despenalizacion aborto | / Agencia Uno
A un año de la aprobación en 3 causales, un grupo de parlamentarias ingresaron una propuesta para hacer posible la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas de gestación. «Nosotras defendemos la vida, la vida de las mujeres. Este proyecto no es capricho, se avala en recomendaciones de organizaciones internacionales de derechos humanos», dijo la diputada Camila Rojas.
Pañuelos verdes contra pañuelos azules. De nuevo, la imagen de la pelea de colores se vivió este martes, en esta ocasión en el Congreso de Valparaíso, donde un grupo de diputadas de la oposición presentaron un proyecto de despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación.
La iniciativa, que la Corporación Humanas ha venido trabajando desde enero, señala que “en el ámbito de la sexualidad y la reproducción, históricamente las mujeres han sido objeto, en la práctica, de toda clase de controles y tutelas (….). La autonomía personal es negada a las mujeres mediante leyes punitivas que, basadas en determinadas creencias morales o religiosas, les imponen la obligación de procrear y cumplir el mandato social de la maternidad”.
El texto, que necesitará quórum simple y que apunta a modificar el Código Penal, sostiene que criminalizar el aborto constituye una «gravísima» violación a los derechos humanos de las mujeres y a su autonomía para tomar decisiones respecto de su vida.
En el punto de prensa, celebrado en el hall del Congreso, se produjeron dos manifestaciones simultáneas: por una parte, la de las activistas feministas que apoyaban a las diputadas y a su proyecto, y por la otra, la de los antiabortistas, en su mayoría hombres terneados con el pañuelo celeste que gritaban «¡Sí a la vida, no al aborto!». Los manifestantes apoyaban también la iniciativa ingresada este martes por diputados de la UDI «para respetar el derecho a la vida desde la concepción». Sin embargo, eso no impidió que las parlamentarias defendieran su iniciativa.
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Camila Rojas (Izquierda Autónoma) explicó que la propuesta tiene por objetivo que se deje de de criminalizar a las mujeres que abortan y que los equipos médicos no tengan la obligación de denunciarlas. «Nos preguntamos si alguno de los que están acá estaría dispuesto a denunciar a su hermana o a su amiga por eso. Nosotras creemos que no», dijo. Sobre los gritos que se escuchaban de fondo, durante su intervención, fue enfática: «Nosotras defendemos la vida, la vida de las mujeres. Este proyecto no es capricho, se avala en recomendaciones de organizaciones internacionales de derechos humanos». E insistió: «Queremos dar un debate democrático, no vamos a aceptar vetos». Ese punto fue reiterado después por su par, Karol Cariola (PC), quien destacó las dos posiciones «evidentes» en el debate y recalcó que «lo que no puede ocurrir es un veto».
Por su parte, la diputada Maite Orsini (Revolución Democrática) comparó el proceso legislativo que empieza este proyecto con otros también valóricos que también generaron controversia en este país, como la aprobación de los anticonceptivos o del divorcio. «No puede ser que niñas y mujeres sean llevadas a la cárcel por abortar», enfatizó la diputada, quien además planteó el debate sobre si las mujeres estamos dispuestas a denunciar a nuestras hermanas, amigas y vecinas por decidir interrumpir sus embarazos y que vayan a la cárcel por eso. «Que ocurra como en Argentina, que diputados de derecha votaron a favor» y recordó que el proyecto no obliga a nadie a abortar, sino que «impide que una mujer vaya a la cárcel por una maternidad no deseada».
En tanto, Daniela Cicardini (PS) subrayó que el texto «tiene que ver con la dignidad de la mujer». Explicó que se trata de enfrentar una realidad «de la que hay que hacerse cargo», y habló de las mujeres que tienen menos recursos y que abortan poniéndose en riesgo, mientras que las que se lo pueden permitir viajan al extranjero. «¡Que injusto!», exclamó. Y agregó: «No es un proyecto para el aborto legal ni libre, es que a la mujer no se la lleve a la cárcel por una interrupción de embarazo hasta 14 semanas». Antes de finalizar, se dirigió a los hombres diputados, a quienes solicitó «la posibilidad de abrir el debate».
Desde el mundo de las organizaciones sociales, representado por organizaciones como la Corporación Humanas o la Mesa Acción Aborto Chile, Gloria Mayra, vocera de esta última instancia, agradeció la iniciativa de las diputadas y destacó que «la autonomía reproductiva de la mujer no puede ser materia de derecho penal, tiene que ver con una política publica y esa, en países democráticos, dice que las mujeres podemos decidir sobre nuestra reproducción».
El proyecto fue suscrito por las parlamentarias Camila Rojas (IA), Camila Vallejo PC), Karol Cariola (PC), Maite Orsini (RD), Natalia Castillo (RD), Catalina Pérez (RD), Gael Yeomans (IL), Claudia Mix (Poder), Daniella Ciccardini (PS), Emilia Nuyado (PS) y Cristina Girardi (PPD).
ahora que estamos juntas!! Como feministas presentando el proyecto de despenalización del aborto de @MesaAborto_CL y @corphumanas junto a diputadas.
El #abortonoesdelito !!! pic.twitter.com/YQDilz02xk— Macarena Castañeda (@MakaCastaneda) August 21, 2018
La presentación del proyecto coincidió con la aprobación, hace justo un año, del proyecto de despenalización del aborto en tres causales por parte del Tribunal Constitucional. Al respecto, este lunes la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Observatorio Ciudadano emitió un informe en el que señala que si bien esta ley supone un avance importante, en Chile, la gran mayoría de las mujeres – más del 97% según algunas estimaciones- continúa privada del derecho a un aborto legal y seguro, y destaca que sólo una minoría puede recurrir al aborto en el marco de dicha ley.
“Las últimas medidas tomadas por las autoridades chilenas con relación a la objeción de conciencia parecen más concebidas para no aplicar la ley que para garantizar el acceso al aborto legal y seguro en las tres causales previstas”, afirmó la vicepresidenta de la FIDH, Elsie Monge.
El texto destaca varios obstáculos al acceso al aborto legal, entre ellos los intentos de desregulación del ejercicio de la objeción de conciencia, los plazos limitados en los que se debe practicar, la posibilidad de intervención de terceras personas que pueden interferir en la toma de decisiones de las mujeres y, sobre todo, de las niñas, y a la prohibición de las campañas de publicidad sobre los servicios de aborto. Eso, además de la restricción de la ley a sólo tres circunstancias muy específicas.
“Las autoridades chilenas deben tomar las medidas legales y administrativas necesarias para garantizar el acceso efectivo, oportuno y sin discriminación a servicios de aborto legal y seguro de calidad y en todo el territorio, en las tres causales previstas por la ley. También deben encaminarse a poner término a los obstáculos aún vigentes que impiden el pleno respeto de la libertad de decisión de las mujeres en materia sexual y reproductiva, garantizando así el acceso al aborto para todas y en todas circunstancias” expresó el director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin.
