Ha pasado más de un año y medio desde que entró en vigencia el control de identidad preventivo, medida impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet que entregó la facultad a funcionarios de Carabineros de solicitar la identificación de cualquier persona mayor de 18 años en cualquier lugar público, o en uno privado con acceso al público, sin la necesidad de contar con ningún indicio.

Ya desde su tramitación la medida despertó una serie de cuestionamientos y críticas debido, principalmente, a que se señalaba que tenía un sesgo clasista y que daba un exceso de atribuciones a los uniformados. Ya promulgada y en vigencia, las cifras ahora ponen en duda su efectividad: de acuerdo a los datos de Laboratorio de Seguridad, de los 550 mil controles de identidad que Carabineros realizó en 2018, solo un 6% terminó en detención.

En lo concreto, la medida tiene como principal propósito detectar a personas que tengan órdenes de detención pendientes, y los resultados demuestran, de este modo, que existen 517 mil personas que fueron controladas de forma arbitraria y sin resultados.

Por eso, en conversación con El Desconcierto, el abogado José Antonio Henríquez, coordinador de la Asociación de Pensamiento Penal Chile, califica la medida como “ineficiente” y explica que “en general sabemos que estos controles no afectan de manera a sectores más acomodados de la población, sino que es a los sectores más desaventajados, las comunas más populares, entonces hay una gran cuota de arbitrariedad por parte de las policías que genera toda esta desproporción”.

Henríquez además explica que dentro del 6% de controles que fueron eficaces, solo el 11% se refiere a delitos de mayor connotación, y por lo tanto, para él “aquí hay una entrega a la discrecionalidad de la policía”.

¿Era necesario crear esta medida?

Las cifras entregadas por el Laboratorio de Seguridad no distan mucho de las publicadas en julio de 2017, que señalaban que en nueve meses se habían realizado 1.105.560 controles de identidad y sólo un 5,5% de ellos terminó detenido. 

Es por esto que distintos académicos han abierto la pregunta con respecto a si existía una real necesidad de crear esta medida, que fue impulsada como parte de la Agenda corta anti delincuencia del gobierno de Bachelet, en medio de críticas por el alza en la tasa de delitos, y considerando que hasta ese momento Carabineros contaba con la facultad del Control Investigativo de Identidad, para cuando hubiera indicios de que una persona se disponía a cometer un delito, o por el solo hecho de andar encapuchada.

Por eso, Henríquez señala que “me parece que la entrega de esta facultad a la policía sin ningún dato empírico –porque no existe ningún dato objetivo ni estadística que sustente esta medida– muestra la exacerbación de un Estado policial donde se comienzan a incrementar los niveles de control respecto de la sociedad. Y si tú no tienes una estructura de protección de derechos y garantías fuertes, la facultad se transforma en abuso y eso obviamente atenta contra la democracia y eso es una discusión de fondo”.

Por otra parte, el abogado también manifiesta reparos en cuanto a lo económico: “Estos resultados también muestran que la medida no solo no es eficaz, sino que tampoco es eficiente, entonces, evidentemente hay un mal gasto de recursos policiales y judiciales, porque también cada hora en un juzgado de garantía o de juicio oral tiene su costo para el Estado”.

Populismo penal

Henríquez señala que este tipo de medida no considera aspectos que son cruciales para abordar la delincuencia, especialmente la reinserción social, y el no considerar aspectos como intervenciones psico-sociales o educativas supone gran parte del problema.

“Lamentablemente yo creo que nos hemos quedado con la parte más populista de la persecución penal pero no hemos puesto los énfasis en la parte sustantiva, que es la prevención penal, es decir, intentar que la persona que ha estado sometida al sistema penal de justicia pueda salir a través de mecanismos y herramientas que el propio Estado le otorga, ahí está la pregunta central: qué hacemos nosotros para que esa persona no vuelva a caer detenida o inmiscuida en un delito o no vuelva a ser controlada su identidad de mala forma”, afirma.

Finalmente, agrega que este tipo de medidas moldea la visión cultural que valida un exceso de atribuciones por parte del Estado frente a la población.

“Me he encontrado con mucha gente que dice ‘a mí me da lo mismo que me controlen, el que nada hace nada teme’, y yo en eso estoy completamente de acuerdo, pero eso no implica que yo por no hacer nada tenga que estar siendo controlado por agentes del Estado. La libertad está primero ante todo, y estar sometido constantemente a sospecha implica una vulneración de garantías, entonces al final del día es un estado de control en donde en base a temor y persecución se logra adecuar el comportamiento social”, finaliza.