En el rearme de los discursos nacionalistas y autoritarios, ha sido común que crezca -en gran parte por medio de la difusión irresponsable e intencionada de mentiras- discursos de odio hacia la población migrante. Uno de ellos ha sido estos días la no-firma del Pacto por la Migración Segura, Ordenada y Regular (copada de mitos y tergiversaciones contra el tenor literal del mismo texto), como también aquella que vincula el alza de diferentes enfermedades o infecciones con la llegada más notaria de población migrante este último tiempo a nuestro país. Un punto que se reforzó con las irresponsables declaraciones de Leonidas Romero, diputado RN y evangélico.

No es menos importante recalcar que el fenómeno migratorio es uno de carácter mundial: ante la crisis humanitarias de diferentes países, derivadas de modelos económicos extractivistas, de miseria, con la corrupción de gobiernos y el interés de grandes potencias en la guerra como mecanismo para lograr sus intereses políticos y económicos, la libertad ambulatoria como derecho humano se hace carne y diferentes grupos de personas, movidas por la absoluta necesidad, dejan sus países, sus hogares y familias en búsqueda de nuevas oportunidades de vida. Existe una extraña sensación de que Chile es, de alguna forma, el único destino de aquéllos: basta una revisión sólo un poco más detallada para darnos cuenta de que el fenómeno migratorio es mundial, y en Latinoamérica se vive en distintos países (Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay) y seguirá siendo así.

De dicha manera, ya suena extraña la premisa que nos convoca: existe un discurso carente de toda verdad que asimila el aumento en las tasas de notificación de personas viviendo con VIH en Chile con respecto a la llegada de inmigrantes al mismo.

“Nuestro país hoy día tiene una de las tasas más altas de enfermos de SIDA. Los migrantes que han llegado, la mayoría, vienen con su enfermedad”, señaló el referido diputado. No sólo confunde VIH con SIDA (en tanto el primero es el virus y el segundo un estado de inmunodepresión de la persona que vive con VIH, donde si bien una es consecuencia de la otra, puede ser que la última nunca se alcance si se tiene un correcto tratamiento que minimice la presencia del virus en el cuerpo), sino que en términos de contenido señala un absoluto absurdo: si cerca de 800 mil personas migrantes viven en Chile, aproximadamente 75.000 personas en el país viven con VIH, es expresamente imposible que “la mayoría” vengan con dicha infección.

Vamos, entonces, a los datos concretos. Según el Ministerio de Salud, entre 2010 y 2017 hubo 32.677 notificados entre el sistema privado y público, y 21.284 en el último. En éste, 1.866 fueron extranjeros. Es decir, representan un 8,76% del total de los casos. Probablemente, en el sistema privado el número total y porcentaje asociado debe ser incluso menor.

Por otro lado, desde información solicitada vía Transparencia Pasiva por las y los estudiantes del grupo de Género y Diversidad Sexual de la Clínica de Interés Público de la Universidad de Chile, el año 2015 había un total de 24.039 personas en control del programa VIH/SIDA del sistema público de salud. De éstas, 606 eran extranjeros: representaban un 2,5% del total. El 2016, existió una leve alza, donde el total de personas correspondió a 26.213, y las extranjeras a un 4,1%. A su vez, en regiones como la III, IV, VI, VII, VIII, IX y XII no existía ninguna persona extranjera, hasta en esa fecha, en ellos.

Es cierto que los últimos tres años el número de notificaciones a personas que viven con VIH ha sostenido un alza alarmante en cantidades totales, donde también ha crecido el porcentaje correspondiente a la población migrante en Chile notificada de. Ahora bien, ello obedece a dos grandes motivos: en primer lugar, personas migrantes que buscan atenderse acá precisamente por problemas en sus países natales con su medicación (donde Chile está lejos de ser el único destino de ello, por cierto), como también la visibilización de la pandemia que ha llevado a que más personas se realicen el examen, incluyendo a no-nacionales. Un número menor corresponde a extranjeros, es decir, personas simplemente de paso en el país. Ello, por supuesto, sin siquiera abordar el problema de fondo: la precarización de la vida de parte de dicha población a través de condiciones de hacinamiento y pobreza, la mayoría propiciadas por la explotación desvergonzada de quienes hacen uso de la desesperación de sus necesidades para obtener mano de obra barata.

Ahora bien, lo realmente preocupante es que hay cerca de 25.000 personas viviendo con VIH en Chile que no se encuentran notificadas de ello. Esto no tiene ninguna relación con personas extranjeras en tanto no es algo propio de los últimos años, sino al menos de los últimos 8 (donde el 2010 hubo, por ejemplo, sólo 41 notificaciones a personas migrantes de vivir con VIH). Así -y en las proyecciones más optimistas- 1 de cada 230 personas en Chile vive hoy con VIH.

Más allá de los indesmentibles datos, hay algo que -a riesgo de resultar obvio- parece ser necesario nuevamente explicitar: nadie se va a transmitir VIH si usa condón. Es decir, aunque en el hipotético caso de que hubiese algo así como “un factor migrante” con el aumento explosivo del VIH/SIDA en Chile, la responsabilidad sigue siendo de una población carente de educación sexual: responsabilidad del Estado, sus autoridades y las presiones conservadoras de múltiples iglesias. Así, por ejemplo, Alejandro Afani, inmunólogo y director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la U. de Chile, señaló que en una encuesta realizada por dicho centro a más de 3 mil jóvenes, se obtuvo como datos que menos del 20% de los consultados usaba condón. Asimismo, un 60% de las personas reconoció que nunca se había hecho el examen. ¿Está claro, no?

Pero no todo se trata de números, debemos ir más allá y visualizar las razones políticas de, precisamente, personeros políticos. Hay dos formas básicas de reaccionar frente a las vergonzosas declaraciones de Romero, que, queramos verlo o no, son representativas de una buena parte de la población: con la burla o sorna que representan la ignorancia de sus dichos, o con la seriedad que representa el ver los fines de los mismos. Pues, más allá de si hay o no falta de información sobre el tema (lo que ya lo hace impresentable), lo más probable es que aquello no sea la causa: hablamos de un discurso consciente y calculado de una clase dominante expresada a través de sus diferentes aparatos mediáticos. La representación del miedo conlleva a la necesidad de seguridad, la de seguridad los alzamientos de modelos represivos y autoritarios. Y allí existe una campaña orquestada (situación que se potencia, por cierto, desde la debilidad de la izquierda para dar relatos y respuestas a la clase trabajadora) para generar aquél, el que sumado a una particular crisis de sentido es el germen de procesos opresivos y totalitarios. La identificación del migrante como el enemigo (qué mejor ejemplo que la idea de “el migrante quita el trabajo”, pero no “el empresario desecha al chileno para contratar en condiciones de miseria a otros”) y la cosecha de monstruos inexistentes (“ideología de género”, teorías de la conspiración, etc) infunde el temor que, precisamente, levantó a figuras como Trump y Bolsonaro. Y ya sabemos quién o quiénes son los que buscarán favorecerse con ello en nuestro país.

El VIH/SIDA es un tema que debe ser abordado desde el Estado y la sociedad, con la importancia que tiene para ello el comprender la salud como un derecho, y la salubridad pública como un objeto a tutelar. Las declaraciones de Romero, oportunistas, irresponsables y por sobre todo deshonestas, no sólo contrarían a través de su falso testimonio los designios de su propia religión, sino que resultan un aliciente para la profundización de la grave pandemia que hoy afecta a nuestro país, como también al rechazo y estigma a la población migrante. De las tergiversaciones de las formas de transmisión o el despectivo e incorrecto problema del VIH/SIDA como uno de “maricones” (el que aún es sostenido por sectores de la población), pasamos al populista y dañino “es culpa de los migrantes”. Porque cambian las palabras, pero se mantienen los motivos: siempre es preferible ver la responsabilidad en el otro, nunca en uno/nosotros mismos. Y, por cierto, mejor aún si aquello nos da réditos políticos. ¿No es así, señor Romero?


Egresado de Derecho, Universidad de Chile