El valle de Malleco es un lugar con historia. La zona comprende las comunas de Angol, Collipulli, Ercilla, Los Sauces, Lumaco, Purén, Renaico, Traiguén y Victoria y es lo que la prensa ha llamado la “zona roja” del conflicto que se vive en La Araucanía y cuyos inicios remonta siglos atrás en exactamente los mismos lugares.

A través de un inédito trabajo de análisis y triangulación de datos, los investigadores Juan Pablo Luna, Carla Alberti y Sergio Toro se propusieron identificar las raíces del conflicto. Descubrieron, con datos de querellas del Ministerio Interior, que los hechos de “violencia rural” -ataques incendiarios, daños a la propiedad e intercambio de disparos-, se concentran en el norte y centro de La Araucanía (Ercilla, Collipulli y Padre de Las Casas), el sur del Bíobio (Cañete y Tirúa) y la zona cordillerana de la región de Los Ríos (Panguipulli).

¿Por qué en esas zonas específicas y no en otras? La respuesta a la que llegaron les demostró lo equivocado que está el “sentido común” cuando se habla del conflicto, así como también lo erradas que pueden ser las políticas públicas para enfrentarlo, como el anunciado “Plan Araucanía” del gobierno de Sebastián Piñera.

Ni la alta presencia de la industria forestal ni la baja presencia del Estado, aunque son factores relevantes, terminan de explicar a cabalidad porqué el conflicto se concentra en esas zonas específicas.

El equipo de investigadores, en el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, identificaron, por ejemplo, que las mismas zonas donde hoy se desarrolla el conflicto permitieron el asentamiento de las primeras comunidades indígenas desde el 5.000 A.C. Se asentaron en el Valle de Malleco debido a sus características que permitían el desarrollo de grandes áreas de cultivo. Los hallazgos arqueológicos, en base a pruebas de carbono 14, les mostraron también que ahí es donde las comunidades mapuche demostraron altos niveles de organización y centralización.

La resistencia a la invasión española también se concentró en la misma zona, donde se instalaron fuertes desde la década de 1550 en Imperial, Arauco, Angol, Tucapel, Purén, Lebu y Cañete. Esas comunidades, las más rebeldes según los españoles, resistieron la Guerra de Arauco. Y de esos territorios fueron despojados después en la “Pacificación de La Araucanía”, cuando el Estado chileno pobló de inmigrantes europeo el territorio mapuche.

Carla Alberti.

“Nos dimos cuenta que donde había más yacimientos arqueológicos también había más fuertes, mayor construcción de ciudades, mayor migración dirigida por el Estado y después la mayor concentración de tierra expropiada y regresada a antiguos propietarios, y a partir de 1997, los conflictos. Nos dimos cuenta que esa zona era la que concentraba los encuentros entre el pueblo mapuche y el Estado, primero colonial y después de Chile”, dice Carla Alberti respecto a la investigación que están realizando desde el Instituto Milenio Fundamento de los Datos.

El conflicto es una secuencia viva en la zona. El equipo de Luna y Alberti descubrió también que el proceso de reforma agraria en los gobiernos de Frei Montalva y Allende fue más intenso en la misma zona, tras grandes movilizaciones indígenas en Lumaco, Angol, Lautaro y Purén. La contra reforma de la dictadura, vino con la misma intensidad.

Por eso, dicen los investigadores, no es casualidad que el nuevo alzamiento del pueblo mapuche haya ocurrido en Lumaco, cuando unos jóvenes quemaron tres camiones de la Forestal Arauco en 1997, en lo que se conoce como el nacimiento de la Coordinadora Arauco Malleco.

En la comuna de Ercilla, en Temucuicui, fue donde un funcionario de Carabineros asesinó por la espalda a Camilo Catrillanca hace poco más de dos meses.

Esta es parte de la que llaman la “historia larga” del conflicto que sigue vigente después de cuatro siglos. Fue un trabajo difícil, reconoce Juan Pablo Luna, ya que se trató de “entender el hiato entre conflicto y conflicto”. La historia del siglo XX, donde se vivió un diálogo más “institucionalizado”, con presencia de importantes dirigentes en el Parlamento, se dio también las mismas zonas. “Recurre siempre en esos lugares”, dice.

– ¿Qué les dice este cruce de datos de las políticas públicas llevadas adelante por el Estado desde el 90 en adelante respecto al pueblo mapuche?

Carla Alberti (CA): Hay varias cosas que aprender de la historia. En el siglo XX hubo un período largo de coexistencia relativamente pacífica, que coincidió con períodos de aparente mayor apertura institucional. Pero lo que hay en esa zona es una demanda por tierras, por autonomía, que va más allá del tema de las forestales, y que obviamente tiene un sustento histórico. Evidentemente las políticas públicas tienen que responder a esto. Y parte del problema es la falta de diálogo, una política pública basada en la entrega de tierras que muchas veces no son en la zona que están demandando no va a solucionar el problema. Va a entregar tierras, pero no son las tierras que estas comunidades quieren.

Juan Pablo Luna (JPL): Creo que el Estado ha tenido un foco fuertemente represivo y parte de lo que tenemos pendiente, en términos de investigación, es tratar de entender también en el tiempo cómo el conflicto se reproduce. Si tú estás continuamente hostigando y reprimiendo a jóvenes y a esas comunidades, eso genera resistencia y genera un espiral, creo que parte de lo que vemos hoy es el resultado de siglos, pero también de lo que ha sido del 90 en adelante, una política que se ha asentado fuertemente en la represión de las comunidades más radicales. Puede que eso satisfaga necesidades inmediatas, que eso responda a demandas también legítimas de agricultores y empresarios privados en la zona, pero esa solución genera más radicalización y eso es parte de lo que vemos. Lo que tenemos pendiente es ver cómo en términos territoriales la represión ha ayudado a expandir el conflicto desde focos más tradicionales a nuevos lugares. Comunidades donde no había conflicto y en las que se sufre represión, probablemente hoy estén más radicalizadas de lo que estaban hace un tiempo.

CA: Entendemos que es una tensión, un equilibrio super delicado entre mantener el orden y no reproducir el conflicto. Lo que mostramos es que, históricamente, donde ha habido conflicto, ese conflicto se sigue reproduciendo.

Juan Pablo Luna.

Desconocimiento

El gran objetivo de la investigación, dice Luna, es “aportar, tratar de entender con mejor información” las distintas dimensiones del conflicto, marcado también por lo heterogéneo que es en sí el propio pueblo mapuche como por el hecho de que el conflicto no es exclusivo para la región de La Araucanía.

“Los mapuche son una etnia muy heterárquica, tú puedes negociar con una comunidad, pero no estás negociando con el pueblo mapuche. Las comunidades tienen enfrentamientos entre sí, diferencias estratégicas entre sí muy fuertes, que también vienen de clivajes que se generaron, por ejemplo, durante la pacificación de La Araucanía, donde algunas familias mapuche salieron algo mejor paradas que otras. Al mismo tiempo, también mostramos que el conflicto mapuche no está solo en la región de La Araucanía, sino que también está en parte de la décima y la octava. Entonces cuando te encuentras con un ‘Plan Araucanía’ y se sabe que detrás de eso está una búsqueda de solución al problema mapuche, en verdad tiene que ver con otras regiones”, dice Luna.

Uno de los puntos de interés, asegura el investigador, es la inserción de evangélicos a las comunidades mapuche y cómo se puede activar políticamente con el giro que ha habido entre evangélicos y política en Chile y América Latina. “Hay muchísima heterogeneidad, muchísimos factores que se cruzan en el terreno y que todavía no conocemos, y el problema no es que no los conozcamos nosotros, sino que muchas veces se hace política pública sin conocer la complejidad del conflicto y sus determinantes”, afirma.

– ¿Qué le hace falta al Estado para encontrar una solución a este conflicto?

CA: Conocimiento y diálogo. Conocer la realidad de la región, que no es solo un tema económico, sino de largo plazo. Y generar un diálogo más horizontal. En las entrevistas que hicimos, nuestros entrevistados nos decían que muchas veces el gobierno les dice que elijan entre esto y lo otro, pero nunca les preguntan qué es lo que quieren. Generar un diálogo es difícil, porque son comunidades muy descentralizadas, muy distintas, pero es extremadamente importante conocer lo que pasa, cuáles son las demandas, conocer la historia larga y establecer un diálogo para saber qué quieren y cómo solucionar.

JL: Y ese diálogo tiene que empezar por un proceso, que, si no es de justicia, es de memoria. Abrir un diálogo muy amplio, que también tiene que incorporar a los colonos, que en algunos casos están asediados por comunidades radicalizadas, pero en el mismo plano han avanzado hacia una paramilitarización inminente de su accionar. Se habla de la presencia de grupos paramilitares en La Aracanía y de su posible coordinación con fuerzas del Estado. En ese sentido, lo que el Estado estaría haciendo con este enfoque represivo, y con la defensa sistemática de unos intereses sobre otros, es contribuir a generar ciudadanos de primera categoría y otros que no tienen garantizado el acceso a derechos civiles básicos. Hace poco vimos en la prensa el video de un empresario rural que amenazaba armado a participantes en una ceremonia mapuche. Si ese tipo hubiese sido mapuche, si esa arma hubiese estado en manos de un activista mapuche, el Estado hubiera reaccionado de forma diferente. El diálogo tiene que partir con una comisión de memoria histórica que reconozca todo el dolor y los perjuicios que ha habido de un lado y otro y el rol que ha tenido el Estado en el conflicto. Sin eso es muy difícil avanzar a un proceso más legítimo de negociación.

-Desde el Estado siempre se ha criticado la heterogeneidad del pueblo mapuche para establecer un diálogo. Los mapuche tienen una amplia tradición de organización a través de congresos, con debates, etc. ¿Creen que eso está perdido?

CA: Sea parlamento u otra forma, es super útil. Fomentar los congresos es fomentar la organización autónoma por parte de las mismas comunidades. La Conadi es una institución bastante cuestionada, y sería super útil para todos que las comunidades mapuche pudieran tener un diálogo previo con el Estado, un diálogo entre ellas.

JL: Hay que cambiar la lógica y eso es difícil. Porque el Estado no solo ha reprimido, sino que ha cooptado comunidades. El Estado chileno siempre ha ido por lo fácil, que es a las comunidades menos radicales y más afines, les ha entregado beneficios, mientras excluye y reprime a las otras. Yo diría que ese enfoque debiera revertirse y empezar a dialogar con las radicales, que son las más difíciles de cooptar e integrar en el corto plazo, pero son con las que necesariamente hay que negociar. Y probablemente esto pase por un tema, no solo de reconocer la plurinacionalidad del Estado chileno, sino de avanzar hacia mecanismos que otorguen mayor autonomía política a los pueblos indígenas.