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El Desconcierto recogió la historia detrás del proceso que terminó con el traspaso de los terminales nacionales a empresas privadas. Mediante distintas leyes promulgadas en 1981, 1985 y 1997, los trabajadores portuarios han visto las insuficiencias de las condiciones laborales en su rubro de mano de la profundización del modelo neoliberal.
Durante la madrugada de este viernes, tras una extensa asamblea, los trabajadores portuarios que mantuvieron una paralización de más de un mes, aprobaron el preacuerdo al que llegaron ambas partes -empresa y obreros- en medio de álgidas negociaciones.
Si bien el proceso no estuvo extenso de críticas -por la hora de votación donde no pudieron estar todos los trabajadores-, el documento finalmente fue firmado por el gobierno, la empresa y los empleados portuarios.
Pero, ¿cómo se gestó el contexto y las condiciones en que operan los puertos chilenos actualmente? El Desconcierto recogió la historia detrás del proceso de privatización de estos terminales que tiene su origen en la dictadura y se vio profundizado durante el gobierno de la Concertación en 1997.
Según el historiador Camilo Santibáñez, el proceso de privatización de los puertos tuvo que ver la necesidad de modernización del rubro. Esta se basó en dos factores: «Un aumento del trafico marítimo y un cambio en el modo de transferir la carga. Desde los 70 y 80 hubo un proceso de containerización, en que todas las cargas empiezan a moverse a través de containers. Esas dos cosas provocan una transformación de todo el sector logístico», comentó.
En relación al contexto chileno, el experto indica que los procesos levantados fueron muy disímiles a los estándares internacionales. En otros países, si bien se redujo el personal por la introducción de maquinaria, también se reforzó el trabajo técnico y especializado, haciendo los trabajos más eficaces. Eso sí, sin descuidar las condiciones laborales óptimas de los obreros. «En Chile pasa todo lo contrario, lo que se hace es precarizar la fuerza de trabajo«, indica el historiador.
FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO
Un detalle que Santibáñez considera determinante en el punto de partida de la precarización del trabajo de los empleados portuarios es la promulgación de la Ley 18.032 en 1981 donde «se eliminan las especialidades portuarias y además se deroga la matrícula portuaria, que era lo que le daba el derecho a los trabajadores de desempeñarse como obreros portuarios».
Puesto que cumplir esta función disminuyó sus requisitos, siendo sólo necesario el carnet de identidad para ingresar a trabajar en los puertos, «ingresó una cantidad gigantesca de trabajadores a las faenas». «Por lo tanto se pierde la especialización con el objetivo de abaratar la fuerza de trabajo», indicó el experto.
Más tarde, con la promulgación de la Ley 18.044, en 1985, la Empresa Portuaria de Chile (Emporchi) perdería la potestad sobre el personal en muelles y buques, pasando estas operaciones a las incipientes empresas portuarias. Aquí comienzan a tomar protagonismo los holdings Ultramar (de la familia Von Appen) y Sudamericana (de la familia Claro), quienes manejan hasta hoy la mayoría de las concesiones de los puertos.
Si bien el proceso de privatización se da posteriormente a eso, en palabras del profesional, «es importante comprender esto para ver sobre qué condiciones se monta la empresa privada después, en un proceso de precarización».
En el contexto dictatorial en que se dio la promulgación de esta ley, las posibilidades de movilización y oposición de los trabajadores fueron limitadas. Sin embargo, esta normativa sería sólo el comienzo.
FOTO: RODRIGO SÁENZ/AGENCIAUNO
Si bien la dictadura, mediante las leyes de 1981 y 1985, instaló las bases de los problemas que hoy viven los trabajadores portuarios, fue en 1997, bajo el gobierno del presidente de la Democracia Cristiana (DC) Eduardo Frei Ruiz-Tagle se promulgó un dictamen que da pie a lo que Santibáñez califica como un «desentendimiento» del estado chileno sobre sus puertos.
Bajo la Ley 19.542 de Modernización Portuaria, el gobierno de la Concertación conduce a la reestructuración en la administración de los puertos del país, dando paso al proceso de licitación portuaria que se materializó de forma contundente desde 1999.
«Ahí se comienza a concesionar, porque los puertos son todavía propiedad del estado. Lo que pasa es que Emporchi se divide en diez, todas con personalidad jurídica distinta, algo muy similar a lo que se hizo con la Universidad de Chile», indica el cientista político Hassan Akram.
Como era de esperarse, seis de estas diez empresas individualizadas licitaron sus puertos a grandes empresas privadas. «Éstas funcionan como arrendatarios. Operan los puertos, pero pagan al estado por un contrato a largo plazo por el uso del puerto», explica el profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
Para Santibáñez, el gobierno de Frei Ruiz-Tagle fue «blando» al tratar de encausar el proceso de licitaciones. «Yo creo que en materia laboral está demostrado que las políticas laborales de la Concertación fueron bastante acomodaticias respecto de quienes estaban al mando de los procesos laborales y de la concertación social que querían tener entre empresarios, trabajadores y el gobierno, que finalmente tendió a darle el favor al empresariado«, criticó.
«Lo que sucede en los puertos es lo que sucede a nivel nacional respecto de materia laboral, que es una política y una línea de ganancias obtenidas a partir de la precarización de la fuerza de trabajo«, sostuvo el historiador.
