El año en que asesinaron a Camilo: Los hechos que marcaron el conflicto del Estado con el pueblo mapuche durante 2018

Caso Luchsinger-Mackay: Condenan a tres comuneros mapuche pero quitan calificación de delito «terrorista»

En una primera instancia, en noviembre de 2017, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco absolvió a los 11 imputados por el homicidio de Vivian Mackay y Werner Luchsinger, que ocurrió el 4 de enero de 2013, luego de que desconocidos ocasionaran un incendio en su fundo en Lumahue. En esa ocasión, los jueces consideraron que ninguna de las pruebas presentadas por la Fiscalía comprobaban la participación de los imputados por el asesinato, entre ellos la machi Francisca Linconao.

Sin embargo, de manera sorpresiva, a fines de diciembre de ese mismo año, la Corte de Apelaciones acogió la solicitud presentada por la familia Luchsinger Mackay y, de este modo, anuló la sentencia, y determinó que el juicio se tenía que realizar nuevamente. 

Por eso, en junio de este año se realizó el segundo juicio, pero en esta ocasión el mismo tribunal –pero con distintos jueces– determinó que José Peralino Huinca, José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel eran los culpables del incendio, y quienes se sumaron al machi Celestino Córdova, que era el único condenado hasta entonces. En tanto, se mantuvo la absolución de los otros ocho imputados: la machi Francisca Linconao, Eliseo Catrilaf, Hernán Catrilaf, Aurelio Catrilaf, Juan Catrilaf, Sabino Catrilaf y José Córdova Tránsito.

José Tralcal Coche, José Peralino Huinca y Luis Tralcal Quidel, los tres condenados del caso Luchsinger Mackay / Agencia Uno

En esa ocasión se determinó que se trató de un delito de carácter terrorista, y además cambió totalmente la valoración que se le dio al testimonio de José Peralino, que era prácticamente la única prueba que sustentaba la acusación. En el primer juicio ella se desestimó, debido a que el joven mapuche que confesó haber participado y nombró a los otros 10 involucrados, aseguró que dicha declaración fue obtenida por los fiscales del caso bajo torturas y apremios, e incluso se desdijo. Sin embargo, los magistrados aseguraron que no se logró probar en juicio las presuntas presiones.

Finalmente, el caso llegó hasta la Corte Suprema, que confirmó a los tres condenados como los responsables del crimen, pero decidió quitarle el carácter de delito terrorista que había acreditado la corte de Temuco.

De este modo, con la recalificación se modificaron las penas: Peralino, quien se había acogido a la delación compensada de la Ley Antiterrorista, se le condenó a cumplir su pena bajo el régimen de libertad vigilada, mientras que José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel cumplen la pena de 18 años de cárcel efectiva.

Este proceso judicial, de gran atención mediática, se extendió por más de tres años, tiempo en el que los imputados estuvieron en prisión preventiva, situación que fue criticada por organismos como Amnistía Internacional. Fue precisamente esta razón la que motivó una huelga de hambre realizada por la machi Francisca Linconao en enero de 2017, quien tras nueve meses de prisión, pedía que se le cambiara la cautelar por arresto domiciliario, debido a que el proceso judicial no mostraba luces de llegar a un juicio pronto.

En tanto, otra de las situaciones que marcó este año fueron las huelgas de hambre realizadas por el machi Celestino Córdova, quien pedía por una salida de 48 horas renovar su rewe, y que tras las negativas del gobierno, finalmente fue aceptada a fines de julio pasado.

Caso Iglesias: Justicia confirma que no fue delito terrorista

Pablo Trangol Galindo / Agencia Uno

Fue en junio de 2016 cuando el lonko Alfredo Tralcal y los hermanos Pablo, Ariel y Benito Trangol fueron detenidos por la quema de un templo evangélico en el sector de Truf Truf, camino a Niágara, en la comuna de Padre de las Casas.

Los cuatro inculpados estuvieron durante más de un año en prisión preventiva sin mayores avances en la causa, situación que motivó una huelga de hambre que se extendió por 107 días, y donde llegaron a estar al borde de perder la vida. Solicitaban que se retirara el carácter terrorista de la querella y así apurar el juicio, pues la ley Antiterrorista permite alargar los juicios y, de este modo, permite que la prisión preventiva se alargue incluso hasta dos años.

Finalmente, el 14 de abril de este año, después de 22 meses, los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco resolvieron que el Ministerio Público no fue capaz de demostrar que se trató de un delito de carácter terrorista, pues no se incluyó ninguna prueba para acreditar lo contenido en la ley 18.314, conocida como Ley Antiterrorista.

A lo anterior se sumó al hecho de que el gobierno, como querellante, solo los acusó de incendio común, luego del acuerdo al que se llegó con los imputados tras su extensa huelga de hambre.

De este modo,  el tribunal decidió condenar a Benito Trangol y Pablo Trangol por el delito de incendio, con una pena de 10 años de presidio, debido a que dos testigos reservados -que declararon detrás de un biombo en el juicio- los ubicaron directamente en el lugar de los hechos. En cambio, a Ariel Trangol y Alfredo Tralcal nadie los ubicó en el lugar de los hechos y no se presentó ninguna prueba respecto a su participación.

Formalización y prisión preventiva para Marco Treuer, el carabinero que asesinó a Álex Lemun

Foto: Frente Fotográfico

Pasaron más de 15 años para que, luego de que se reabriera el caso, el pasado 28 de septiembre, el Juzgado de Garantía de Angol decretara prisión preventiva para el ex oficial de Carabineros, Marco Antonio Treuer Heysen, quien fue formalizado por el homicidio de Álex Lemun Saavedra, joven mapuche que tenía 17 años y que ocurrió en noviembre del 2002 durante la ocupación de un fundo en Ercilla.

Treuer se encuentra privado de libertad durante los cuatro meses que se establecieron como plazo de investigación.

En una primera instancia, el caso fue tramitado por la cuarta Fiscalía Militar de Valdivia, y a pesar de que se probó el uso innecesario de fuerza, finalmente se sobreseyó a Treuer en 2003, bajo el argumento de que había actuado en defensa propia. Sin embargo, la familia llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2016 ordenó a la justicia chilena disponer la reapertura de la investigación y estableció que, como se trató de un civil y menor de edad el procedimiento no se podía llevar a la justicia militar.

Caso Catrillanca: La gran crisis dentro de Carabineros

El 14 de noviembre ocurrió el caso que se convirtió en un verdadero escándalo para Carabineros: el Comando Jungla asesinó a Camilo Catrillanca, un joven mapuche de 24 años, luego de que un balazo que impactara en su cabeza, en medio de un operativo que se llevó a cabo en la comunidad de Temucuicui, en la comuna de Ercilla.

El Comando Jungla es un grupo integrado por 40 policías del GOPE de Carabineros que el gobierno de Sebastián Piñera envió a formarse en técnicas de persecución terrestre a Colombia y Estados Unidos, como parte de su anunciado «Plan Araucanía».

En un principio la versión oficial fue que se había tratado de un enfrentamiento, que se originó luego de recibir una denuncia sobre un robo de autos que afectó a un grupo de profesoras, pero con los antecedentes que han salido a la luz luego, quedó en evidencia que dicha afirmación –y las fotos falsas que mostraban autos baleados, a las que aludió el senador Felipe Kast– fue un montaje que Carabineros difundió en las horas posteriores para justificar su actuar.

El primero en dejar su cargo, cinco días después de conocido el caso, fue el intendente de La Araucanía, Luis Mayol, quien además de respaldar la versión anterior, aseguró que Catrillanca poseía antecedentes penales, lo que, como se conoció a las pocas horas cuando salió a la luz su hoja de vida, no era cierto.

Pero uno de los puntos más controvertidos ha sido el enredo de versiones sobre los registros del procedimiento, debido a que, por protocolo, todos los uniformados debían llevar una cámara GoPro en sus cascos u hombros. Primero se dijo que los registros se habían entregado a la Fiscalía, y luego que ellos en realidad nadie había llevado sus equipos para grabar, en contraste con el relato de M.P.C –el adolescente de 15 años que se encontraba junto a Catrillanca en el tractor–, quien insistió en que sí hubo cámaras en el momento de los hechos.

Cuatro días después, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, reconoció que uno de los uniformados destruyó una de las tarjetas de memoria, razón por la que se dio de baja a los cuatro carabineros que formaron parte del operativo –el sargento segundo Raúl Ávila, el sargento primero Carlos Alarcón, el cabo Braulio Valenzuela y el suboficial Patricio Sepúlveda– y además renunciaron a sus cargos el general Mauro Victoriano, Jefe de Orden y Seguridad de La Araucanía, y el coronel Iván Contreras Figueroa, prefecto de las Fuerzas Especiales de la Araucanía.

Las razones que habrían motivado a Raúl Ávila a la destrucción de evidencia, según explicó el entonces general director de Carabineros, Hermes Soto ante el Congreso, fue que la tarjeta de memoria en cuestión tenía imágenes íntimas de él con su pareja, aunque luego dijo que no la había destruido sino que la tiró por el baño.

Mientras tanto, el avance de las indagatorias arrojó que el sargento Carlos Alarcón disparó en 7 oportunidades y que fue uno de esos balazos el que terminó con la vida de Catrillanca, mientras que Ávila realizó un disparo de fusil, por que lo que a ambos se les imputa el delito de homicidio.

En ese escenario, uno de los hechos que evidenció la crisis al interior de Carabineros fue luego de que se filtrara un video en que Carlos Alarcón se dirigía a sus ex compañeros y aseguraba que «hubo personas» que los hicieron mentir y dar declaraciones falsas.

Por otra parte, mientras se conocía que la unidad de Carabineros de La Araucanía tenía en la mira a Camilo Catrillanca hace al menos un año, el gobierno anunció el retiro del Comando Jungla de la zona. En el Congreso, en tanto, el pasado 11 de diciembre, la diputada Emilia Nuyado interpeló al ministro del Interior, Andrés Chadwick, para que entregara nuevos antecedentes al respecto.

Finalmente, lo que gatilló el punto más alto de la crisis ocurrió la semana pasada, luego de que se conocieran registros inéditos, que habían sido grabados por los uniformados que participaron del operativo, y que demostraban que efectivamente nunca existió ningún enfrentamiento, que Carabineros disparó sin ninguna provocación, y que dan cuenta de negligencias, como que a los uniformados se les cayó el cuerpo de Catrillanca mientras intentaban darle primeros auxilios.

Estos últimos registros marcaron un quiebre entre el gobierno y la institución, y el jueves pasado el presidente Sebastián Piñera le pidió la renuncia a Hermes Soto. Sin embargo, este se negó y se debió iniciar el proceso de destitución, que incluía un paso por el Congreso y Contraloría, y tras la aprobación de esta última, el viernes pasado se nombró a Mario Rozas como el nuevo general director de Carabineros.