Acuerdo por la Seguridad Pública de Piñera deja fuera el 75% de las medidas sugeridas por expertos

El martes de la semana pasada, el presidente Sebastián Piñera firmó los cinco primeros proyectos de ley que forman parte del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública con los que, señaló, busca modernizar «la lucha contra la delincuencia y proveer mejores herramientas para el combate del delito».

Las iniciativas se elaboraron en base al trabajo de la Mesa de Acuerdo por la Seguridad, instancia que estuvo integrada por ministros, subsecretarios, parlamentarios, alcaldes, expertos y representantes de distintas agrupaciones, quienes trabajaron en el tema durante 90 días y entregaron un documento en julio pasado.

Sin embargo, según explicó el abogado Mauricio Duce, quien formó parte de dicha instancia, «en materia policial se hicieron 71 propuestas y el proyecto se está haciendo cargo de un 25% de ellas».

De este modo, son 56 las medidas sugeridas que fueron dejadas de lado por el mandatario. Es cierto que no todos necesitan una reforma formal para aplicarse, y se ha anunciado además que varias de ellas podrían venir en futuros proyectos, pero una de las áreas que se señaló como fundamental y en que no se avanzó de forma sustantiva es en la relativa a las policías, sus funciones, especialización y profesionalización.

Además, también fueron desconsideradas 8 medidas relativas a la transparencia y la participación de la sociedad civil, y otras 21 relacionadas con la profesionalización de la organización interna.

Especialización y eficiencia

«Parte del problema actual de la seguridad pública en Chile es que Carabineros, que es la institución que ha tenido históricamente un rol preponderante en la prevención, posee una diversidad de roles y funciones que van en desmedro de su tarea principal», dice el texto en su comienzo.

De este modo, en su anuncio, el gobierno de Piñera explica en el sitio destinado al tema que la gestión de Carabineros y la PDI será sometida a un sistema de supervisión y evaluación, cuyos procedimientos y protocolos se adecuarán a parámetros modernos de gestión.

Pese a eso, en el proyecto firmado la semana pasada no se incluyeron las tres primeras propuestas, que se refieren específicamente a esta materia y que proponen que el Ministerio del Interior cree un grupo de trabajo que elabore un diagnóstico respecto de las funciones asignadas a cada institución policial, los recursos con que cuentan para llevarlas a cabo y las capacidades y experiencias de cada una de las instituciones.

A partir de él se plantea además la elaboración de un plan de reasignación de funciones, materias y recursos de las policías, con el propósito de radicar la función investigativa en la Policía de Investigaciones y la preventiva en Carabineros.

Además, se señala que ambas policías deberán contar con un sistema de indicadores de actividad, eficiencia y resultados, con el propósito de fortalecer el seguimiento y evaluación de resultados de la actividad policial, lo que tampoco fue incluido en el plan inicial del gobierno.

Profesionalización de la policía

Por otra parte, el documento que en julio pasado entregó la Mesa de Acuerdo por la Seguridad destinó todo un capítulo a esta materia y el gobierno lo dejó por afuera por completo.

«Carabineros y la Policía de Investigaciones son quienes se enfrentan diaria y directamente a las demandas de los ciudadanos, que exigen más y mejores condiciones de seguridad para sus comunidades», dice el texto, y luego recalca «la necesidad de contar con un sistema de reclutamiento, formación y desarrollo de las carreras que permita contar con personal altamente calificado para dar una respuesta eficiente a las complejidades que presenta la criminalidad actual y las demandas de la ciudadanía».

De este modo, presenta un total de 22 medidas (desde la 28 a la 42) que abarcan materias como el ingreso, la formación, el sistema de calificación y ascensos y selección del alto mando. Sin embargo, ninguna de ellas fue considerada.

Entre ellas, dicho apartado considera, por ejemplo, una revisión de los contenidos y duración de los programas de formación de ambas instituciones policiales, con el fin de garantizar que ellos y el perfil profesional buscado se ajusten a los estándares que hoy tienen las mejores policías que se encuentren en la OCDE.

Además, se mencionaba que las policías deberán considerar en sus programas de formación y capacitación la existencia de contenidos éticos y de probidad, de respeto a los derechos de las personas y que promuevan y garanticen la igualdad de derechos, deberes y dignidad entre hombre y mujeres.