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El responsable de la ONG desmenuza las cifras que presenta el nuevo documento y destaca la necesidad de que las organizaciones de la sociedad civil puedan aplicar el test rápido para llegar directamente a las comunidades. Por eso, asegura que AHF recurrirá ante el TC la modificación al reglamento que restringe el uso de la aplicación de los test a los profesionales de la salud.
Este lunes se conoció que un estudio de OnuSida revela que Chile está entre los 10 países del mundo con mayor aumento de VIH, al lado de países como Kuwait, Madagascar, Montenegro, Uzbekistán, Kazajistán, Filipinas o Eslovaquia, entre otros.
El Instituto de Salud Pública (ISP) ha registrado 5.206 nuevos casos de VIH entre los meses de enero y septiembre de 2018, es decir, un 21% de aumento en relación al mismo periodo en 2017, cuando se contabilizaron 4.304.En 2017, el ISP registró 6.361 casos de contagio. Las estadísticas complican el escenario de cara a alcanzar las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que contempla entre sus acuerdos llegar a esa fecha sin sida. De hecho, este lunes la jefa del Departamento de VIH del Ministerio de Salud, Ana María San Martín, renunció tras las críticas por el aumento de contagios provocado por la demora en la implementación del Plan Nacional de Prevención del VIH. Lanzado en mayo pasado, cuenta sólo con 254 centros de salud familiar -de los 500 existentes- con test rápidos disponibles.
El panorama actual en Chile no es muy alentador para alcanzar las metas previstas para dentro de 12 años. El Desconcierto conversó con Leonardo Arenas, coordinador de AHF Chile, para conocer las claves del informe difundido por Onusida, en una lectura nacional e internacional.
Según explicó Arenas, las cifras de este informe revelan que ya conocemos al 75% de las personas que viven con VIH a nivel mundial. Un dato que ha sido posible recabar gracias al aumento continuo de campañas que llaman a hacerse el test y a la ampliación de oferta de servicios de testeo, especialmente la introducción de las pruebas rápidas. «El desafío es alcanzar el 25% restante», dice. Siguiendo los números globales, en Chile, la brecha del 25% a nivel global representa unas 25.000 personas. «Tenemos que aumentar las nuevas infecciones, salir a encontrarlas y por lo tanto necesitamos intervenciones focalizadas, llegar a las poblaciones clave que están teniendo conductas de riesgo y donde los mensajes preventivos no llegan o no los quieren asumir», sostiene Arenas. Lo adecuado, dice, sería alcanzar unas 15.000 personas que permitan llegar a un primer pilar del 90% de personas que viven con VIH identificadas.
Otro dato relevante que arrojó el coordinador es el aumento del número de personas con carga viral suprimida, es decir, las que disminuyen en más del 90% las posibilidades transmisión el VIH en una relación desprotegida.
Leonardo Arenas
En lo que refiere a Chile, lo preocupa a Arenas es que se dé accesibilidad al test rápido o las pruebas rápidas de VIH para las poblaciones a las que aún no ha llegado. «Eso es fundamental dado que acaba de salir una modificación al reglamento de VIH que restringe el uso de la aplicación de las pruebas rápidas a profesionales de salud», asegura. En cambio, según él, el informe de Onusida recomienda que la prueba pueda ser realizada por personal capacitado de las comunidades afectadas, organizaciones de la sociedad civil y profesionales de salud. Arenas toma esa recomendación considerando las 25.000 personas que en Chile viven con VIH y no lo saben. «Son importantes las estrategias focalizadas de ampliación de testeo que realizan las organizaciones de sociedad civil para llegar directamente a las comunidades, que además que se sienten estigmatizadas y discriminadas por el mismo sistema de salud», asegura Arenas. De lo contrario, «puede producirse un retroceso», añade. Es por eso, que Arenas anuncia que recurrirá la modificación del reglamento de VIH al Tribunal Constitucional.
Arenas ejemplifica las posibilidades de expandir la aplicación del test con la experiencia peruana. «AHF Perú tiene una barcaza ahora en Iquito, en la selva, que recorre las diferentes comunidades indígenas y que ofrece medicamentos y el test. Eso es un ejemplo de las posibilidades que tiene el test de llegar a lugares en los que el sistema de salud establecido no va a llegar», comenta. «El ministro [de Salud, Emilio Santelices] erró el camino de lo que se propuso al inicio de su gestión: hay que ampliar los lugares establecidos para el test», añade. En opinión del coordinador de AHF, la limitación de aplicar el test sólo a los profesionales de la salud tiene que ver con «un cierto temor gremial de perder el control sobre esto» y «acota las posibilidades de aplicar el test rápido». Pero, para él, el rol de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental porque se acercan a las poblaciones clave –mundo gay, hombres que tienen sexo con hombres o mujeres trans– y también para rebajar el tiempo entre diagnóstico y tratamiento.
Arenas recuerda la iniciativa de la venta del autotest de VIH en el metro que se puso en marcha el pasado mes de agosto pero que tuvo que ser retirada. «El informe de Onusida toma las experiencias de autotest y es una de las estrategias para aquellos que han tenido una situación de riesgo y no van ni al sistema público ni al privado, y prefieren hacérselo de forma individual. Eso funciona en otros países», explica Arenas. En su opinión, «en Chile seguimos funcionando con estrategias de hace 15 años atrás y en estas cosas no logramos equipararnos con el mundo que nos gusta compararnos, que es el mundo más desarrollado«.
Otro de los puntos que destaca Leonardo Arenas es la necesidad de reducir el tiempo entre que la persona se hace la prueba e inicia tratamiento. Según las cifras de AHF Chile, en nuestro país ese período es de unos cuatro meses de promedio en el sistema público. La organización, a través de los programas de aplicación de test rápidos en espacios abiertos y a través de Facebook o web ha llegado a reducirlo a 30 días y Arenas recuerda que el ministro de Salud, Emilio Santelices, quiere disminuirlo a 20 días. «Tiene que haber un cambio cultural al interior del sistema de salud y adoptar estas nuevas tecnologías para poder avanzar, sino quedaremos atrasados respecto a lo que sucede en los países vecinos y ni hablar de compararlo con Europa», asevera.
Leonardo Arenas subraya como positivo que en Chile las personas en tratamiento tienen alta adherencia y alta carga viral, pero precisa que existe una brecha entre las personas diagnosticadas y las que están en atención, las que están en tratamiento, y en carga viral suprimida. «Al aumentar las nuevas infecciones vamos a tener que aumentar las personas que están en tratamiento y ello requiere un aumento fiscal», expone. Según las cifras del Minsal, en 2017, cerca de 46.000 personas fueron diagnosticadas, pero no notificadas, lo que significa que «hay una caída entre personas que han ido a sistema de salud y que se han hecho examen, pero no han retirado los resultados». El coordinador pone encima de la mesa las distintas opciones que tiene el sistema para revertir eso: llamar, mandar un correo, o ir a la casa… «Pero si no se ubica la persona esta persona no queda notificada y esto es un problema porque la persona debería conocer su situación de salud». A su parecer, eso tiene que ver con que «no estamos aplicando las tecnologías que permiten el resultado inmediato. ¿Por qué aplicamos ese examen cuando podríamos aplicar el test rápido y entregar en 30 minutos el resultado?», se pregunta. «Es una pérdida de tiempo y de pacientes», responde.
