Planes para Quintero y Puchuncaví y cuidado de la biodiversidad: 5 desafíos medioambientales para 2019 en Chile

1. Chile, anfitrión y organizador de la COP 25

Chile será el país anfitrión en la próxima conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático, COP 25, a realizarse en noviembre de 2019. Junto a Costa Rica, Chile estará encargado de organizar este importante encuentro global. El momento es particularmente clave en la negociación internacional, pues se trata de poner en marcha el ambicioso Acuerdo de París firmado en el 2016.

La organización de la COP 25 se anuncia en un momento de álgida discusión acerca del futuro energético del país. Actualmente, el 40 % de la generación de energía en Chile es en base a carbón, uno de los métodos más contaminantes. Durante el primer semestre del 2019, la mesa de trabajo conformada para desarrollar un plan de descarbonización energética, tendrá listo el cronograma para la conversión de las centrales térmicas a carbón o termoeléctricas. El objetivo es que para el 2040, el 100 % de la generación de energía en Chile provenga de fuentes limpias, especialmente de centrales a gas natural y solares.

Sin embargo, las voces críticas apuntan a la necesidad urgente de hacer mayores esfuerzos para acortar los plazos. “La mesa de descarbonización va muy retrasada en términos de los compromisos que adoptó el país”, señala Flavia Liberona, directora ejecutiva de fundación para la conservación TERRAM. Debemos reconocer el informe del IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas) que advierte sobre la necesidad de reducir en un 45 % las emisiones de dióxido de carbono —el principal gas de efecto invernadero—para el 2030”, dice Liberona. Dicho informe señala que, de lo contrario, el calentamiento aumentará de 1,5 grados centígrados entre 2030 y 2052.

En ese sentido, la senadora Isabel Allende, presidenta de la comisión de medioambiente del Senado, asegura que el inicio de operaciones de una nueva central termoeléctrica en Mejillones, al norte de Chile, anunciado para el primer trimestre del 2019, “va en sentido contrario a la descarbonización”.

Así mismo, durante 2018 fueron autorizadas explosiones en la mina Isla Riesco, Patagonia, para extraer el carbón que alimenta las termoeléctricas de Quintero y Puchuncaví. Estas dos comunes fueron afectadas el 2018 con intoxicaciones masivas por la inhalación de gases tóxicos.

El movimiento ciudadano #ChaoCarbón surgió entonces y Allende señala que, desde esa bancada, “estamos exigiendo al Gobierno el cierre inmediato de las cinco termoeléctricas más viejas y contaminantes del país. Además pedimos el retiro o reconversión de todas las demás termoeléctricas a carbón a más tardar al año 2030”.

Además, organizaciones cívicas, y también sectores políticos, destacan que dicho compromiso requiere la revisión de la postura de Chile ante el convenio de Escazú. “esperamos que el gobierno reconsidere su postura de no suscribirlo”, dice Allende.

La senadora Allende sostiene que la designación “es un gran honor, pero también nos impone importantes desafíos, ya que la comunidad internacional estará mirando a Chile”. El biólogo Fabián Jaksic, premio nacional de ciencias naturales, explica que al asumir la organización de la COP 25, “implícitamente, Chile se compromete a ser un modelo de país en vías al desarrollo sustentable, disminuyendo su huella de carbono a través de la descarbonización de su matriz energética”.

2.Un plan de descontaminación para Quintero y Puchuncaví

Más de 19 empresas conforman el parque industrial ubicado en Quintero y Puchuncaví, dos comunas ubicadas en el litoral central de Chile. Esta zona es una de las cuatro declaradas “de sacrificio” por estar saturadas de material particulado grueso MP10 y fino MP2,5.

Luego de que más de mil personas fueron intoxicadas en 2018 por la inhalación de gases tóxicos, cuya procedencia y especificación aún están siendo investigadas, el gobierno se comprometió a aplicar un plan de descontaminación. El anteproyecto de dicho plan ingresó a Contraloría el pasado mes de diciembre para ser evaluado y “espero que en marzo tengamos el plan de descontaminación”, dijo a Mongabay Latam la senadora Allende.

El objetivo del plan es que en cinco años la zona deje de estar saturada por material particulado fino y grueso. Para lograrlo, las empresas instaladas en el parque industrial, no deben superar las emisiones máximas permitidas, anuales y diarias, tanto para material particulado fino respirable (MP2,5) y para el grueso (MP10). Para ello, el plan de descontaminación establece que tres de las 19 empresas, que en conjunto emiten el 75 % del material particulado, deberán disminuir sus emisiones de MP, dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx).

Katta Alonso, fundadora del movimiento Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví en Resistencia, asegura que lo anterior no es suficiente. “Lo que nosotros necesitamos es que un organismo externo mida cada empresa para que sepamos qué es lo que están emitiendo y, en base a eso, hacer un plan de descontaminación”. Liberona explica que debido a que hay empresas que se instalaron antes de que entrara en vigencia la ley ambiental de 1994, “no cuentan con una evaluación de sus procesos completos”.

Además, Liberona señala que la norma chilena para MP “está lejos de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)”. Así, por ejemplo, mientras en Chile el máximo autorizado para emisiones diarias de MP2,5 es de 50μg/m3 (microgramo por metro cúbico), las recomendaciones de la OMS son de 25 μg/m3. Para SO2, la norma chilena establece 250μg/m3 diarios, mientras la OMS dice que deben ser 20μg/m3.

Por otro lado, Alonso destaca que “el plan de descontaminación solo mide material particulado y dióxido de azufre. Es decir, apunta únicamente a lo normado” y, el problema, es que “están normadas muy pocas emisiones”, asegura Jaksic. “El plan no considera metales pesados ni hidrocarburos volátiles que, estamos seguros, fueron la causa de las intoxicaciones del 2018”, dice Alonso.

Por último, Liberona agrega que “tampoco sabemos qué tan contaminados están los suelos y la normativa para el agua es prácticamente nula”. Al respecto, Allende asegura que “el plan es una medida necesaria, pero la zona requiere una recuperación socioambiental integral que va mucho más allá de estas medidas. Chile necesita más normas de emisión, así como normas de calidad para suelo, agua, aire, ruido, olores”.

“Estamos preocupados”, confiesa Alonso ante un plan de descontaminación que considera “absolutamente insuficiente”, y espera que las observaciones ciudadanas realizadas al anteproyecto sean escuchadas por la Contraloría.

3. Un Servicio de Biodiversidad

En 2014 se presentó al Congreso el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Aunque se esperaba que fuera aprobado este año, el proyecto quedará pendiente como un importante desafío para el 2019.

Este nuevo servicio estará a cargo de la protección y conservación de los recursos terrestres, marinos y dulceacuícolas bajo una óptica ecosistémica. “Hoy la gestión de la naturaleza en Chile está dispersa en varios ministerios y organismos, lo que crea un caos institucional”, señala la senadora Allende. Es por ello que “necesitamos un solo organismo que vele por la biodiversidad”, agrega. Además, Fabián Jaksic explica que “todos los elementos de un ecosistema interactúan y se retroalimentan entre sí, por lo que no deben ser gestionados por separado y mucho menos por distintos organismos dentro de ministerios diferentes”.

Actualmente, en Chile, las áreas protegidas terrestres dependen de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), encargada de administrar la política forestal chilena. Las áreas protegidas marinas, por otro lado, dependen de la Servicio Nacional de Pesca, dependiente del Ministerio de Economía, encargado de  fiscalizar el cumplimiento de las normas pesqueras y de acuicultura. En opinión de Jaksic “es contradictorio que ambos organismos estatales, que tienen como principal misión el fomento de explotaciones económicas (bosques y pesquerías) sean al mismo tiempo las encargadas de proteger esos recursos”.

Así, el Servicio de Biodiversidad busca asegurar que la protección y conservación de los ecosistemas sea, efectivamente, el principal objetivo del organismo que vela por ellos.

Flavia Liberona, si bien aboga por la concreción del Servicio, teme que la recargada agenda legislativa en temas ambientales sea mayor a la capacidad de gestión del Congreso y que no se prioricen los temas verdaderamente claves.

En efecto, diversas son las iniciativas que están en discusión: una ley de cambio climático, la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, modificaciones al código de agua, una ley de pesca y acuicultura, el congelamiento de la huella de pesca de arrastre de fondo, entre otras. Al respecto, Allende asegura que “se trata netamente de un tema de voluntad política”.

4. Planes de Manejo para áreas protegidas

Durante el 2018 se concretó la creación de la Red de Parques de la Patagonia. Un importante y esperado proyecto constituido por terrenos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), aportes de terrenos fiscales y terrenos privados. Con todo, actualmente el sistema de áreas protegidas cuenta con 102 unidades a lo largo del país con una superficie total de 15,4 millones de hectáreas.

Sin embargo, existe incertidumbre sobre si dichas áreas tendrán o no el presupuesto necesario para ser efectivamente protegidas. Y es que el presupuesto asignado al SNASPE para el año 2019, un poco más de 15 mil millones de pesos (casi US$ 22 millones), disminuyó en un 13,3 % respecto al aprobado para el 2018. Desde fundación TERRAM advierten que “esta es la mayor disminución que ha mostrado el presupuesto del SNASPE desde que se crea este programa”.

Por otro lado, solo 86 de las 102 unidades del SNASPE cuentan con planes de manejo y 80 cuentan con administración efectiva.

Desde el lado marino, el desafío es mayor. En 2018 se crearon cinco áreas marinas protegidas: Archipiélago de Juan Fernández, Islas Diego Ramírez – Paso Drake, Seno Almirantazgo, Tortel y Rapa Nui, la más grande de sudamérica con 720 000 km2.

Felipe Nahoe, miembro del Consejo del Mar, entidad votada democráticamente por el pueblo de la Isla Rapa Nui para la administración del área marina protegida, dijo a Mongabay Latam que “el gobierno tiene 21 millones de pesos para hacer el plan de manejo del área protegida. Eso es nada”. Frente a ese escenario Nahoe aseguró que “estamos empezando a hacer el reglamento para poder buscar fondos”. Desde el Ministerio de Medio Ambiente aseguran que “esa es una cifra inicial. El presupuesto 2019 del Ministerio del Medio Ambiente contempla recursos para seguir con el desarrollo y consolidación de los planes de manejo de las áreas marinas protegidas”. En efecto, 200 millones de pesos (US$ 286.860) fueron designados a la elaboración de estudios o actividades asociadas a la gestión de estas áreas.

5. Congelamiento de la huella de pesca de arrastre de fondo.

En octubre de 2018, en el encuentro global para los océanos “Our Ocean,” Chile se comprometió a que la pesca de arrastre de fondo no se expanda a nuevas zonas y solo opere en la huella histórica que los barcos han ocupado. La responsabilidad de cumplir este compromiso recayó en la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Sin embargo, no se llegó a cumplir y queda como un enorme desafío para el 2019.

Según una investigación científica desarrollada por Oceana, cada año 3905 km² de superficie marina son impactados por la pesca de arrastre, considerada globalmente como la más perjudicial para los ecosistemas marinos. “De esta área, la fracción que corresponde a la expansión de la pesca ocupando caladeros nuevos, ubicados en lugares nunca antes arrastrados, equivale a un promedio de 554 km2”, agrega Liesbeth Van de Mear, directora ejecutiva de Oceana Chile.

Si bien el compromiso fue adoptado durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, Varn de Mear asegura que han estado en contacto permanente con este gobierno y, según lo declarado, sí es prioritario hacerlo.

Así lo confirmó la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) desde donde explicaron a Mongabay Latam que “el gobierno dictará el congelamiento de la huella de arrastre, una vez que se hayan pronunciado los consejos zonales de pesca, integrados por los directores zonales de SUBPESCA y representantes de los sectores artesanal e industrial, entre otros. Una vez recabada la opinión de los consejos, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura quedaría en condiciones de materializar la iniciativa”.