La editorial Zig-Zag fue condenada al pago de un indemnización de $15 millones por el daño moral causado a una trabajadora embarazada, después de que se acreditara que ésta fue discriminada.

La demanda laboral contra la empresa fue presentada por el abogado Rodrigo Garay, en representación de Ayleen Bustos García, quien tiene el cargo de representante de ventas en instituciones educativas en la Quinta Región, según consigna Emol.|

Según su defensa, la trabajadora fue sometida a actos de hostigamiento y acoso laboral desde diciembre de 2017, que fueron cometidos por su jefatura directa y el supervisor en terreno debido al uso de licencias médicas y feriados legales. Estos comportamientos se intensificaron en marzo del año pasado cuando Bustos informó que estaba embarazada.

Por este motivo dejó de ser convocada a reuniones, recibir llamadas, correos electrónicos y visitas en terreno. Sin embargo, la situación se agudizó cuando la citaron a una reunión con el fin de organizar su trabajo cuando se encontrara en su pre y post natal.

En la cita, a la que llegó sin ser informado de manera previa, la encargada del departamento de Recursos Humanos, le hablaron en un tono desafiante y le señalaron que contaban con antecedentes de que había cometido delitos durante su trabajo. Además de esto, la amenazaron con denunciarla si no firmaba una serie de documentos que no le permitieron revisar. Estos correspondían a un anexo de contrato de trabajo donde se daba permiso con goce de sueldo por tres meses y luego se establecía el termino de la relación laboral.

Por su parte, la empresa descartó haber vulnerado a la trabajadora, y argumentó que en la cita la mujer reconoció los hechos que se le imputaban. Junto con esto, señalaron que Bustos firmó los documentos sin presión alguna.

Sin embargo, el tribunal desestimó los argumentos de la editorial debido a que la trabajadora fue citada a la reunión con un motivo distinto. Es por esto que no correspondía que en la cita se le imputaran irregularidades, así como tampoco, que se le presentara un documento para poner término al vínculo laboral entre ambas partes.

Además de esto, el juzgado señaló que las supuestas irregularidades no fueron acreditadas mediante una auditoría interna, sino que sólo se basaron en comentarios de distintas personas.

De esta manera, la jueza Andrea Soler determinó que “que se han vulnerado sus derechos fundamentales (…) y ha sido objeto de actos de discriminación en su contra en razón de su estado de embarazo”. En la misma línea, la jurista dictaminó que se anularan los documentos que ponían termino al contrato y también ordenó que la empresa ofreciera disculpas públicas a la trabajadora una vez que ésta fuera reintegrada a sus funciones.

El tribunal también ordenó realizar una capacitación a todos los trabajadores respecto del Procedimiento de Tutela Laboral, las garantías fundamentales de sus dependientes y de las Normas de Protección a la Maternidad.