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El asesor cree que la salida del país de la comisión ligada a las Naciones Unidas permitió a los grupos criminales tener más seguridad en actuar para intimidar a personas que trabajan en las instituciones judiciales. “Lo que pasa en Guatemala es un desastre para el Estado de derecho, cuyos elementos básicos están siendo desmantelados sistemáticamente”, aseveró.
Ha pasado casi un mes desde que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales decidió expulsar del país al CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que fue creada y apoyada por las Naciones Unidas), y la crisis política en el país solo ha empeorado.
Los casos de corrupción se multiplican, pero eso no es una novedad en una nación que ha convivido con ellos de forma algo constante en las últimas décadas, pero sí resulta preocupante que el mes de enero haya sido marcado por un mayor número de amenazas y atentados en contra de jueces y fiscales que tratan de investigarla.
Tal situación fue denunciada por William Brownfield, ex secretario de Estado para Asuntos de Estratégicos del gobierno de Estados Unidos, durante un foro sobre el tema recientemente realizado por el Congreso norteamericano.
Aunque especializado en temas relacionados con la criminalidad y el narcotráfico, Brownfield afirmó que la protección de los jueces y fiscales en Guatemala está amenazada sea para los que actúan en casos relacionados al crimen organizado o para los que investigan la corrupción en la política – sin contar que esos a veces se mezclan.
El asesor cree que la salida del país de la comisión ligada a las Naciones Unidas permitió a los grupos criminales tener más seguridad en actuar para intimidar a personas que trabajan en las instituciones judiciales. “Lo que pasa en Guatemala es un desastre para el Estado de derecho, cuyos elementos básicos están siendo desmantelados sistemáticamente”, aseveró.
Las palabras de Brownfield siguen la misma línea de las manifestadas hace dos semanas por Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante una reunión con representantes del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, en la que se pautó la decisión del presidente Morales de expulsar a la CICIG del país: «Jueces, fiscales, testigos y defensores de derechos humanos se enfrentan a un riesgo cada vez mayor, lo que hace que se incrementen las tensiones entre el poder Ejecutivo y el Judicial”, subrayó la ex-presidenta chilena en ese entonces.
El argumento del presidente guatemalteco para echar a la comisión de las Naciones Unidas apuntó a que el comisionado Iván Velásquez “se excedió en sus funciones durante un año y medio en que estuvo en el país, lo que se volvió insostenible tras la negativa del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a cambiarlo o a investigar algunas de sus acciones”, según un comunicado presentado por una delegación del gobierno de Morales en respuesta a los dichos de Bachelet.
Sin embargo, críticos de la actual administración dicen que la medida del presidente fue una retaliación al apoyo de Velásquez y la CICIG a las investigaciones que resultaron en el arresto de Sammy Morales (hermano del mandatario) y José Manuel Morales (uno de los hijos del mandatario), acusados de corrupción y lavado de dinero.
En ese escenario de tensiones políticas y sociales permanentes, Guatemala se prepara para las elecciones presidenciales que definirán el sustituto de Jimmy Morales. La primera vuelta está marcada para el día 16 de junio y ya cuenta con 13 fórmulas inscritas.
