El rector de la Universidad Diego Portales aseguró que de concretarse la iniciativa que pretende castigar penalmente la negación de los crímenes de lesa humanidad «no solo la libertad de expresión se vería amagada o inhibida, sino que también la propia causa de los derechos humanos aparecería perjudicada».
Este miércoles el rector de la Universidad Diego Portales publicó una columna de opinión en El Mercurio, donde argumenta su postura en contra de la idea de penar el negacionismo de las violaciones a los derechos humanos, una iniciativa que ya se discute por estos días en el Congreso Nacional.
Carlos Peña sostuvo que una medida así no debiera ser celebrada ya que «todos quienes mediante diversos pretextos y argucias sugieren que esos crímenes debieron, después de todo, cometerse, tendrían que, una vez que la ley se apruebe, callar o afrontar la privación de su libertad».
En este sentido, el rector sostuvo que «si se hace callar de esa forma a quienes niegan las violaciones a los derechos humanos, no solo la libertad de expresión se vería amagada o inhibida, sino que también la propia causa de los derechos humanos aparecería perjudicada».
En su columna, Peña recalca que aunque quien niega o relativa los crímenes de lesa humanidad está «profundamente errado», en lugar de «hacerlo callar con la amenaza de la prisión, como lo sugiere este proyecto, es mejor refutarlo reverdeciendo (…) una y otra vez, las razones que hacen que las violaciones a los derechos humanos no puedan ser justificadas».
Advirtiendo sobre el futuro, el abogado señaló que si el castigo del fructificara en la cultura pública se formaría un tabú que, al congelar el debate, impediría el discernimiento que permite condenar racionalmente esos crímenes». A la vez, sostuvo que la cultura de los derechos humanos «no se promueve mediante la prohibición, sino mediante un debate libre, abierto y vigoroso entregado al discernimiento racional de los ciudadanos».
Por último, el rector de la UDP aseguró que «está muy bien castigar el discurso de odio (la acción comunicativa tendiente a derogar la condición humana de grupos o individuos, porque atenta contra la condición de posibilidad del debate democrático); pero no está bien castigar penalmente el negacionismo». En sus palabras, al hacerlo «se lesiona la libertad de expresión, se impide el debate que reverdece las convicciones en materia de derechos humanos y se lesiona la libre investigación histórica, que es el esfuerzo infinito de la cultura humana por comprenderse a sí misma».
