El negocio de compra de tierras indígenas de la nieta de los fundadores de Falabella en San Pedro de Atacama

En mayo de 2017, Luis Delfín Rodríguez (51) decidió llevar su caso de venta de tierras a la justicia. Nunca quedó muy convencido del valor que tenían los terrenos que vendió a la sociedad Valles del Sur S.A. ubicados en el ayllu de Beter, en San Pedro de Atacama.

De acuerdo al Registro del Conservador de Bienes Raíces de Calama, en diciembre de 2016 la compañía le compró el lote n°30, de una superficie de 4,96 hectáreas, por cinco millones de pesos.

El abogado José Miguel Carrasco, quien entonces trabajaba en la municipalidad de San Pedro de Atacama, patrocinó a Delfín en la causa y, según la información comercial que presentó ante el Primer Juzgado de Letras de Calama, a la fecha de la venta el precio de las tierras no debía ser inferior a 396 millones de pesos.

Carrasco presentó una demanda por lesión enorme en contra de la empresa por no pagar el precio justo por un terreno que tiene un alto valor arqueológico y patrimonial.

Desde ahí que se mantienen en un proceso judicial en el que la empresa se ha acercado a Luis Delfín para ofrecerle un pago entre 60 y 100 millones de pesos, lo que aún estaría muy por debajo de la tasación comercial de esos predios.

El conflicto de platas y tierras que ha enfrentado Luis Delfín durante este último año con la empresa hizo que se trasladara a vivir a Arica esperando llegar a una resolución lo antes posible.

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La compañía Valles del Sur S.A. está asociada a la Fundación Tata Mallku, una de las instituciones filantrópicas que lidera María Francisca Cortés Solari, nieta de los fundadores de Falabella.

Valles del Sur figura como una empresa relacionada a la Fundación Caserta, otra de las entidades filantrópicas que lidera Cortés Solari ligada al área educacional. De las compañías asociadas a esta última Fundación está Inversiones Quitalmahue S.A, representada por su hermano Juan Carlos Cortés Solari.

En junio de 2012 Inversiones Quitalmahue S.A vendió a Valles del Sur el lote n°25 del ayllu de Beter denominado “El Carmen”, conformado por cuatro retazos que suman una superficie total de 21,9 hectáreas. El monto de la transacción entre ambas sociedades fue de poco más de 100 millones de pesos.

−Beter tiene una vista espectacular. El terreno n°33-A es como un triángulo y los lotes que están hacia la cordillera y hacia el mar son terrenos que pertenecen a la Fundación Tata Mallku, entonces el terreno de mi papi está rodeado de la Fundación− cuenta María Tejerina sobre los predios que están en disputa por la herencia de su familia.

Las líneas de trabajo de esta Fundación son promover la interculturalidad y la conservación del ecosistema atacameño. Incluso, es lo primero que aparece en Google al buscar información sobre el parque Puri Beter. Cortés Solari también dirige la Fundación Meri desde donde impulsa un trabajo por la protección de las ballenas. Y en el área ha recibido reconocimientos por su aporte desde el mundo privado al medioambiente y a la investigación científica.

El detalle es que en San Pedro de Atacama, la Fundación si bien lleva nombre indígena y se realizan actividades con los atacameños, en realidad, son tierras que están dejando de pertenecer a las comunidades ancestrales. Y como en el caso de Luis Delfín, se adquirieron a precios irrisorios.

Valles del Sur es una empresa que inició sus actividades en 1999 con un giro relacionado al desarrollo inmobiliario y turístico, además, de la compraventa y arrendamiento de inmuebles, concesión y arrendamiento de hoteles, casas y departamentos. La sociedad ha operado como el brazo comercial de Tata Mallku y, desde esa fecha, han comprado once predios en el territorio del ayllu ancestral de Beter.

Según el Registro de Comercio de Santiago, desde abril de 2008, el directorio de la sociedad designó como presidenta a María Francisca Cortés Solari, “quien agradeciendo la confianza demostrada por los demás miembros, pasó de inmediato a ocupar su cargo”, detalla la inscripción. Hasta mediados de noviembre este poder no había sido revocado.

«Que a María Francisca Cortés Solari la nombraran presidenta del directorio de una sociedad significa que debió tener pleno conocimiento de todas las compras por estos precios insignificantes», asegura el abogado José Miguel Carrasco.

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El “Mercado Libre” de tierras

−Me duele mucho que la gente venda por tan míseros pesos. Por lo menos, vendérselo a un atacameño, pero a ellos, no quiero −, dice María Tejerina.

La familia Tejerina atraviesa por un conflicto legal por la repartición de la herencia de Francisco Tejerina Siares desde 2016. Él fue el primero en adquirir dos predios agrícolas ubicados en San Pedro de Atacama, uno de ellos en Beter, en 1966. Los herederos no llegaron a acuerdo y una de las hijas decidió hacer un juicio arbitral.

Con este proceso se descarta la posibilidad de invocar la Ley Indígena que en su artículo 13 señala que “las tierras indígenas no podrían ser enajenadas, embargadas, gravadas ni adquiridas por prescripción salvo entre personas o comunidades de una misma etnia». Un asunto importante en el caso de una venta posterior.

A pesar de que estas tierras cuentan con título histórico en el Conservador de Bienes Raíces de Calama, a esa fecha no se encontraban en el Registro Público de Tierras Indígenas de la CONADI. Según cuenta María Tejerina fue por desconocimiento porque históricamente ha ocupado el territorio y no hay dudas sobre su calidad indígena.

El abogado que representa a la heredera que inició el juicio arbitral es Franco Mellado Bordoli quien, a la vez, se identificó como gestor de intereses de Valles del Sur en una reunión que sostuvo con una autoridad municipal de San Pedro, en 2017.

Por lo mismo, el antecedente de que las tierras no estuvieran registradas en la CONADI le valió para decir ante el juez que no existía “un uso continuo ni inmemorial » de estos predios. Con esto, las tierras quedaban liberadas para la venta a terceros no indígenas; un camino despejado para los particulares.

El nombre de este abogado es reconocido por los sanpedrinos. Algunos entrevistados para este artículo comentaron sobre su permanente búsqueda de personas interesadas en vender terrenos.

Sobre la causa, el fallo del juez arbitral rechazó la petición de iniciar un procedimiento que se ajustara a la Ley Indígena. Sin embargo, el caso tuvo un revés en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en mayo de este año, que revocó el fallo y estableció que “la partición debía ser efectuada de acuerdo a lo que dispone dicha ley”.

Y, en paralelo, las tierras de los herederos que estén de acuerdo deben ser inscritas en el Registro de la CONADI, un proceso que es voluntario.

La abogada representante de María Tejerina, Carolina Sagredo, explicó que al ser voluntario inscribir las tierras se venden sin darle importancia a su calidad y propicia un conflicto de pérdida territorial, un elemento que es indispensable para la supervivencia cultural del pueblo atacameño.

Mientras que José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, entregó una opinión en la misma línea. “Que las tierras no estén inscritas en este Registro de la CONADI hace que sean objeto de diversos contratos que no son reparados por los Conservadores. La inscripción no es lo que lo otorga la categoría de tierras indígenas, en particular después de que Chile ratificó el Convenio 169 de la OIT, en 2009”, aclaró.

Los geógrafos que han estudiado la zona de San Pedro estiman que entre un 30 y un 50 por ciento de las tierras atacameñas han sido vendidas a particulares. A la vez reconocen lo fácil que resulta la compraventa de terrenos que tienen potencial agrícola, porque los cruza un río o están cercanos a ellos, pero que son explotados con una finalidad turística.

−Una vez mi hijo me dijo mamá que estái peleando por ese terreno si Valles del Sur te lo pagaría altiro−, cuenta abatida María Tejerina.

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Ni Franco Mellado Bordoli ni desde la Fundación Tata Mallku, a través de su encargada de comunicaciones, respondieron al ser contactados por El Desconcierto. 

A través de un correo electrónico, Karen Klenner, directora de Comunicaciones de la Fundación Tata Mallku, pidió rectificar el título de este artículo, recalcando que «Valles del Sur S.A. es una sociedad del giro agrícola, dedicada principalmente a conservar los territorios donde se emplaza, y que pertenece a Francisca Cortés S. por lo que el título publicado es incorrecto e involucra erróneamente a terceros que no tienen relación con este proyecto intercultural».

A la vez, señalaron que Valles del Sur «suscribió escrituras con doña Justina Rodríguez, quien falleció en 2015, en las cuales esta recibió a su entera satisfacción, el pago de $ 50 millones, a cambio de un Lote ubicado en la comuna de San Pedro de Atacama. Cabe destacar que el precio acordado fue a un valor superior al de mercado, tal como se puede corroborar al estudiar compraventas del mismo año 2008, comuna y sector, que son información pública contenida en los Registros de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Calama. No obstante lo anterior, en 2017, Luis Delfín Rodríguez inició acciones legales en tribunales de Calama, exigiendo un monto superior al acordado».

Nota de la Redacción: El título y contenido de la nota fue modificado. La periodista Natalia Figueroa confirmó que sí se comunicó con el abogado y la gerenta de Comunicaciones de Tata Mallku para obtener más información sobre este tema.