Cinco funcionarios (r) de la Armada fueron condenados por secuestro, detención y torturas de dos niños en dictadura

El ministro en visita Jaime Arancibia condenó a cinco funcionarios en retiro de la Armada por los delitos de secuestro, detención ilegal y torturas de menores de edad, cometidos en agosto de 1974.

En el fallo, el ministro condenó a Pedro Victoria Frioli Otonel, Manuel Alejandro Buch López, Arístides León Calffas y Guillermo Retamales Ruiz como autores de los ilícitos, a 541 días de presidio; y Germán Patricio Valdivia Keller fue condenado como cómplice a 60 días.

Sin embargo, Arancibia le concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena a Frioli, Buch y León, mientras que Retamales y Valdivia deberán cumplirla de forma efectiva.

Durante la investigación, se comprobó que los cinco militares secuestraron a José Miguel e Isabel Verónica Sánchez Larraín, quienes eran menores de edad a la época de los hechos, allanando la casa donde vivían en la comuna de Quilpué.

«Durante el mes de agosto de 1974, alrededor de las 00:00 horas, la casa de las víctimas, menores de edad a esa época, ubicada en el Séptimo Sector de Belloto Sur, fue allanada por un gran número de funcionarios de la Armada de Chile, provenientes de la Base Aeronaval de El Belloto», detalla la resolución.

A la vez, sostienen que el objetivo del allanamiento fue para buscar a la hermana mayor de las víctimas, de quien suponían que militaba en las Juventudes Comunistas. «Al momento que ocurren los hechos, las víctimas estaban a cargo de su hermana mayor, por encontrarse su madre trabajando de enfermera particular en la ciudad de Viña del Mar. A pesar de ello, ésta fue llevada por los uniformados a la Base Aeronaval de El Belloto».

La investigación acreditó que los condenados realizaron diversos destrozos a la vivienda tras ingresar, además de sustraer las especies de valor que había al interior. Además, confirmaron que «en diversas ocasiones, durante la detención de las víctimas, ellas fueron golpeadas con el arma que portaban los uniformados, mientras éstos revisaban y registraban las habitaciones buscando armas»

Por último, la patrulla naval se mantuvo al interior del domicilio «hasta el día siguiente, después de haber dormido y consumido todo el alimento que había en la casa, manteniendo con ello secuestradas a las víctimas al interior de su propio hogar».

El fallo también condenó al fisco a pagar una indemnización de 35 millones de pesos a las víctimas por el daño moral provocado.