A diez años de la implementación de la Ley de Igualdad Salarial no hay cambios: La brecha sigue vigente

En 2009, un año antes de que finalizara el primer gobierno de Michelle Bachelet, se anunció la medida que pondría fin a las diferencias de la brecha salarial entre hombres y mujeres. En su momento fue anunciada por Bachelet como «un hito en la lucha contra la discriminación que sufren muchas mujeres».

La Ley de Igualdad Salarial Nº20.348 establece que “el empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funde entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad”, pero las cifras siguen demostrando lo contrario.

Según datos  revelados por La Tercera, desde que se promulgó la Ley de Igualdad Salarial la brecha sólo ha disminuido 1,4 puntos porcentuales. Traducido en ingresos, una trabajadora recibe en promedio mensual $733.584 mientras que un hombre percibe $837.686 por el mismo trabajo. En 2016 alcanzó un 14,3% , durante 2017 bajó a un 12,6% y al cierre de 2018 se encontraba en un 12,4%. 

La académica de la Universidad de Talca y ex asesora de género del Ministerio de Hacienda, Andrea Betancor sostuvo para La Tercera que “debemos considerar que la ley no ha resultado efectiva en cuanto a reducir la brecha salarial. Ha servido solamente para visibilizar el problema, pero no ha generado un mecanismo efectivo para reducirla cuando ésta se detecta ante igual cargo”.

Cabe destacar que los años menos auspiciosos para las mujeres desde que se implementó la Ley de Igualdad Salarial fueron durante 2011 y 2015, durante el primer mandato de Sebastián Piñera y el primer año del segundo gobierno de Bachelet, superando el 15% todos los años. 

En la actualidad, las áreas de desarrollo económico en que estas diferencias se hacen más evidentes, es en pesca (27,3%), administración de edificios y condominios (27,1%); y explotación de minas y canteras (27%). Les siguen la industria manufacturera no metálica (23,6%), compras por mayor y menor (23%) y enseñanza (21,7%).

Las áreas laborales que poseen una menor brecha son transporte, almacenamiento y comunicaciones con un 3,1%, seguida de otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales con 9,1%.

Según estadísticas de la Dirección del Trabajo, se han presentado 120 denuncias desde su promulgación hasta junio de 2018. La mayor cantidad de éstas se ejecutaron en 2017, llegando a 21 a nivel nacional.