Christian Alveal |
El coronel Christian Alveal fue uno de los funcionarios que el ex jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán recomendó designar “como asesor en un nivel importante de manera permanente” al presidente Sebastián Piñera durante su primer gobierno. El documento fue conocido tras un allanamiento en el módulo 1 de Punta Peuco en 2012. La semana pasada el nuevo director nacional de Gendarmería acudió a la Corte de Apelaciones de Santiago para interponer un reclamo de ilegalidad en contra del Consejo de la Transparencia para no entregar información de los condenados por crímenes de lesa humanidad.
A poco de cumplir treinta años de servicio efectivo en Gendarmería, el coronel Christian Alveal llegó a dirigir el alto mando de la institución penitenciaria. El mes pasado, en medio de una ceremonia de egreso de nuevos gendarmes, el presidente Sebastián Piñera lo ratificó en el puesto de director nacional, después de tres meses de ocuparlo de manera interina, desde que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, le pidió la renuncia a la ex directora Claudia Bendeck.
Durante el primer gobierno de Piñera, Alveal fue jefe operativo titular de la cárcel de San Miguel. Se desempeñaba en ese cargo cuando ocurrió el incendio en la Torre 5 que dejó sin vida a 81 reclusos, en diciembre de 2010. Durante el proceso judicial del caso, el uniformado declaró en dos oportunidades como testigo. No se le imputaron cargos, mientras que el sumario administrativo de Gendarmería lo eximió de responsabilidades.
También durante su primer gobierno, el Presidente recibió una llamativa recomendación que involucró al uniformado. El Desconcierto revisó el memorándum n°001 (Ver Memorandum-Completo), con fecha mayo de 2011, redactado por el ex jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán, en que le sugería a Piñera mantener a Christian Alveal como “asesor en un nivel importante de manera permanente”. Era uno de los cargos de confianza que Corbalán le recomendaba designar para evitar que la Concertación volviera al gobierno. El documento fue incautado en 2012 desde la celda de Corbalán tras un allanamiento al módulo 1 del penal Punta Peuco y fue recogido en una investigación de Ciper publicada ese mismo año con el título “Punta Peuco 1: La fallida Operación de Inteligencia de Álvaro Corbalán” de la periodista Verónica Torres.
En ese documento de diez páginas, Corbalán también se refirió a seis uniformados que integraban un grupo que denominó “de proyección”, dentro de los cuales se encontraba Alveal, y que, a su juicio, eran los mejores oficiales con los que contaba Gendarmería.
En el allanamiento a Corbalán no sólo le incautaron los papeles que guardaba debajo de una silla de su celda, también un notebook, un celular, módems de internet y fichas con información. Después del operativo, el ex CNI declaró públicamente que los elementos fueron ingresados por funcionarios de Gendarmería de quienes no revelaría sus identidades como medida de seguridad para él y su familia.
Christian Alveal figuraba en la lista de los funcionarios mejores evaluados de Corbalán, quien manejaba datos específicos sobre el gendarme: detallaba que era ingeniero comercial y que para entonces era el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP).
Ocho años después de enviado ese memorándum, Alveal alcanzó el máximo cargo dentro de la institución penitenciaria y precisamente, durante estos últimos días, el coronel tuvo que resolver un asunto judicial relacionado con los internos condenados por violaciones a los derechos humanos. El 4 de enero, el director interpuso un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago (Ver Recurso de Ilegalidad) en contra del Consejo para la Transparencia por el amparo presentado por la periodista Pascale Bonnefoy, quien le solicitó a Gendarmería entregar la nómina actualizada de los internos que se encuentran cumpliendo pena efectiva por crímenes de lesa humanidad en los penales Punta Peuco y Colina 1, incluyendo aquellos hospitalizados, sin tarjar los nombres y apellidos como en la planilla que la institución le entregó en agosto del año pasado.
El reclamo busca revertir la decisión del Consejo que, el 11 de diciembre pasado, ordenó a Gendarmería entregar la información, los nombres, apellidos y el número de la cédula de identidad de dichos internos, por tratarse de antecedentes públicos que deben existir en cada centro penitenciario del país con la sentencia definitiva ejecutoriada por la que se encuentran privados de libertad.
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Si bien acogió esa parte del amparo, el organismo ordenó abstenerse de proporcionar el domicilio de quienes cumplieron su condena o en caso que su pena se encuentre prescrita. Y sobre la solicitud de entregar el dato de la comuna donde se cometieron los delitos, se derivó al Poder Judicial y al Ministerio Público por ser materia de su competencia.
Esta información se podría haber entregado a partir del 8 de enero, pero con el reclamo de ilegalidad interpuesto el caso tendrá que seguir su curso en el tribunal. Al respecto, Gendarmería argumentó que entregar dichos antecedentes transgrede la vida privada y la seguridad de los internos condenados por estos crímenes y no colabora con su posterior reinserción. También señaló que el Consejo hizo “una interpretación forzada de la norma y que lesiona los principios generales del derecho y las normas del derecho público”.
Para los gremios no fue sorpresivo que Christian Alveal fuera ratificado en el cargo. Se comentaba que sería su camino natural por su reconocida cercanía con el oficialismo, aunque no aparece en los registros como militante ni de RN ni de la UDI. Algunos funcionarios consultados para este artículo plantearon que su ratificación se dio en el momento en que la institución está discutiendo el anteproyecto de ley sobre la carrera funcionaria, motivo del paro en noviembre pasado, que debería ingresar al Congreso antes de que finalice enero y que una persona con la “muñeca política” de Alveal evitaría una eventual movilización y, así, generarle un nuevo conflicto al gobierno.
