Segundo informe DSR revela que el 84% de las víctimas de explotación sexual son menores de edad

La Corporación Miles lanzó el Segundo Informe sobre Salud Sexual, Salud Reproductiva y Derechos Humanos, documento que busca hacer visibles temáticas que aún no tienen políticas coherentes e integrales por parte del Estado.

En el se aborda la violencia sexual, aborto, las familias homoparentales y lesbomaternales, la explotación sexual a menores de edad, salud sexual y reproductiva en mujeres migrantes, entre otros temas.

“En este segundo informe, quisimos hacer visibles siete temas de derechos sexuales y reproductivos relativo a los cuales consideramos que aún carece una acción coherente e integral por parte del Estado, esto debido a la falta de reconocimiento de estos mismos como parte de los derechos humanos y fundamentales de cada persona. Al mismo tiempo, esperamos que esta investigación permita valorizar la dimensión positiva de los derechos sexuales y reproductivos, donde no sólo se combata la violencia, sino se fomenta el goce, el ejercicio de la autodeterminación y bienestar individual y comunitario como fuerza de inclusión social y política», sostiene Arianna D’Angelo, investigadora de la Corporación Miles.

Anticoncepción de emergencia

Según indica el informe la entrega de anticonceptivos de emergencia ha aumentado considerablemente durante los años, llegando a un promedio de 90% en servicios de salud pública. Sin embargo, existen establecimientos que no hacen entrega de estas píldoras, en su mayoría por falta de stock (77%), y de aquellos servicios que sí entregan el anticonceptivo hay un 23% que no lo hacen de forma coherente con lo estipulado por la ley, lo cual vulnera el derecho fundamental del acceso a la salud para todos.

Por ejemplo, llama la atención que en el Norte Chico uno de cada tres municipios no entrega la píldora del día después, o la situación de los municipios de la zona austral donde 1 de cada 5 no disponen de ésta.

“Se han producido avances a través de la legislación; sin embargo, que simplemente exista una ley no es suficiente. Para que cada derecho protegido por la ley sea efectivamente garantizado en todos los casos, es crucial monitorear constantemente la implementación de estas”, comenta Eduardo Soto, matrón de Corporación Miles.

Violencia sexual

Con respecto a esta temática aún se cree que la violencia sexual es perpetrada sólo por desconocidos mediante violencia física. Sin embargo, los datos demuestran otra realidad y esta es que casi el 70% de los agresores son conocidos o familiares de la víctima en los quienes esta confía, por lo que no es posible evitar la violencia sexual con “medidas preventivas” tales como no salir sola de noche, cuidando la vestimenta, no beber alcohol, etc.

Además esto se refleja en los instrumentos legales y políticas públicas existentes que ignoran la complejidad de la agresión sexual, y dificultan todas las etapas de la búsqueda de justicia y retribución hacia las/os sobrevivientes.

De hecho se indica que pocas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar se declaran en condición de participar de un proceso judicial y sólo el 57% se siente satisfecha con el tratamiento recibido por la policía.

“El mito de que la agresión sexual es perpetrada sólo por desconocidos en la calle mediante violencia física se ha reflejado en los instrumentos legales y políticas públicas existentes; sin embargo, es desmentido constantemente por los datos, ya  que alrededor del 70% de los agresores son conocidos o familiares de la víctima en los quienes esta confía; ignorar esta realidad nos deja con medidas que banalizan la complejidad de la agresión sexual, y dificultan la búsqueda de justicia y retribución hacia las/os sobrevivientes», argumenta Magdalena Cortínez, socióloga de  Corporación Miles.

Discriminación hacia mujeres migrantes

Hay un tipo de discriminación que la sociedad patriarcal ejerce contra las mujeres, sin embargo, hay casos donde existen otros tipos de discriminaciones como las que viven las mujeres migrantes, quienes en nuestro país solo tienen garantizada su salud sexual y reproductiva durante el embarazo, el parto y el post parto, por lo cual se ignoran otras necesidades y dimensiones de la salud sexual y reproductiva que requieren atención médica.

De hecho, el 60,4% del total de egresos hospitalarios de la población migrante corresponde a embarazo o puerperio. De ese 60,4% el 8,5% corresponde a mujeres migrantes sin previsión de salud. En comparación, sólo el 0,8% de mujeres chilenas no tienen previsión de salud.

«La violencia y discriminación no nos afectan a todes de la misma manera, algunas personas sufren varios tipos de opresión por motivos de clase, raza, género, orientación sexual, entre otros. Para enfrentar la interseccionalidad de la opresión se deben diseñar intervenciones que involucren todos los sectores y niveles del organismo estatal y de la sociedad civil, mirando a estas opresiones de manera integral», afirma Matilde Valenzuela, practicante de la Universidad de Chile.

Aborto

En Chile se siguen criminalizando a las mujeres que abortan por cualquier causal. Entre los años 2010 y 2017 se realizaron 1.200 ingresos por delitos de aborto, de los cuales 418 fueron abortos sin consentimiento y 719 abortos con consentimiento. El promedio nacional de tramitación de las causas de delito de aborto es de 18 meses.

Por su parte, entre los años 2007 y 2017 se realizaron 166 condenas por delitos de aborto. La mayoría son mujeres –108 condenadas– y 58 son hombres. La mayor cantidad de condenas se produjo en 2012, al alcanzarse ese año 26 condenas.

Familia homoparental y lesbomaternal

En Chile 45.385 mujeres se identifican como lesbianas y 100.616 hombres como gays. En promedio, 5,6% se encuentran bajo el Acuerdo de Unión Civil y un 35,9% conviven.

Otro dato que resalta este informe es que el 48% de los chilenos y chilenas está de acuerdo con el matrimonio igualitario. Por su parte, los jóvenes entre 15 y 29 años, el 58,6% está de acuerdo con el matrimonio de parejas del mismo sexo. Y un 50,1% aprueba la adopción de hijos/as por parte de parejas del mismo sexo.

También, se establece que el 45% de las familias con jefe de hogar homo o bisexual reporta discriminación.

En esa línea, el 28% de los/as jóvenes encuestados cree que una pareja heterosexual realiza una mejor crianza a un niño que una pareja del mismo sexo. También, un 24% considera que es preferible que los profesores de colegios sean heterosexuales en vez de homosexuales. Finalmente, al 16% no le gustaría tener como vecino/a una persona trans, al 11% no le gustaría tener como vecino/a una persona lesbiana o gay, y al 10% no les gustaría tener como vecino/a una persona bisexual.

Explotación sexual y comercial de niños

La situación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) en nuestro país aún no es tomada en cuenta de manera seria por el Estado.

Chile es el único país de América Latina que no cuenta con una ley integral de al niñez a la adolescencia. Asimismo, la ESCNNA no cuenta con una definición jurídica, por lo que no se encuentra tipificada en nuestra legislación.

Esto es grave si se toma en cuenta que el 84% de las víctimas de explotación sexual comercial son menores de edad. También en términos de género existen diferencias puesto que el 89% de las niñas, niños y adolescentes víctimas de ESC son mujeres.

Sumando a esto las niñas, niños y adolescentes víctimas de ESCNNA sufren otras vulneraciones a sus derechos. El 92% experimenta negligencia (descuido en sus necesidades básicas por parte de tutores), el 53% sufrió abandono por parte de tutores y un 19% sufre maltrato físico grave.

“Existen muchas realidades y problemáticas que siguen invisibles por falta de mediciones y vocabulario adecuado para referirse a ellas: basta con pensar que los legisladores y políticos siguen utilizando el concepto de “prostitución infantil” para referirse a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, equiparando este fenómeno a una actividad voluntaria, cuando es legalmente imposible para un menor de 14 años consentir a una relación sexual y menos cuando es retribuida monetariamente; esto contribuye a que no exista una política pública y/o un tipo penal particular que defienda a las/os menores víctimas de ESC adecuadamente», argumenta Arianna D’Angelo, investigadora de Corporación Miles.

Puedes revisar el informe completo en el siguiente link