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El Desconcierto desmenuza a continuación las principales falencias que la comisión ha detectado en el sistema que debería de garantizar una pensión de invalidez a las personas que por culpa de una enfermedad tienen que dejar de trabajar.
Los conflictos de interés entre AFP, compañías de seguros y comisiones médicas están empezando a salir a la luz en las instituciones públicas de Chile. La denuncia de la ex funcionaria de ProVida Alejandra Vidal, quien reveló públicamente la obstaculización en las solicitudes del seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS), impulsó la apertura de una comisión investigadora el pasado mes de octubre.
Este lunes, la diputada frenteamplista Gael Yeomans (Izquierda Libertaria) presentó los avances de esta instancia que durante meses se dedicó a indagar la denegación de pensiones de invalidez y conflictos de interés entre las tres instancias a cargo de conceder o no este beneficios social (AFP, compañías de seguros y comisiones médicas).
Junto con la parlamentaria, comparecieron Alejandra Vidal; el representante de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales Jaime Sagredo; y Juan Carlos Pizarro, presidente de la Fundación Valídame, que vela por garantizar el derecho a la Seguridad Social en nuestro país. «Las AFP y las compañías aseguradoras inciden directamente en la definición de pensiones de invalidez, a quienes se entregan y a quienes no», afirmó Yeomans.
El Desconcierto desmenuza a continuación las principales falencias que la comisión ha detectado en el sistema que debería de garantizar una pensión de invalidez a las personas que por culpa de una enfermedad tienen que dejar de trabajar.
Yeomans explicó que en el transcurso de la revisión, se encontraron con varias situaciones que dan cuenta del conflicto de interés que existe entre las administradoras de pensiones (AFP), las compañías de seguros y las comisiones médicas. El circuito entre las tres instancias, según ella, funcionaría de la siguiente forma: «Las AFP costean con sus propios recursos el funcionamiento de las comisiones medicas, financian a los médicos que deciden si a una persona se le otorga o no el grado de invalidez».
«Las compañías aseguradoras cuentan con la garantía de tener asesores en el procedimiento, si embargo, las personas comunes y corrientes, los afiliados que están tratando de postular a las pensiones de invalidez, no tienen asesorías durante este trámite», contó la diputada.
Según relató la libertaria, ni la Superintendencia de Pensiones ni el Estado, en general, tienen capacidad de fiscalizar el sistema. En la primera sesión de la comisión de investigación a la que acudió la Superintendecia, expuso las cifras sobre las evaluaciones y fiscalizaciones de oficio que hacían. Dijeron que, en los últimos 10 años, en promedio, las solicitudes de pensiones de invalidez han superado las 15.000 por año y que la fiscalización que hace la Superintendencia es de unos 350 expedientes anuales.
La ex funcionaria de ProVida Alejandra Vidal reiteró la denuncia que hizo pública hace meses en contra de su compañía sobre el control de siniestralidad, es decir, limitar al mínimo posible los trámites de las pensiones de invalidez. Vidal, que trabajó 25 años en la AFP y luego vivió la experiencia como afiliada a quien le denegaron la invalidez en dos ocasiones, fue enfática al señalar que «estábamos cuidando los intereses de las compañías de seguros y no velando por nuestros afiliados». En los tres años que lleva metida en este interminable proceso, aseguró que acumula 36 licencias que no se le pagaron. «Durante todo el proceso no me daban el porcentaje suficiente para invalidarme, porque el mínimo es 50, ni tampoco me pagaban la licencia porque tenía una enfermedad irrecuperable», criticó. Juan Carlos Pizarro también se refirió a este punto: «Como Fundación Valídame tenemos registros extensos porque personas naturales conservaron denuncias realizadas desde 2006 en adelante ante varias instancias del Estado […] El control de siniestralidad era documentado», sostuvo.
El representante de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales, a cargo de asesorar a los afiliados en la toma de decisiones para acumular mayor capital, subrayó que esta situación que hoy se investiga hace años que se viene denunciando, en su caso particular, recordó que en 2013 lo presentó ante otra comisión investigativa. Sagredo cuestionó que la comisión médica diponga de antecedentes financieros de los afiliados cuando debería evaluar en base a antecedentes «sólo médicos». Según él, «hace años atrás, Habitat empezó a poner un timbre en la hoja que preguntaba si el afiliado tiene o no cobertura. Como asesores previsionales reclamamos a la Superintendencia, pero sigue estando en la solicitud». Sagredo concluyó que «hay una evaluación con carácter económico para el costo de la compañía de seguro en la liquidación de los siniestros de invalidez de las personas».
La diputada Gael Yeomans lamentó la «reacción» del Ejecutivo y del organismo fiscalizador. Para ella el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, ha tenido una actitud en la comisión que «llama la atención» porque «trató de dar a entender que el sistema funciona bien, cuando tenemos casos reales de que acá no se están entregando las pensiones de invalidez a las personas que sí tienen derecho a tenerlas». Yeomans anunció que se están llevando a cabo «actos de fiscalización para ver cuáles son las acciones que debería haber realizado el superintendente y que, sin embargo, no hizo». Para ello, trasladará al contralor general, Jorge Berúmdez, todos los antecedentes de la comisión investigativa que preside. Sobre la responsabilidad del gobierno en el caso, criticó que en el proyecto de reforma previsional que ingresó el Ejecutivo y que se verá a partir de marzo en el Congreso, «no hay ningún punto que haga referencia al mal funcionamiento de este sistema». Por eso, llamó a la administración de Sebastián Piñera a tener una respuesta frente a la necesidad de impulsar cambios legislativos en esta materia.
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La ley chilena establece dos tipos de invalidez: la total (pérdida de capacidad laboral superior o igual a un 66,6%) y parcial (pérdida de capacidad de trabajo igual o superior al 50% e inferior a 66,6%). Esta forma de delimitar quién es o no susceptible de recibir una pensión de invalidez tiene consecuencias. Si la comisión médica determina que una persona tiene el 49% de su capacidad laboral, legalmente es considerado igual de apto para trabajar que alguien que esté 100% sano.
La solicitud de seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS), destinado a aquellas personas menores de 65 años que cotizan en AFP y producto de una enfermedad o accidente no puedan continuar trabajando, se tramita con la AFP correspondiente y ésta se remite a la comisión médica regional, para luego trasladarse a la comisión médica central, el organismo de la Superintendencia de Pensiones conformado por 27 médicos que deciden si le corresponde la entrega de la pensión en base a las normas elaboradas por una comisión técnica cada dos años.
