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Luis Valentín Ferrada, abogado de uno de los oficiales investigados por fraudes reiterados al Fisco, argumentó que «hay que ver a las 1.500 personas que actuaron del mismo modo» y aseguró que comprar pasajes a cargo del Ejército para luego usarlos en vacaciones o pedir reembolso era una «práctica habitual» en la institución.
Durante el pasado martes la ministra en visita Romy Rutherford procesó al general (R) John Griffiths, segunda autoridad del Ejército, como eventual autor de fraudes reiterados al Fisco. En la arista del desfalco a la institución denominada «Empresas de Turismo», la Corte Marcial confirmó el procesamiento de los coroneles (R) Sergio Vásquez y Rodolfo Hidalgo.
En esta instancia, la defensa del coronel (R) Vásquez entregó a los ministros de la Corte una serie de antecedentes que daban cuenta que la cuestionada práctica, donde los oficiales compraban pasajes a cargo de la institución y luego cambiaban los destinos para vacacionar o recibir reembolsos, era habitual.
El abogado Luis Valentín Ferrada señaló que «entre 2009 y 2015 (período que indaga la ministra Rutherford) salieron fuera del país 1.503 soldados: 348 generales, 892 coroneles y más de 300 suboficiales y clases. Este número es exacto, porque está extraído de los decretos supremos que en cada caso los revisé, firma el ministro de Defensa por orden del Presidente, disponiendo las comisiones de servicio en el exterior».
Este escenario, según Ferrada, muestra que «todas estas personas han ocupado exactamente el mismo sistema que hoy se reprocha, porque era la única forma de operar. Todos (contaban) con el mismo pasaje en Economy One Way, que era un cupo para los efectos de la tarifa y que cada una de estas personas negociaba después con la agencia de turismo, que eran licitadas por el Ejército, para precisamente mover todo este sistema».
Además, añadió que al revisar los nombres, se trata de «coroneles en 2015 que se sabe dónde están ahora, en el alto mando (…). Ahora, hay que ver a las 1.500 personas que actuaron del mismo modo». Las prácticas se habrían realizado del mismo modo en todas las FF.AA, según informó La Tercera.
En representación del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Maria Inés Horvitz cuestionó la postura del abogado y aseguro que aunque se trate de una práctica habitual, no significa que no sea delictiva y deba sancionarse. A la vez, añadió que si la Contraloría no encontró nada irregular fue porque el mecanismo de viajes se hacía a través de facturas ideológicamente falsas y que esto se acordó entre las agencias de viaje y el beneficiario, es decir, el oficial destinado a una comisión de servicio.
La abogada solicitó el procesamiento por fraude al Fisco de los dos ex jefes de la sección Pasajes y Fletes del Comando de Personal del Ejército, entre 2011 y 2017, ya que se trata de quienes debían verificar las tablas de valores por tramo y fiscalizar.
En paralelo a esta investigación, el fiscal José Morales está indagando un presunto lavado de activos, relacionado con el papel jugado por las agencias de turismo que facilitares los viajes a los oficiales del Ejército. La agencia Latrach, de propiedad de Victoria Latrach, hoy representada por el ex fiscal Sabas Chahuán y Raimundo Hales, es una de las empresas investigadas.
Según anunció el ministro de Defensa, Alberto Espina, la Contraloría está investigando todas las áreas sensibles de tres ramas de las FF.AA. El secretario de Estado aseguró que están analizando «todo lo relacionado con los recursos de la Ley del Cobre, adquisiciones y compras, jubilaciones y pensiones, incluso intermediarios».
