La batalla por el reglamento de objeción de conciencia: Así avanza la contienda en los tribunales

En las últimas semanas, la disputa a favor y en contra del protocolo de objeción de conciencia de la ley de despenalización del aborto en tres causales ha empezado a intensificarse ante los tribunales. Legisladores y partidos del oficialismo declararon la guerra judicial a la normativa desde que el gobierno la publicó en el Diario Oficial la el pasado 23 de octubre.

Las respuestas a los dos requerimientos presentados ante el Tribunal Constitucional –uno suscrito por parlamentarios de Evópoli, RN y UDI; y otro de parte de miembros de la UDI– piden revisar el artículo 13, inciso segundo del decreto que aprueba el protocolo de la objeción de conciencia de la Ley de Aborto en 3 Causales. “Acá lo que nosotros estamos defendiendo es que dado que hay una ley, que se aplique, pero dentro de los marcos que la Constitución regula y que no obliguen a quienes pensamos a que el aborto es un asesinato de un ser vivo dentro del vientre materno a hacer ese tipo de acciones”, sostuvo la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe cuando se presentó el requerimiento a fines de octubre.

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Por su parte, el diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli) explicó durante la entrega del requerimiento, a mediados de noviembre, que los que se busca es «proteger la libertad de los cuerpos intermedios respecto del reglamento de Ley de Aborto que se ha publicado. Y lo que pretende hacer es proteger justamente la autonomía de estos cuerpos intermedios, respecto de las obligaciones que tienen respecto del Estado por el hecho de tener un convenio”.

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Las respuestas a ambas solicitudes empezaron a llegar en los últimos días. El 15 de noviembre el TC declaró admisible el requerimiento presentado por la UDI y precisamente este jueves se dio inicio a la sesión del pleno de los ministros del tribunal para revisar el documento. Durante la jornada de hoy expusieron el abogado Jorge Barrera, en representación de los senadores oficialistas, la abogada Constanza Hube, quien representa a los diputados requirentes, y el abogado Camilo Mirosevic, en representación de la Contraloría General de la República. Barrera acusó a Contraloría de “tratar de desconocer la naturaleza jurídica de derecho fundamental de la objeción de conciencia”, lo que reforzó Hube al agregar que el reglamento se convierte en una “presión indebida y termina coaccionando” a los establecimientos privados que sostienen o pudieran sostener convenios bajo el DFL 36 en un futuro.

Pero la contienda en el TC no es la única que sigue abierta en relación al polémico protocolo de objeción de conciencia. Esta semana la Corte Suprema declaró admisible el recurso de protección presentado por los abogados Cristóbal Osorio y Gabriel Osorio y la agrupación de Abgadas Feministas (Abofem) en contra del presidente Sebastián Piñera y el ministro de Salud, Emilio Santelices, por el mismo reglamento. La decisión que tome el máximo tribunal podría abrir una nuevo conflicto por la cuestión de la objeción de conciencia, en este caso entre poderes del Estado, entre la Corte Suprema y el TC.

En plena batalla judicial, este miércoles acudieron al TC tres ex ministros de Michelle Bachelet para ingresar un “téngase presente” en rechazo a los requerimientos presentados por diputados y senadores de Chile Vamos. Fueron las ex ministras de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual; de Salud, Carmen Castillo; y el ex ministro de la Secretaría General de Gobierno, Gabriel de la Fuente, quienes entregaron un documento en el que resumen los alegatos de los requirentes, entregan una noción que informa la defensa de los derechos de las mujeres y niñas y responden a todas las alegaciones de fondo efectuadas por los diputados y senadores oficialistas. «Debido a su carácter excepcional la objeción de conciencia debe ser siempre rigurosamente invocada con carácter personal e individual. El permitir a empresas, instituciones o corporaciones invocar la objeción de conciencia conlleva a un error de interpretación constitucional: las personas jurídicas no tienen conciencia, ni libertad de ella”, señala el texto.

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Otra acción que también se concretó en los últimos días y que ha alimentado la controversia fue la presentación por parte de diputados de la bancada PS, entre ellos la diputada Daniella Cicardini, de un requerimiento ante el TC pidiendo la inhabilitación de tres de sus integrantes –los ministros Juan José Romero, Pía Silva Gallinato, Miguel Ángel Fernández– para deliberar acerca de la ley de aborto en 3 causales. “A la fecha [los magistrados] tienen la calidad de profesores de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Como es sabido, la respectiva casa de estudios superior, ha manifestado públicamente su rechazo a la ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”, reza el texto, que fue entregado a finales de noviembre.

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Finalmente, ha sido también la sociedad civil la que ha impulsado acciones legales para proteger el reglamento ya aprobado. A mediados de noviembre la Fundación La Casa Común, que reúne a representantes de las distintas fuerzas que de la oposición, presentó una solicitud ante el TC para promover audiencias públicas
para que la ciudadanía y distintos organismos representativos pudiesen opinar ante esta instancia sobre la objeción de conciencia. Sin embargo, la semana pasada, el TC falló en contra de la petición.

El abogado Fernando Atria, representante de la Casa Común, sostuvo que las audiencias públicas son el mecanismo que el propio TC ha reconocido en reiteradísimas ocasiones como instancia idónea para asegurar el debido proceso constitucional, y oír a los diversos actores interesados en el resultado de un proceso de gran envergadura como esta ley. Sin embargo, en esta ocasión no lo consideró de la misma forma.