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Félix Avilés relata algunos de los episodios que aún no se conocen del caso que este lunes 25 llega a juicio oral en los tribunales de Valparaíso. Cuenta que la familia supo que el pitonero que disparó a su hijo llevaba más de 30 horas sin dormir; que él mismo pidió a la presidenta llevar el proceso por la justicia ordinaria y no a través de los tribunales militares; y asegura que el asesinato de Camilo Catrillanca ha sido lo que más le ha quebrado después del la agresión contra su hijo.
Rebozado de libros, documentos y carpetas, Félix Avilés revisa los últimos detalles del juicio que el próximo lunes 25 enfrenta como abogado querellante del caso de Rodrigo Avilés, su hijo. En el proceso lo acompañará un equipo formado por los letrados Cristián Cruz, querellante en el caso Caravana de la Muerte y responsable del arresto del ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, y Sebastián Velázquez, también vinculado a varias causas de Derechos Humanos.
Hace días que Avilés trabaja totalmente dedicado a preparar la acusación en contra de Manuel Noya, el ex carabinero que disparó el chorro de agua contra Rodrigo Avilés durante las protestas del 21 de mayo de 2015 en Valparaíso. En su despacho, ubicado en pleno centro de Santiago, recibe a El Desconcierto con buen humor y la disposición de explicarse durante el tiempo que sea necesario. Después de más de tres años sin prácticamente hablarse del tema, el emblemático caso de Rodrigo volverá a saltar a la opinión pública para apuntar –otra vez más– al actuar de Carabineros durante las movilizaciones de la cuenta pública de hace cuatro años. Eso, mientras la institución aún no cierra su crisis por el asesinato de Camilo Catrillanca.
Antes de empezar la entrevista, el padre del joven hace memoria. Recuerda que su hijo recibió un impacto de ocho bares, “como si su cuerpo hubiera chocado con un muro de contención sin protección a una velocidad de 120 km/h”, apunta. “Sin embargo, sobrevivió”, suelta después de un silencio.
Además de afortunado, se siente agradecido. Cree que si el golpe que recibió su hijo lo hubiera recibido algún compañero o compañera que estaba junto a él, “sin duda, habría muerto”. Es consciente de que las redes que tenía entonces le ayudaron a salvar la vida de su hijo. Y lo cuenta sin tapujos: “El día 29 me informaron que era posible que saliera del coma inducido y hubo un despliegue estatal para llevarlo a Santiago [desde el Hospital Van Buren de Valparaíso]». Relata que Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, le había llamado para decirle que «Rodrigo era de la Católica y que quería que saliera caminando desde su casa y no de otro lado”. De Sánchez, también subraya su «bondad y empatía» por haber sido “capaz» de exigir ante las cámaras «la individualización de todo el alto mando implicado». Y añade con rotundidad: “Ningún rector hace eso, ni siquiera los que se llaman más demócratas”.
Antes de escuchar la primera pregunta, cierra su propia explicación: “Lo que más quería era volver a ver la imagen de Rodrigo junto a su hermana. Ahora la veo”.
Rodrigo Avilés tras su primera alta medica el 21 de julio de 2015 / Agencia Uno
– ¿Cómo está ahora Rodrigo?
– Ha superado todos los pronósticos médicos. Cerró su tema académico y dio un muy buen examen de grado en la UC. El año pasado postuló para entrar en dos diplomados, uno en la UCH y otro en la UC. Lo aceptaron en los dos y los hizo simultáneamente. Quería probarse y los dos salieron muy bien. Cognitivamente y en el aspecto motor, está muy bien. Sus mejores pronósticos eran de una recuperación en torno al 40 o 50%. Sin embargo, yo creo que hoy debe de estar en un 95% en esos aspectos. Pero hay un tema más largo y permanente: el emocional, cómo él se aproxima y apega a la vida. Antes de todo eso él se perfilaba en la academia y creo que está haciendo un gran esfuerzo para recuperar esa expectativa.
– Después del boom mediático que tuvo el caso en su momento, se hizo un silencio de varios años. Se ha seguido poco el tema. ¿Cómo se ha llegado hasta acá?
– Nos hemos querellado contra el pitonero que disparó, Manuel Noya. El proceso de investigación fue complejo porque Carabineros y Fuerzas Especiales siempre ejecutan políticas de autorresguardo y hay una defensa corporativa muy fuerte. Hasta hoy, toda la acción judicial que ha habido tiene relación con el autor material del hecho, porque el derecho penal en Chile es personalísimo y no podemos perseguir a la institución. Tenemos que perseguir responsabilidades personales. Hubo un juicio abreviado, pero lo rechazamos porque la defensa de Noya quería que aceptáramos un condena remitida de un año y medio. Evidentemente, decidimos ir a juicio oral aunque podemos salir para atrás.
– ¿Cómo van a actuar como querellantes?
– En el juicio hay tres partes que concurren contra el ex sargento Noya. El Ministerio Público, que acusa a este señor de lesiones graves y pide una pena de 540 días que, a mi juicio, es irrisoria. Si eso es así, lo más probable es que yo termine pidiéndole disculpas a ese señor por tenerlo en un juicio. Luego, hay el INDH, que se hizo parte querellante y acusa a Noya de homicidio frustrado y pide una pena de entre 10 y 15 años. Y nosotros, que le aplicamos su propia legislación: el Código de Justicia Militar en su artículo 330 núm. 2. Éste habla de ‘violencia innecesaria’ con resultado de lesiones graves, y se penaliza con entre tres y diez años. Estamos pidiendo diez. Lo que está probado son las lesiones graves y lo que acusamos es la violencia innecesaria.
– ¿Qué saben del ex agente Noya?
– Fue dado de baja en un decreto especial, pero es una baja con todos los beneficios, es decir, se va de la institución como si jubilara, con todo en el bolsillo. Además, siguió vinculado a Carabineros en alguna acción laboral remunerativa que nosotros reclamamos, pero que nunca quedó claro qué hacía y cómo lo hacía. Cuando Carabineros vio que esto se fue complejizando y que Noya iba a ser condenado, fueron abandonándolo. Mi apreciación personal es que el ex agente hoy no tiene ni el respaldo institucional ni la defensa corporativa que tuvo al inicio. Su defensa es institucional, es decir, lo defiende un abogado de Carabineros de Chile, un abogado pagado con el presupuesto de la nación. Eso significa que mis impuestos contribuyen a pagar al abogado que defiende a la persona que casi mata a mi hijo. Es un sinsentido.
– Él dijo que había sido un “lamentable accidente” y mantuvo que nunca vio a Rodrigo cuando operaba el carro lanza agua.
– Eso es mentira, pero no te puedo hablar mucho de esto ahora porque forma parte de la estrategia judicial. Sin embargo, puedo decir que tenemos la certeza absoluta de que todos los elementos justificatorios de su actuar no se condicen con la realidad y que van a ser probados en el juicio.
– ¿Ha habido algún acercamiento distinto, alguna señal de Carabineros hacia ustedes, desde que se han producido cambios en el alto mando de la institución?
– Nada afecta ni influye el proceso que estamos llevando. La querella no es una acción judicial que cierra el tema de Rodrigo. Estoy convencido, como se lo dije al general Bruno Villalobos en su momento, que aquí lo que hay es una conducta represiva que se repite cuando la ciudadanía se organiza y se manifiesta: fue en Aysén, en Freirina, en la Araucanía, en Santiago, en Valparaíso… Eso no es porque ha habido errores por parte de quienes cometen el delito, sino que hay una cultura institucional en la que la forma de solucionar o acallar los conflictos sociales es a través de la represión y saltándose todos los protocolos. Si tengo esa convicción, no puedo permitir que la responsabilidad sólo recaiga sobre el autor material, que es un señor que anda metido en un carro 30 y tantas horas sin dormir. Por eso, hemos ingresado una querella para determinar la responsabilidad penal de todo el alto mando que tuvo algún tipo de participación en este hecho.
– ¿Noya llevaba más de 30 horas sin dormir?
– Supimos de buena fuente que ese día a los carabineros los tuvieron 30 y tantas horas sin dormir arriba de un camión.
/ Agencia Uno
– ¿Qué le pasó por la cabeza el día que conociste la muerte de Camilo Catrillanca?
– [Hace un silencio de varios segundos] Me dio una profunda pena, hasta el día de hoy lo vivo con mucha pena. No sólo porque no hubo el resguardo de la vida, la protección, ni [tuvieron] las redes, sino porque no han entendido nada. Tenemos una policía militarizada que es capaz de accionar contra la vida a cualquier costo, a cualquier precio. Los casos de Camilo Catrillanca y Rodrigo Avilés son emblemáticos en ese ámbito. Con todo el dolor que significan las otras vidas que han quitado, lo de Catrillanca, después de Rodrigo, ha sido lo que más me quebró.
– ¿Cómo observa el actuar del gobierno de Piñera en este caso?
– Creo que no está actuando y que se ha lavado las manos. El peligro es que pase lo mismo que con el caso de Rodrigo: que el foco termine siendo la responsabilidad individual. Sin embargo, la conducta desplegada por esos funcionarios de FF.EE. no es una arrancada de tarros. Aquí hay lógicas institucionales: hay un abogado de la institución que miente, un general de la institución que miente, un general director que protege, responsabilidades políticas y una responsabilidad del Estado. Ésta tiene que ver con hacer lo que no han hecho ni los gobiernos de la Concertación no los gobiernos de derecha: repensar la institucionalidad de Carabineros y darle la reforma correspondiente.
– Entre los casos de Rodrigo y Camilo Catrillanca hay tres años y medio de distancia, un gobierno de Bachelet versus otro de Piñera; y Jorge Burgos versus Andrés Chadwick al frente del Ministerio de Interior. ¿Cree que hay similitudes a nivel político en ambos casos?
– Burgos fue un gran protector de Carabineros y no ha entendido nunca la real necesidad de transformar la institución. Fue un gran obstáculo para que se avanzara en el reconocimiento de la verdad por parte de la institución. No buscó diferenciarse e incomodar, sino proteger las instituciones que sostienen el poder. En el caso de Rodrigo, tengo la mala sensación, por su parte, de una conducta de Estado encubridora. Con Chadwick sucede exactamente lo mismo, pero con una diferencia: viene de una cultura de la violencia desde muy joven. Yo fui testigo presencial de la violencia física con que actuaba en el Campo Oriente de la UC, ordenando a su ejército de orcos, la gente gremialista, para acallar las voces de protesta de la disidencia en dictadura. Fui testigo de los golpes que daba a compañeras nuestras mujeres. Hay una declaración de Chadwick donde dice que si por defender el orden y lo que ‘hemos construido’ tiene que golpear y aplicar la violencia, no dudará en aplicarla. Burgos es uno de los mejores escuderos de los poderosos y Chadwick siempre expuso que era un orco violento capaz de agredir a quien pensaba distinto.
– Pese a todo, el juicio se celebrará en un tribunal ordinario, y no por la vía de la justicia militar.
– Cuando ocurrió lo de Rodrigo, tenía claro que llevar el caso judicial a través de la justicia militar era la crónica de una muerte anunciada. La justicia militar en este país ha certificado la impunidad. Las defensas corporativas y la arbitrariedad del procedimiento concluían en el sobreseimiento de todos los uniformados con responsabilidades en delitos comunes contra civiles, lo que generaba impunidad e impudicia. Por ejemplo en el caso de Manuel Gutiérrez: el carabinero confesó que –con dolo– cambió su arma, salió a escondidas, mató a Manuel Gutiérrez, limpió el arma, le cambió los casquillos y la metió al repositorio. No confesó hasta que se vio acorralado y, sin embargo, terminó con una pena remitida de 400 días.
– ¿Pensaba que podía ocurrir lo mismo?
– Sabía que llevar el caso a justicia militar hubiera sido un desastre [Aún no se había aprobado la reforma de la Justicia Militar, promulgada en noviembre de 2016]. Algo me hizo click y entendí que lo que le pasó a Rodrigo no puede pasarle a nadie más. Quise transformar ese episodio en un punto de quiebre en el tratamiento judicial de estos casos. Por eso, solicité formalmente a la presidenta [Michelle Bachelet] que la competencia la tuvieran los tribunales ordinarios y su gran compromiso fue decirme ‘no te preocupes, así va a ser’. Ella habló con el fiscal nacional y él instruyó que esto no fuera a tribunales militares. Nuestra gran pelea fue, además, modificar el código de justicia militar, para que todos los actos constitutivos de delito cometidos por un funcionario uniformado y con efecto de lesión o muerte de un civil no llegaran a tribunales militares, sino a los ordinarios. Por eso, hoy, un caso como el de Catrillanca se juzga en la justicia ordinaria.
– ¿Cómo enfrenta un juicio en el que es abogado y papá de la víctima del acusado a la vez?
– Hay un tema para mí: no soporto las imágenes. No lo tengo superado. Es mi hijo… Estos días preparando el juicio, hemos estado chequeando y aún me conmuevo. Me meto en una burbuja de pena y bronca. No sé qué va a pasar con eso, el equipo sabe que en algún momento puedo retirarme de la sala. Lo más probable es que en esos momentos me reste o termine jugando con el celular.
