El juicio se presenta como el más importante desde la transición a la democracia en España, a partir de 1978, y en el que el país se juega el prestigio de su sistema judicial y político.
Ante un clima de máxima expectación, la mañana de este martes inició el juicio a los 12 líderes independentistas catalanes en el Tribunal Supremo español, acusados por la Fiscalía de los delitos de rebelión (con uso de violencia), malversación y desobediencia, y por la Abogacía del Estado de sedición.
Con la fase de cuestiones previas, donde las defensas criticaron la que consideran que ha sido una «vulneración» de los derechos fundamentales de los acusados durante la fase de instrucción y el trasfondo político del juicio, se prevé que el proceso se pueda cerrar antes de las elecciones municipales, regionales –en algunas partes del país– y europeas que se celebrarán el próximo mes de mayo.
Los acusados, nueve de los cuales llevan un año o más encarcelados en prisión preventiva, enfrentan distintas peticiones de pena porque no todos los casos son iguales. Para la Fiscalía, la Abogacía y Vox, el partido de extrema derecha que ejerce la acusación popular, los procesados intentaron conseguir la independencia de Cataluña, además de orquestar desde las instituciones catalanas una hoja de ruta hacia este objetivo, desoyendo así los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y otras instancias judiciales. A dos de ellos, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, activistas de las organizaciones sociales independentistas, se les atribuye un supuesto rol de agitar las calles y promover «la violencia».
Sobre quien recae la pena más alta es el entonces vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, dado que el ex presidente Carles Puigdemont sigue en Bélgica. Junqueras se enfrenta a una petición de 25 años de cárcel por los presuntos delitos de rebelión y malversación; la Fiscalía reclama para él 12 años de prisión por sedición y malversación, mientras los ultraderechistas de Vox elevan su petición hasta los 74 años de privación de libertad, por dos supuestos delitos de rebelión y malversación. Otra de las peticiones de pena más altas pesa sobre la ex presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. La Fiscalía le pide 17 años de prisión e inhabilitación por un delito de rebelión, mientras que la Abogacía reclama 10 años de cárcel e inhabilitación por sedición.
Por otra parte, las penas más reducidas las enfrentan tres de los representantes políticos, hoy en libertad condicional, a quienes la Fiscalía pide 7 años de cárcel por desobediencia y malversación de caudales públicos.
La estrategia de las defensas de los 12 enjuiciados pasa por denunciar una regresión en materia de derechos en España, más allá de lo que atañe al proceso independentista, y que ha acabado con cantantes, actores activistas enjuiciados. También aseguran que en todo momento han actuado de manera cívica, pacífica y sin saltarse las leyes.
Por otro lado, la Fiscalía sustenta sus tesis en la supuesta violencia en el llamado «Procés», como se conoce a las acciones que se llevaron a cabo hasta el día del referéndum del 1 de Octubre. Vox, por su parte, repite la palabra «violencia» hasta en 57 ocasiones en su escrito de acusación. Si se dio o no violencia es, precisamente, la clave del juicio. Organizaciones judiciales, catedráticos y otros expertos han defendido que el tipo penal de la rebelión no calza con este caso. De hecho, varios tribunales europeos, de Alemania y Bélgica, rechazaron extraditar por esos mismos delitos a ex miembros del gobierno catalán que se refugiaron en estos países para evitar la cárcel.
El proceso catalán, la convocatoria del referéndum, su celebración y la arremetida judicial en contra de los líderes independentistas –activistas y representantes políticos– ha tenido un fuerte impacto en la sociedad catalana y española a nivel social, político y económico. El juicio se presenta como el más importante desde la transición a la democracia en España, a partir de 1978, y en el que el país se juega el prestigio de su sistema judicial y político. Sin embargo, la prisión preventiva de los procesados, la construcción de un relato de la Fiscalía y el juez instructor basado en la «violencia»; y las «vulneraciones» de derechos de los acusados que las defensas vienen denunciado desde hace meses, ha llevado a los procesados a plantear ese juicio como un trámite para llegar a Europa, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, la última instancia donde apelar y donde tienen las esperanzas depositadas.
