Desde la marcha familiar portuaria, donde más de mil participantes cruzaron la ciudad desde Plaza Sotomayor a Plaza Victoria para dar una señal de fuerza social a las empresas concesionarias y autoridades de gobierno, los trabajadores portuarios eventuales de Valparaíso no han dejado de sumar apoyos. Además del compromiso permanente del Alcalde de la ciudad, Jorge Sharp, los portuarios concitaron apoyo de parlamentarios del Frente Amplio, como Gael Yeomans y Camila Rojas e, incluso de la ex Nueva Mayoría, como Marcelo Díaz y Rodrigo González, pero hasta la fecha no sólo han incidido en el debate político regional y nacional, sino que han acumulado fuerzas en los propios trabajadores del sector marítimo portuario a lo largo del país ya que su problemática representa ser una realidad compartida por miles de trabajadores, donde los turnos y salarios se reducen debido a la nula regulación de entrega del carnet rojo, manteniéndose en condiciones de severa explotación y bajo un régimen de eventualidad sumamente precario e inestable. Por si fuera poco, estos trabajadores no cuentan con una remuneración mínima, tampoco poseen indemnizaciones ni fuero, menos aún vacaciones, pre ni postnatal, pago de capacitaciones ni reconocimiento de la labor como trabajo pesado. Además, sus escasas condiciones de seguridad laboral, son las mismas que han puesto en evidencia las muertes de los trabajadores José Ulloa en Huasco, Jorge Chilcumpa en San Antonio, Claudio Gutiérrez en Lirquén y José Guajardo en Coronel durante las últimas semanas.

Todo lo anterior ha provocado que estos últimos días los puertos de Iquique, Antofagasta, Huasco, Chañaral, Ventanas, San Vicente, Huachipato, Penco-Lirquén, Coronel, Puerto Montt y Punta Arenas hayan paralizado las faenas como señal “de advertencia” frente al actuar de la concesionaria TPS, además del anuncio de boicot por parte de la International Dockworkers Council (IDC) a las naves que sean atendidas por los “rompehuelgas” contratados por la concesionaria en Valparaíso.

Por su parte, el ingeniero y asesor de la Unión Portuaria de Chile, Gonzalo Díaz, señaló que “el modelo laboral de los puertos de Chile responde al sistema de producción de antes de los años 70, en ese instante los procesos eran de predominio de fuerza bruta por lo que existía una gran oferta de mano de obra de baja calificación y una demanda limitada de ésta. Dada la variabilidad de las recaladas de las naves (asunto que se mantiene) su contratación también era discontinua e inestable, fue así que los trabajadores se organizaron limitando la oferta de mano de obra, asunto que molestó por siempre a la parte empleadora y que consiguió terminar el año 1981 con la Ley N° 18.032. El tiempo mostró que ello pudo generar un mejor rendimiento de costo de mano de obra (al aumentar la oferta sus sueldos disminuyeron sustancialmente) pero ingresó la semilla de explosión social con la presencia de la inestabilidad como un eje central en el modelo de trabajo. Desde la segunda mitad de los años 70, con la explosión del comercio global, la industria se dirigió a buscar modelos que disminuyeran la inestabilidad, dado el daño que las naturales explosiones sociales podrían generar en el flujo de mercancías en el mundo, lastimosamente esa idea no entró en las empresas chilenas que apuntaron en sentido contrario, eliminando toda posibilidad de solución de controversias laborales mediante diálogo obligatorio, dejando sólo la posibilidad de esto con el uso de la fuerza por parte de los trabajadores, que tras décadas de acumulación de problemas sin solución, estalló en la serie de movimientos que se dieron desde el 2010”.

“ Las empresas, sólo buscaron ampararse en la normativa vigente, sin entender que era ella la que deslegitimaba su actuar. Un claro caso es lo que ocurrió los años 2013 y 2014, con el llamado paro por la “media hora de colación” donde el empresariado se refugió en la legalidad vigente, pero sin medir que ella era profundamente ilegítima e incluso improductiva, pues Chile tenía ratificado desde el año 1925 el Convenio 1 de la OIT sobre la jornada laboral y las horas de trabajo y que especifica que todo trabajador tendrá un tiempo de descanso dentro de su jornada diaria. En otras palabras, luchó por mantener un modelo que estaba de origen viciado, pero sin ningún tipo de autocrítica de si éste era válido e incluso si era productivo mantener”, agrego el sindicalista.

Y es que tras el triunfo parcial del acuerdo alcanzado con la concesionaria Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL) y la consecutiva solicitud de renuncia por parte del gobierno al presidente de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), Raúl Celis, por su “poca proactividad” en el conflicto, actualmente los trabajadores de la Unión Portuaria de Chile han paralizado solidariamente operaciones en diferentes puertos a lo largo del país para presionar por apertura al diálogo de la concesionaria TPS, empresa del grupo Von Appen que ha decidido sostener el conflicto en “su intransigencia” a dialogar con los trabajadores portuarios eventuales, lo que hoy incluso le ha significado que la continuidad de su concesión sea revisada nuevamente por la EPV, segunda oportunidad en sólo dos años.

Las expresiones entrecomilladas previamente fueron parte de unas polémicas declaraciones del parlamentario de la bancada de gobierno Osvaldo Urrutia que se hicieron sentir en altas esferas políticas y empresariales, en donde el diputado UDI responsabilizaba a Raúl Celis como ex presidente de la EPV, y al grupo Von Appen de mantener irresponsablemente la continuidad del conflicto.

Transcurrido casi un mes de movilización y, pese a los distintos esfuerzos del gobierno para destrabar el conflicto, que incluso ha considerado la intervención de los ministerios de Interior, del Trabajo, Transportes y Telecomunicaciones, y Agricultura, respectivamente, el recién pasado 10 de diciembre los trabajadores de los puertos de Iquique y de Antofagasta paralizaron funciones al segundo turno en apoyo a los trabajadores de Valparaíso quienes, a su vez, a las 15:30 hrs. estaban citados a la Inspección Provincial del Trabajo de Valparaíso a una mediación con la empresa TPS, donde representantes de la concesionaria no asistieron a la citación, cerrando toda posibilidad de diálogo y provocando nuevamente como respuesta manifestaciones en las inmediaciones del puerto y la sede de los sindicatos portuarios. Sin embargo, el día de martes 11 de diciembre se hizo evidente que la situación había cambiado.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, que organizó una campaña de ayuda a las familias de los trabajadores portuarios con la finalidad de paliar las dificultades en alimentos y de juguetes para su Navidad pudo, además, establecer una reunión con el Presidente (I) de EPV, Raimundo Cruzat para presionar por una actuación del gobierno para destrabar de una buena vez el conflicto. Al respecto, el Alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, señaló que “el conflicto laboral que hoy ocurre es un síntoma de una crisis mayor al no existir una estrategia clara hacia dónde va el desarrollo portuario de nuestro país. No sirve de nada hablar de grandes cifras si tenemos a trabajadores con tal nivel de precarización. Cuando empezó el paro señalamos que el gobierno y las empresas debían mostrar disposición para sentarse a dialogar, pero hubo mucha demora y hoy se están pagando las consecuencias. Un país como el nuestro requiere de una política clara en materia de desarrollo portuario, nosotros estamos disponibles para ser parte de ese debate y creemos que cualquier modelo debe poner en el centro a los trabajadores y a las ciudades, en esa dirección hay que avanzar”.

Por su parte, los trabajadores movilizados desplegaron su actuación en un seminario organizado por la Unión Portuaria de Chile en el Congreso Nacional, reuniones con la Empresa Portuaria de Valparaíso y la participación de la recién creada Mesa de Trabajo con representantes del Estado, los trabajadores y el empresariado, demostrando una organización sindical de base unitaria y alta capacidad negociadora.

En un contexto de transformaciones aceleradas en el comercio exterior, de relevancia en la proyección de las ciudades-puerto, de incertidumbre por la modernización portuaria, y de temas laborales portuarios contingentes, las diputadas del Frente Amplio, Gael Yeomans y Camila Rojas organizaron una “Jornada de análisis al sistema portuario” el día de ayer al mediodía en la Biblioteca del Congreso Nacional, donde la Unión Portuaria de Chile se refirió a la necesaria modernización de los puertos del país y al conflicto en el puerto de Valparaíso en específico, presentando a las y los parlamentarios su visión respecto del presente y futuro del sistema portuario y destacando las acciones de solidaridad que se están llevando a cabo en otros puertos del país.

Al respecto, la diputada Gael Yeomans reflexiona al respecto señalando que “la situación que viven hoy los trabajadores portuarios de Valparaíso es expresión de un problema mayor. Tal como lo expresó la Unión Portuaria de Chile ayer, y hace algunas semanas en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, nuestro país debe hacerse cargo de sus puertos y el trabajo que se realiza ahí y en sus entornos. Es urgente contar con una legislación que permita invertir en nuestros puertos para contar con una mejor infraestructura, institucionalidad que pueda hacerse cargo de todos sus temas, medidas de seguridad eficientes y reconocer los derechos laborales de los trabajadores. Los puertos son estratégicos para nuestra economía, son de interés nacional, y debemos invertir en ellos para elevar la producción, pero aquello no puede ser a costa de los trabajadores portuarios y las ciudades que los alojan. La avaricia de unos pocos empresarios no puede ir en contra de los intereses de nuestro país y los derechos de los trabajadores”.

Al parecer, el camino de resolución del conflicto siempre pasó, en definitiva, por el rol protagónico que tuviera la Empresa Portuaria de Valparaíso como empresa estatal que resguardará el interés público del puerto de Valparaíso y de sus trabajadores por sobre los intereses de las operaciones privadas. Es posible de afirmar lo anterior luego de que, el Presidente (I) de EPV, Raimundo Cruzat, logrará instalar rápidamente a sólo un par de días de haber asumido, el tan dilatado diálogo entre las partes con la Mesa de Trabajo.

En la edición de ayer de El Mercurio de Valparaíso, el Presidente (I) de EPV, Raimundo Cruzat, señaló que “ambas partes en conflicto han mostrado la voluntad para reunirse y ese es el primer paso, pero creo que también ha sido importante la participación de distintos actores entendiendo que aquí hay un problema de fondo respecto a las condiciones laborales de los trabajadores eventuales portuarios (…) Si uno mira las condiciones laborales de otras actividades que son especiales, como los trabajadores de casa particular, del retail (…) el país ha enfrentado esos temas de manera individual y ha hecho modificaciones al Código del Trabajo para cada uno de esos casos puntualmente. Creo que este es el momento de pensar también en actualizar el régimen laboral de los puertos y obviamente este conflicto, que nace de las bases, pone ese tema en la agenda política y me parece que como país es importante que se tome y se enfrente desde el punto de vista de la política pública”, expresó el reemplazante de Raúl Celis en la empresa portuaria.

Sobre la necesidad de modernización del sistema portuario y la legislación sobre sus trabajadores eventuales, el asesor portuario Gonzalo Díaz reflexiona que “la actual industria del transporte naviero es muy distinta de la existente hace 10 años atrás y las empresas chilenas se han mostrado muy inhábiles, pues lejos de ver cómo adaptarse a las nuevas exigencias y realizar modificaciones profundas, han preferido buscar cómo mantener el modelo actual en esta nueva realidad, lo que es como tratar de acoplar un cuadrado en un hueco redondo. La actual industria requiere mano de obra muy especializada, la que reduce su oferta y con ello destruye uno de los pilares del antiguo. Pero además las demandas aún mayores de la fusionada industria naviera, obliga a las empresas y países a tomarse en serio el tema logístico y a enlazarla con la vida de la nación, permitiendo la interacción de otros actores que representen los intereses de los demás ciudadanos, pues las explosiones sociales producto de una legislación pobre no sólo afectan a los trabajadores, sino que también a todos los que se ven tocados con el actuar de los puertos y los sistemas logísticos. Una industria estable, requiere si o si estabilidad en el sistema portuario por su carácter estratégico nacional, por lo cual el respeto de los derechos sociales y económicos de todos los que participan en él es fundamental”.

“A ello se le debe sumar la necesidad de modificar antiguos conceptos, como son la de recinto portuario por zona portuaria que aproveche el hinterland, la existencia de una agencia central de puertos y logística con una gobernanza que hasta la fecha no se ha dado ni construido y preocupación en su mano de obra que debe ser más preparada (en el caso español un trabajador profesional portuario se demora cerca de 4 años en formarse, en Chile en cambio el término profesional fue eliminado el año 1981 y su formación se redujo a un curso de 60 horas) y por lo mismo asegurar su permanencia y estabilidad. Sin ello la productividad de los puertos chilenos continuarán en descenso quedando cada vez más rezagados en comparación con Perú y Ecuador y la costa pacífica en general. Si las empresas se preocupan más de eso y pierden el miedo a los cambios, dejando de luchar para que ellos no ocurran, es posible que podamos acortar distancia con Callao o Guayaquil, pero sino lo más probable es que Chile pierda total relevancia en la orquesta marítima global”, afirmó el experto.