La (in)justicia patriarcal

En un año marcado por la posición que el movimiento feminista ha ganado en la contingencia nacional, el pasado mes de agosto se formó una nueva comisión para reformar el Código Penal chileno. Desde el inicio, la sola conformación del grupo despertó una serie de críticas, ya que el conjunto se encuentra formado por nueve profesionales, todos hombres.

Dicha comisión, fue la que durante la semana pasada puso a su anteproyecto en el centro de la polémica. La propuesta versa, entre otras cosas, sobre la regularización de delitos de abuso sexual y sugiere hacer una nueva tipificación del delito de violación que distinga entre violación con violencia, que puede tener una pena de 5 a 10 años; y violación con abuso por enajenación o trastorno mental del afectado, privación de sentido, o dificultad para resistir, que contempla una sanción de 3 a 7 años. Así mismo, se propone rebajar la edad de consentimiento de los 14 a los 12 años.

En torno a esta propuesta, múltiples han sido las críticas por parte del movimiento feminista. Y es que, nadie puede desconocer que el documento resulta un retroceso para la legislación actual. El descontento no tiene que ver necesariamente con la distinción que hay entre una persona que tiene perturbados sus sentidos y quién no los tiene, esas características son parte de los hechos. Lo que nos molesta, es que esta diferencia se traduzca en una relativización de la violencia y finalmente, traslade de nuevo la carga de la prueba a le afectade, midiendo el grado del abuso en términos de resistencia, revictimizándole, cuestionándole, y por supuesto, afianzando el mensaje que el patriarcado nos entrega: cierren mejor las piernas.

Por su parte, rebajar la edad de consentimiento en menores no se explica. ¿Serán conscientes los “expertos” del daño que se genera a quienes se encuentran más desposeídos? Según datos entregados por la Fundación Miles, entre los años 2012 y 2016 se registraron 12.267 casos de abuso sexual a menores de 14 años. En el lado opuesto, durante el mismo periodo, se registraron 12.096 casos a mayores de 14 años. Lo cual nos permite afirmar que les más afectades por este tipo de violencia son les niñes y nada nos entrega certeza para sostener que une niñe será capaz de consentir una relación sexual.

Una relación sexual sin consentimiento es y será violación siempre. No importa la edad. Tampoco si la violencia fue ejercida de manera física o sicológica, el daño a la dignidad estará presente sin importar las facultades cognitivas que posea la persona. Por eso, es inadmisible que incluso en un contexto donde se pretende generar mejoras y avances a través de reformas, estas resulten un retroceso para quienes día a día tenemos que mantenernos alerta mientras caminamos por la calle.

Por eso, es natural preguntarse cómo es posible que el derecho, un elemento que se supone “justo” para quienes han sido víctimas dentro de nuestra sociedad, sea quien reafirma el daño y afianza la injusticia.

Sucede que el derecho ha sido creado históricamente por grupos de élite y poder, generando que todo el sistema esté pensado por y para ellos, excluyendo a les subyugades. Por eso, incluso cuando hacemos referencia a los ideales de neutralidad y objetividad que se encuentran presentes en el derecho y que se consideran universales, es importante entender que nos estamos refiriendo a valores y criterios objetivos que han sido pensados desde lo masculino. Por ello, insistir en la igualdad, neutralidad y objetividad, equivale a insistir en ser juzgades de acuerdo a valores masculinos que no nos representan y que finalmente, nos transgreden. En consecuencia, el dogma de la objetividad del derecho se rompe. Desde el inicio, ha sido planteado de manera arbitraria para los grupos más desposeídos, materizándose por ejemplo, en múltiples revictimizaciones durante las etapas procesales o en los fallos que dicta el poder judicial que, a veces, tienden al victimario y no a la víctima.

Siguiendo esta lógica, no es extraño que quienes conforman la nueva comisión de reforma al Código Penal se propongan relativizar la violencia e incluso, cuestionar la dad de consentimiento para les menores de edad. Tampoco son extraños los casos en los cuales se ha revictimizando a les demandantes, cuestionando los grados de violencia y pensando en la resistencia que opuso la víctima, como es el caso de La Manada en España. O quizá desestimando los cargos interpuestos a los victimarios, luego de violar y asesinar a Lucía en Argentina. Podríamos seguir nombrando ejemplos, de quienes fueron, son y serán cuestionades. Es fácil legislar y decidir sobre nuestros cuerpos desde la comodidad de quienes tienen sólo una de cada 12 posibilidades diarias de ser violados por un desconocido o un familiar cercano.

Así, a pesar de los antecedentes, algunos siguen tildándonos de exagerades. Sencillamente, no nos importan. No vamos a descansar hasta que la dignidad sea garantía, hasta que dejen de observarnos desde lo masculino como si fuésemos objetos a los cuáles se les puede relativizar el dolor. Por quienes estuvieron, estamos y estarán. Hasta que la dignidad se haga costumbre.