¿Una nueva “cofradía” o “familia” en Rancagua?

La iglesia católica se ha visto involucrada en casos de abuso sexual, de conciencia y pedofilia. Poco a poco comenzaron a surgir denuncias, que fueron constituyendo una realidad que en este momento es innegable, pero no siempre fue así. Al principio se generó una defensa cerrada del círculo cercano de los acusados, no les importó hacerse cómplices, encubriendo y amedrentando, no se tomaron en cuenta las denuncias, desprestigiaron a los pocos disidentes que se atrevían a hablar, denunciar o apoyar a los y las denunciantes. Las pocas investigaciones hechas no encontraron culpables y se hablaba del daño que le estaban haciendo a la Iglesia con sus denuncias. Se fue generando un ambiente de miedo y hostilidad que impidió, por un tiempo, más denuncias.

Pero la verdad, tarde o temprano va saliendo a la luz, sin duda con un costo personal importante para quienes valientemente han denunciado y las personas que les apoyaron.

Las instituciones se defienden corporativamente cuando se sienten atacadas, muchas personas pertenecientes a dichas instituciones son capaces de darse cuenta de errores, delitos e ilegalidades, pero “prefieren” el silencio. La imagen es más importante y se toman decisiones “por el bien superior de la institución”, no importando los heridos que queden en el camino, no importando las personas, lo realmente importante es la institución. Lo que hay que cuidar es el “proyecto” y “la misión”, los cuales se pueden ver dañados por las denuncias. Esto a menudo salpica a los directivos, y se disfraza con una defensa institucional para evitar daños personales.

Al interior de estas instituciones, se van generando lealtades mal entendidas, donde cualquier postura diferente a la oficial y determinada por las autoridades, se trata de acallar incluso con amenazas soslayadas, que se hacen más directas dependiendo del grado de peligro que se siente, así como de la jerarquía y dependencia existentes.

Lamentablemente, Rancagua no estuvo ajena a esta realidad con la denominada “Familia” que perpetraba sus abominables delitos incluso en plena diócesis, allí surgieron graves denuncias de abuso sexual, caso que actualmente se encuentra en los tribunales de justicia.

Estos últimos meses, nos hemos enterado de situaciones que deben investigarse ahora en la naciente Universidad de O’Higgins (UOH), este gran proyecto regional. Las carreras académicas de dos neurocientíficas, quienes poseen incluso proyectos en curso por más de 90 millones de pesos, se ven coartadas gravemente, tal vez para siempre. Una de ellas, la Dra. Vania Figueroa nunca más podrá volver a acceder a otro proyecto de inserción de este tipo (de acuerdo a las bases de Conicyt-Comisión Nacional Científica y tecnológica), por ejemplo.

Ellas se convirtieron en las primeras y por ende las únicas académicas a las que no se les ha renovado su contrato en la naciente Universidad. Su desempeño fue analizado por quienes fueron acusados de hostigamiento laboral por una de ellas, Karina Bravo, donde testificó a su favor, Vania Figueroa. Al leer los análisis de desempeño disponibles públicamente por el recurso de protección interpuesto por Karina Bravo, resulta que uno de informes fue solo de forma verbal y hay otro que tiene fecha posterior a la resolución de la no renovación de los contratos. Llama la atención que hasta ahora nadie de la Universidad haya reconocido el más mínimo error y que prefieran enfrentar a los tribunales de justicia, dar explicaciones en la Cámara de Diputados, el Senado o irse a otra Universidad. El rector Correa por su parte al dar su testimonio en la Cámara de Diputados, dice que su decisión fue al “evidenciar” que ambas académicas no tenían voluntad en avanzar en sus carreras académicas.

¿Cuáles fueron los criterios objetivos de tal decisión? ¿Estos criterios, porque supongo hay criterios objetivos en esta decisión, se utilizaron para todos los académicos de la Universidad?, ¿se consideró la inexistencia de laboratorios de investigación en Universidad de O’Higgins? No hay respuestas, sólo el silencio ha rodeado esta decisión.

Y comienzan a surgir nuevas preguntas:

¿Consideraron el capítulo del libro de Vania Figueroa, sobre Mujeres en Ciencias (2018) con afiliación de la Universidad de O’Higgins?

No, no es considerado por no ser su tema de investigación, según los análisis de desempeño…

¿Y qué pasa con el reconocimiento de Karina Bravo como neurocientífica joven otorgada por la Sociedad Chilena de Neurociencias a fines del 2018?

Obvio. Lo consideraron como otra muestra de su nula voluntad en avanzar en su carrera académica…

El claustro del Doctorado de neurociencias de la Universidad de Valparaíso, el Doctorado de neurociencias de la Universidad de Santiago y prominentes académicas como Gloria Montenegro, profesora titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile y primera latinoamericana en recibir el Premio Woman in Science de L’oreal, y Cristina Dorador, académica de la Universidad de Antofagasta, conocida nacionalmente por su destacada participación en investigación y divulgación, se han pronunciado hasta ahora. Sólo el silencio han recibido como respuesta por parte de las autoridades de la Universidad. Mismo silencio que ha tenido hasta ahora la Universidad de Chile, pese a ser la institución que posee tutela sobre la UOH.

Pueden pasar meses o años para conocer la verdad judicial, que no necesariamente coincidirá con lo éticamente correcto y mientras tanto, surge la pregunta ¿En la región de O’Higgins se ha formado una nueva “familia” o “cofradía”?

Sólo el tiempo lo dirá.