Carabineros | Fotografía de Agencia Uno
Los parlamentarios gremialistas aseguraron que los derechos humanos deben garantizarse para todos, incluidos «nuestros carabineros y detectives» y señaló que el envío de un funcionario de la ONU permitiría confirmar «el trabajo profesional y apegado a la legalidad de nuestras policías».
Los diputados UDI Javier Macaya y Juan Antonio Coloma enviaron una carta al presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Joaquín Maza, para solicitar que el organismo envíe a un representante extraordinario que pueda analizar el supuesto accionar delictual de «grupos violentistas» contra Carabineros y funcionarios de la PDI.
En un texto, los parlamentarios se refieren a los ataques sufridos por efectivos policiales en el marco de movilizaciones y protestan y aseguran que dichos actos cuentan «en muchas oportunidades» con la complicidad de las autoridades públicas.
Además, la carta sostiene una crítica directa al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), desde donde aseguran que se generan «procesos de denuncias incoados por personas, muchas de ellas con el único fin de desprestigiar el accionar policial y limitar aún más su acción ante la comisión de actos delictuales».
Los parlamentarios gremialistas aseguraron que la protección de los derechos humanos debe asegurarse para todos los chilenos, incluidos «nuestros carabineros y detectives». De esta manera, sostuvieron que el envío de un funcionario de la ONU permitiría asegurarse «del trabajo profesional y apegado a la legalidad de nuestras policías». Además, señalaron que la divulgación de sus conclusiones significaría un avance en la «protección a las garantías fundamentales de la manera más clara y profunda, alejado de todo atisbo político contingente».
Por último, Macaya argumentó que es necesario ver la forma «cómo son atacados, quemados y golpeados Carabineros y profesores en Chile», quienes intentan por todos los medios «protegerse ante estos cobardes ataques». Y volvió a apuntar al INDH: «Nos da la impresión que con estas resoluciones parciales o sin todos los antecedentes, no solo se comete una injusticia, sino que se debilita el actuar de nuestras policías», señaló en alusión al informe del INDH que respaldó más de 800 casos de abusos policiales cometidos en Chile en los últimos ocho años.
