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El máximo tribunal decidió acoger el recurso de protección interpuesto por el periodista y activista de la diversidad sexual Víctor Hugo Robles en contra del ministro de Salud Emilio Santelices, a quien acusó de criminalizar a las personas que viven con VIH/SIDA a través de una “campaña VIH del terror”.
El pasado 7 de enero la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó en primera instancia un recurso de protección interpuesto por el periodista y activista de la diversidad sexual Víctor Hugo Robles en contra del ministro de Salud Emilio Santelices, acusando a la autoridad pública de criminalizar a las personas que viven con VIH/SIDA a través de una “campaña VIH del terror”.
Patrocinado por el abogado especialista en derecho a la salud, Esteban Arévalo, el activista comunitario en VIH/SIDA conocido como “El Che de los Gays”, apeló en subsidio a la Corte Suprema de Justicia, que el día ayer acogió la acción de protección constitucional ordenando a la Corte de Apelaciones tramitarlo.
“Que del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo interpuesto en autos se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, razón por la que el recurso debió haber sido acogido a tramitación. Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la resolución apelada del siete de enero de dos mil diecinueve, y en su lugar se declara que el recurso de protección deducido es admisible, debiendo dársele la tramitación. Regístrese y devuélvase”, señala la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada entre otros por las ministras María Eugenia Sandoval y Gloria Ana Chevesich.
La acción legal señala que “el día 30 de diciembre de 2018, el Ministerio de Salud hizo público un video, que forma parte de una campaña en el marco de la problemática VIH/SIDA que presenta nuestro país. Dicho video causó de inmediato centenares de reacciones en usuarios de las redes sociales, tanto de personas viviendo con VIH como el recurrente así como de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema criticando de diversas formas el tono “discriminatorio” del video y su mensaje “policiaco”, lo cual fue ampliamente recogido por la prensa nacional”.
“No obstante no ser la acción constitucional de protección una acción popular”, agrega la acción legal, “se hace presente que este video emitido y difundido por el recurrido, además de afectar directamente al recurrente quien es una persona viviendo con VIH; ha causado indignación, revuelo y críticas transversales en la opinión pública, incluido el Colegio Médico”.
El recurso de protección señala que “la emisión y difusión del video como parte de una campaña respecto al VIH/SIDA”, perpetra diversas ilegalidades. Entre ellas, el incumplimiento de la Ley 19.779, conocida como “Ley de Sida”, porque “a través de esta norma legal, el Estado de Chile, a través del Ministerio de Salud; ha asumido obligaciones que, con la acción que se reclama, se han incumplido, ya que en la actual campaña VIH/SIDA no se ha elaborado, ejecutado ni evaluado con la participación de la comunidad. Tampoco recoge los avances de la investigación científica ni considera la realidad epidemiológica nacional”, afirma.
Del mismo modo, se hace presente la violación del artículo 2º de la Ley de Sida, que señala que «el Ministerio de Salud tendrá a su cargo la dirección y orientación técnica de las políticas públicas en la materia. Estas políticas deberán elaborarse, ejecutarse y evaluarse en forma intersectorial, con la participación de la comunidad, recogiendo los avances de la investigación científica y considerando la realidad epidemiológica nacional, con el objeto de establecer políticas específicas para los diversos grupos de la población, y en especial para aquellos de mayor vulnerabilidad, como las mujeres y los menores”.
El periodista y activista comunitario en VIH/SIDA reclama que “se ha incumplido, además, la obligación de difundir y promover los derechos que tienen las personas que viven con VIH, y por el contrario, se realiza una campaña que afecta la dignidad de estas personas, las estigmatiza y fomenta su discriminación”, transgrediendo el artículo 3º de la “Ley de Sida” estable que “el Estado arbitrará las acciones que sean necesarias para informar a la población acerca del virus de inmunodeficiencia humana, sus vías de transmisión, sus consecuencias, las medidas más eficaces para su prevención y tratamiento y los programas públicos existentes para dichos fines, poniendo especial énfasis en las campañas de prevención. Tales acciones se orientarán además a difundir y promover los derechos y responsabilidades de las personas portadoras y enfermas”.
En consecuencia, la demanda de protección señala que “esta acción ilegal, priva el legítimo ejercicio del derecho a la integridad psíquica del recurrente y de miles de habitantes de la República, que viven con VIH, derecho reconocido y garantizado en el artículo 19 N°1 de nuestra Carta Fundamental. Dicha afectación se manifiesta en que con el video emitido, se estigmatiza a las personas viviendo con VIH, fomentando la discriminación y la muerte social lo cual de forma evidente, afecta su integridad psíquica”.
Víctor Hugo Robles valoró la determinación de la Corte Suprema porque “obliga al Ministerio de Salud a informar sobre las (sin) razones de la elaboración de una campaña cuestionada por las organizaciones sociales, corporaciones médicas y parlamentarios comprometidos en la materia”. En este sentido, afirma que «permitirá mayor participación de las organizaciones sociales y cuidado en los mensajes preventivos que se envían a la población, garantizando el respeto a los Derechos Humanos de las personas que vivimos con VIH/SIDA en Chile”.
El activista recalcó que «la discriminación y criminalización por parte del Estado de Chile es ilegal y éticamente reprochable porque son precisamente los funcionarios e instituciones públicas las obligadas de respetar la Ley de Sida que establece la no discriminación a las personas que vivimos con VIH/SIDA».
