Cartas

Asesinato de Camilo Catrillanca: Documentos, evidencia y poder

Por: Valentina Rojas, Archiveros sin Fronteras-Chile / Publicado: 25.12.2018
catrillanca / El joven Camilo Catrillanca era un activo promotor de la cultura mapuche
Además de la represión y criminalización al pueblo Mapuche, el caso del asesinato de Camilo Catrillanca refleja el rol que cumplen los documentos como evidencia, como herramienta para dejar constancia de los hechos, de los procedimientos realizados, y por tanto, de su valor como fuente de poder. El caso de la Operación Huracán, donde una serie de mensajes de texto fueron presentados como prueba para inculpar a comuneros Mapuche de estar organizados para la realización de actos terroristas, y que fuera desmantelada después de comprobarse que los mensajes eran falsos, creados de forma fraudulenta y con el conocimiento de las autoridades policiales, es otro ejemplo de lo mismo.

“Parte de Carabineros asegura que Camilo Catrillanca participó de robo de automóviles previo al incidente que terminó con su muerte”, es el titular de un artículo publicado por el diario oficialista La Tercera a través del cual, un día después del asesinato del comunero Mapuche a manos del Comando Jungla, se intentaba justificar lo injustificable. Esa misma noche, los cuatro efectivos involucrados declararon que no existirían grabaciones del operativo. Sin embargo, otro parte policial daba cuenta de la declaración del menor que acompañaba a Catrillanca en el tractor en el momento de su asesinato, quien aseguró que tras su detención “un carabinero se sacó la cinta de grabación. La guardó. Puso otra cinta en la cámara y comenzó a grabar”. Días después, la máxima autoridad policial afirmó que esa prueba fundamental para esclarecer lo ocurrido el 14 de noviembre habría sido, por razones inaceptables, destruida. Ayer, sin embargo, medios de comunicación dieron a conocer algunos de esos videos, grabados por el suboficial Patricio Sepúlveda. En ellos se corrobora lo que la investigación ya había señalado: que no hubo enfrentamientos, sino que fue un ataque unilateral de parte de carabineros a Camilo Catrillanca y el menor de edad que lo acompañaba, quienes se encontraban desarmados. La versión oficial inicial sobre la participación de Catrillanca en el robo de los automóviles, que habría desatado y justificado la violencia posterior, ya había caído por su propio peso. Pero aún más grave, la aparición de estos videos da cuenta también del ocultamiento de dicha prueba por más de un mes, por un funcionario de carabineros que estaría siguiendo una orden para sostener una versión oficial llena de falsedades.

Además de la represión y criminalización al pueblo Mapuche, el caso del asesinato de Camilo Catrillanca refleja el rol que cumplen los documentos como evidencia, como herramienta para dejar constancia de los hechos, de los procedimientos realizados, y por tanto, de su valor como fuente de poder. El caso de la Operación Huracán, donde una serie de mensajes de texto fueron presentados como prueba para inculpar a comuneros Mapuche de estar organizados para la realización de actos terroristas, y que fuera desmantelada después de comprobarse que los mensajes eran falsos, creados de forma fraudulenta y con el conocimiento de las autoridades policiales, es otro ejemplo de lo mismo.

En ambos casos, los responsables directos e indirectos -es decir, tanto los autores materiales como las autoridades políticas responsables-, deben ser juzgados y condenados. Sin embargo, quedan las preguntas: ¿qué es lo que permite que una institución como Carabineros falsee, destruya y oculte documentos? ¿cómo evitar que eso siga ocurriendo?

Los documentos que producen todas las instituciones, entre ellas Carabineros, son elaborados para el funcionamiento de las mismas. Pero esa creación debe ser realizada de forma segura, bajo estándares y protocolos que garanticen su autenticidad y fiabilidad en el tiempo, lo mismo que su mantención, gestión, y posibilidades de acceso. Se debe procurar la cautela de los mismos, justamente pues éstos son prueba y evidencia del actuar y de las decisiones de quienes los producen, y por tanto son la herramienta que como sociedad tenemos para exigir el cumplimiento de nuestros derechos y la rendición de cuentas por parte de las autoridades. La destrucción o creación de documentos falsos, no sólo constituye un delito de obstrucción a la justicia, sino que además refleja un actuar autoritario y poco transparente por parte de quienes ostentan el poder.

Es por ello que en nuestro país, urge el desarrollo de una política pública en relación con la gestión documental en la administración pública -y que sea aplicable también a aquellas instituciones privadas que cumplen funciones públicas, como las Isapres y las AFPs, entre otras. Esta política no sólo debe involucrar la dictación de una Ley General de Archivos, que defina responsabilidades reguladoras, fiscalizadoras y sancionadoras, que entregue mayores atribuciones y financiamiento al Archivo Nacional -como ente regulador de un sistema nacional de Archivos-, sino que debe considerar líneas de formación a funcionarias y funcionarios públicos y vínculos con la ley de transparencia, entre otros elementos. Sin estos cambios, seguiremos siendo testigos de estas noticias que ponen en tela de juicio la fortaleza de nuestra democracia.

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