Sebastian Piera inaugura encuentro de los directores de los nuevos Liceos Bicentenario | FOTO: CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO
Expertos indican que la exclusión de proveedores de manera arbitraria «determina qué tipo de libros y qué contenidos leerán los estudiantes de todo Chile en la enseñanza escolar», perjudicando así la diversidad cultural en la educación.
Un nuevo golpe a la administración de Marcela Cubillos significa el recurso que un miembro de la Asociación de Editores de Chile presentó contra el Ministerio de Educación por «poca transparencia» en el proceso de compra de libros para bibliotecas escolares.
El principal problema se originó luego de que en agosto de 2018 la Subsecretaría de Educación publicara una Intención de Compra, señalando que sólo podrían participar aquellos proveedores que tuvieran «catalogados» sus productos.
«El catálogo es un mecanismo legal que permite la actualización de las listas de ofertas de bienes y servicios.
Sin embargo, en este llamado se excluyó a priori a miembros del convenio (para compras públicas) pertinente para la presentación de muestras en base a la que se haría una selección previa a la catalogación», señalaron desde la Asociación de Editores de Chile, que reúne a 77 editoriales independientes.
De esta forma, según informa El Mostrador, la organización acusa que la elección de los 76 títulos adquiridos se hizo de manera irregular y arbitraria.
El recurso en Contraloría fue puesto por el representante legal de LOM Ediciones –y socia de Editores de Chile– el pasado 23 de octubre. Específicamente se denuncia «poca transparencia» en el segundo proceso de compras públicas de libros para bibliotecas escolares realizada por el Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA) del Mineduc.
“La subsecretaría operó de manera opaca y con abierta falta al principio de igualdad de los oferentes, ya que en esta etapa solo convocó a algunos de los proveedores del Convenio Marco para que presentaran muestras de libros en atención a las áreas o temas planteados por el mencionado organismo público, los que fueron elegidos a través de un procedimiento desconocido, no reglado y a toda luces arbitrario”, explica el recurso presentado ante la Contraloría.
De esta forma, se invirtió $4.113.915.649 en 475.892 textos para más de 11 mil establecimientos públicos y particulares subvencionados.
Por su parte, el Observatorio del Libro y la Lectura (OLL) de la U. de Chile agrega otra dimensión preocupante, y es que este sesgo «determina qué tipo de libros y qué contenidos leerán los estudiantes de todo Chile en la enseñanza escolar», perjudicando así la diversidad cultural en la educación.
Desde el Mineduc declinaron referirse al tema, puesto que están en proceso de responder el requerimiento de la Contraloría.
