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Las palabras de la hija de la activista ambientalista surgen luego de que el tribunal de Tegucigalpa, Honduras, suspendiera el juicio de manera indefinida tras la presentación de varios recursos de amparo.
Como un «farsa» catalogó Berta Zúñiga Cáceres la suspensión del juicio por el asesinato de su madre, Berta Cáceres, luego de que recibiera tres disparos al cuerpo la noche del 2 de marzo de 2016.
Las palabras de la hija de la activista ambientalista surgen luego de que el tribunal de Tegucigalpa, Honduras, suspendiera el juicio de manera indefinida por la presentación de varios recursos de amparo.
Es por eso que en entrevista con El País, Zúñiga Cáceres exige «justicia verdadera para desmontar la estructura criminal que mató a mi madre».
Además, apunta que «hay irregularidades tan grandes que (los acusados) podrían quedar en libertad en cualquier momento por defectos de forma».
Y es que justamente entre los nueve detenidos se encuentran el presidente ejecutivo de la empresa hidroeléctrica DESA, David Castillo, acusado de ser el autor intelectual del crimen que acabo con la vida de Berta; Sergio Rodríguez, gerente de asuntos ambientales de la compañía; y Douglas Bustillo, jefe de seguridad entre 2013 y 2015.
Los tres habían sido denunciados por la propia víctima por amenazas.
En tanto que para la hija de la activista, el juicio «sólo se ha detenido a cargos intermedios» y responsabiliza a la familia Atala, propietaria de la empresa DESA.
De cuerdo a la tesis de la fiscalía, todo lo habría comenzado el presidente ejecutivo y el gerente de DESA quienes se habrían contactado con su jefe de seguridad, Douglas Bustillo, para poner el plan en marcha.
Éste habría contactado al mayor Mariano Díaz Chávez, instructor de la Policía Militar y miembro de las Fuerzas Especiales, para que contratara a sicarios para realizar el asesinato. Y fue a uno de estos al que se logró capturar en enero de 2017 en la frontera con Estados Unidos.
Actualmente, el proyecto hidroeléctrico sigue en manos de la firma de la que se sospecha habría salido la orden de dar muerte a la activista, una de sus principales opositoras, pero se anunció su cancelación como gesto de buena voluntad. En los últimos ocho años, en Honduras han muerto 123 activistas por el medio ambiente.
