisito para otorgar la libertad condicional

8) El respaldo de los presidentes de RN (Mario desbordes) y de la UDI (Jaqueline Van Rysselberghe) al –ex ministro Rojas bajo el argumento de la necesaria “contextualización” del Museo de la Memoria.

Todo ello se inserta en el proyecto de la “segunda transición” consistente, nada más, ni nada menos, que en “dar vuelta la página” designación oligárquica chilena para la llamada “solución final” chilensis que implica poner en una relación de equivalencia a las víctimas y a los victimarios (aduciendo que ellos «también tienen DDHH) y ejecutando así un modo de exterminio en un lugar en el que cuerpo e imaginación, vida y potencia se ponen en juego: la memoria.

Como la “primera transición” atomizó la memoria en sus dimensiones jurídica, médica y psicológicas, separándola de la vida común e reduciendo el terrorismo de Estado sólo a los cuerpos de los familiares de las diversas agrupaciones de DDDD, la “segunda transición” terminará la tarea. Pero, en cuanto la “transición” es el ensamble de una técnica de gobierno que recodifica la política bajo los términos del proyecto neoliberal, la violencia que aplica no puede ser militar, sino económica. Basta con articular un buen relato(un eficaz recurso ideológico) para que la vocación exterminadora capture la pulsación de la memoria. Para ello Cubillos en educación y Rojas en cultura daban la medida. Ni educación ni cultura se restringen a un ministerio. Pero ambos sectores tienen en común el que han sido los lugares histórico en los que la vida común ha podido imaginar otro mundo. Y es precisamente contra esa posibilidad que la “segunda transición” se dirige con su conjura. Si el Ministro Rojas fue nombrado no fue por una negligencia del gobierno sino por una intención abiertamente ideológica de “dar vuelta la página”, propiciando el exterminio político de una vida común que se ha atrevido a imaginar otro mundo posible.

Porque la “memoria” no designa un simple lugar mecánico en el que ciertas víctimas recuerdan a sus familiares masacrados, sino una potencia epifánica que, al revelar una verdad, transfigura a un pasado trunco en el seno del presente. Si el Estado transicional consideró a los familiares de las víctimas como simples “familiares”, lo que ha estado poniéndose en juego aquí es el hecho de que sus muertos no son simplemente “suyos” sino que cristalizan una potencia epifánica que les ubican inmediatamente al interior de la historia de los pueblos. Tales muertos son todos los muertos, sus biografías están preñadas de historicidad. Si las tenues políticas de reparación instauradas por el dispositivo transicional funcionaron para separar a la historia de los familiares de la historia del pueblo, fue porque se intentó evitar la politización de la memoria. Pero, como comprobó el país con la detención de Pinochet en Londres, ese objetivo trazado por la transición,  jamás pudo ser realizado pues la memoria lleva consigo un ingobernable que no la hace amiga de los vencedores.

Porque, “memoria” no es un término que designe sólo a un pasado biográficamente datable, sino a una intensidad política en que se juega la posibilidad de imaginar otro mundo posible. Siempre se recuerda el por venir, nunca simplemente el pasado como supuestamente “ha sido”. En ello reside su fuerza revolucionaria y su carácter intempestivo, la memoria acoge a nuestros mártires que fueron aplastados por la maquinaria oligárquica porque imaginaron, como nosotros, otro mundo posible, otra vida común. El multitudinario acto desarrollado en el Museo de la Memoria el día miércoles 15 de agosto del 2018, fue el momento preciso en que la memoria salió del museo y se compenetró en los cuerpos de la multitud.

La protesta no demandó justicia considerada como un fin a cumplir. Su acción misma irrumpe  justiciera. Porque “justicia” no es un término que pueda ser reducido sólo a una institucionalidad jurídica, sino que también debe concebirse como una realidad política: no sólo los criminales de lesa humanidad deben estar presos, sino que además, debemos verdaderamente “dar vuelta la página” –como dicen los vencedores- pero para cambiar la Constitución política y desactivar definitivamente la razón neoliberal. Como el poema de Gonzalo Millán, la justicia clama por revertir el estado de cosas, e impugna así la actualidad misma del orden político. Como una potencia que ha sido permanentemente mutilada, reducida, encarcelada, no sólo en la dictadura con sus torturas, cárceles, formas de exterminio y desaparición, también en la democracia con la una gobernanza transicional articulada bajo el lema “justicia en la medida de lo posible”.

Piñera y la oligarquía a la que pertenece, temen un nuevo 2011. Pero, en vez de estar a la defensiva, prefirieron ir al ataque. Por eso la “segunda transición” –como la primera lo hizo con “la justicia en la medida de lo posible”- está ensañada contra la memoria, intentando suturar los espacios en los que ésta puede proliferar: educación y cultura, (pero también justicia, etc).

Todo bajo la puesta en escena de dos rostros antinómicos pero complementarios: el rostro del consenso expresado en Blumel y el rostro de la guerra expresado en los Larraín, Cubillos o los varios diputados del sector que nos instruyen acerca de sus intenciones genocidas. El consenso y la represión, codificación de la palabra y la racionalización de la violencia, invitación a dialogar y decisión para hacerlo al interior de los marcos presupuestos por ellos. Dos caras de un mismo dispositivo que pretende “dar vuelta la página”, “superar el pasado” y generarnos emociones de “piedad” para con los criminales que la democracia ha soltado a las calles. Si hay una tarea política para convocar será, ante todo, destituir a la “segunda transición” cuyo proyecto no es más que la impunidad de los vencedores: impunidad para los grandes empresarios (partiendo por el Presidente) que “dan trabajo” e impunidad para los militares (los criminales de lesa humanidad) que supuestamente se “sacrificaron por Chile”.