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La política del destierro

Por: Martina Cociña Cholaky | Publicado: 22.02.2019
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El gobierno danés, aliándose con el extremista partido popular, ha aprobado una serie de medidas para detener las llegadas de extranjeros, rechazando las solicitudes de asilo y restringiendo su ingreso. Hace unos meses el parlamento aprobó el presupuesto para acondicionar la isla de Lindholm para trasladar a foráneos que no consiguieron asilo político en Dinamarca o no se encuentran con los papeles en regla. De esta manera se adopta el discurso xenófobo del partido popular, cuyos miembros han publicado un vídeo haciendo referencia a la isla de Lindholm, en que subrayan que “hasta que no nos podamos deshacer de los migrantes, les trasladaremos ahí con policía a todas horas”.

La retórica antimigración se ha manifestado con fuerza en el último tiempo en Dinamarca, en el gobierno de centro derecha, que haciendo suyas las consignas excluyentes, ha modificado el enfoque de integración a repatriación, dejando a los refugiados en un estado de provisionalidad; por eso, Amnistía Internacional ha denunciado que, con la aprobación del proyecto de los presupuestos del 2019, la desposesión se utilizará como herramienta de disuasión, en tanto se reducirán las ayudas sociales a los migrantes, que apenas les alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

El gobierno danés, aliándose con el extremista partido popular, ha aprobado una serie de medidas para detener las llegadas de extranjeros, rechazando las solicitudes de asilo y restringiendo su ingreso. Hace unos meses el parlamento aprobó el presupuesto para acondicionar la isla de Lindholm para trasladar a foráneos que no consiguieron asilo político en Dinamarca o no se encuentran con los papeles en regla. De esta manera se adopta el discurso xenófobo del partido popular, cuyos miembros han publicado un vídeo haciendo referencia a la isla de Lindholm, en que subrayan que “hasta que no nos podamos deshacer de los migrantes, les trasladaremos ahí con policía a todas horas”. La ministra danesa de “migración e integración”, en vez de criticar dicho registro, ha declarado que “no los queremos aquí y se lo haremos notar”.

De este modo, en nombre de la ley y el orden, el año 2021 se trasladará a 125 migrantes a esta isla situada a 700.000 metros cuadrados al sur de Copenhague y conectada únicamente con un ferry al día. Se invertirán cien millones de euros en instalaciones de alta seguridad, para acondicionar su llegada. Este islote que actualmente se usa para investigar enfermedades infecciosas, se modificará para recibir a quienes no se pueda deportar, a quienes cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas y quienes hayan cumplido condena. La ministra de “migración e integración” sostiene que la finalidad es enviar el mensaje de que estos extranjeros no tienen ningún futuro en Dinamarca.

Este plan se inserta en una serie de medidas que se han implementado en dicho país desde el año 2015, que ha disminuido su cuota de asilados en más de la mitad, una política  expresada en una fuerte retórica nacionalista y proteccionista, que se resume en: antimigración, en que quienes arriban no son bienvenidos, por lo que dicho país no sólo les cierra sus puertas, sino también les niega protección y además, a quienes logran llegar, les dificulta su existencia, al punto de desterrarlos a una isla.

En Copenhague ha habido marchas para criticar este plan, para decir basta a decisiones que amparadas en prejuicios y estereotipos segregan a los que se desplazan; una parte de la ciudadanía se ha manifestado para frenar esta política xenófoba, que ha impedido el ingreso de foráneos y ha hecho de la intolerancia, los anhelos proteccionistas y los discursos nacionalistas el quid de la política migratoria danesa.

Sobre el particular, Michelle Bachelet, como Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, se pronunció señalando que los flujos de personas deberían abordarse de una manera segura y humana, de modo no de producir más daño. Subrayó que probablemente este plan danés genere un grave daño, por lo que no se debiera replicar.

Es esencial reflexionar cómo se ha llegado a este extremo, cómo es posible que se aprueben presupuestos para desterrar a personas por el mero hecho de no contar con los documentos para residir de manera regular, cómo una autoridad como la ministra de migración e integración afirma que un colectivo de personas es indeseado y que no tienen ningún futuro en su país, cómo un parlamento aprueba recursos para su adopción, en fin, cómo es posible que en un país que se denomina democrático se implemente una política de destierro.

La exclusión de los “prescindibles” no es propia de la época contemporánea, sino que constituye una constante histórica. Hannah Arendt, en “Los orígenes del totalitarismo” advierte que lo que no tiene precedentes no es la pérdida del hogar, sino la imposibilidad de encontrar uno nuevo, por eso subraya que lo insólito es que de pronto ya no existiera sitio en el mundo al que los migrantes pudieran ir sin encontrar las más duras restricciones. Dinamarca es un buen ejemplo de esta política restrictiva, que imposibilita el encuentro de un nuevo hogar a quienes se desplazan.

Desterrar a los extranjeros “indeseados” a una isla no sólo deja al descubierto la incapacidad política del gobierno danés para abordar la pluralidad que lleva consigo la inmigración, sino también expone las falencias de un sistema que se dice democrático, y no tiene los menores ambages en excluir a un colectivo entero de personas, por el simple hecho de no haber nacido en su territorio. Por eso este plan de aislamiento es una vergüenza para la humanidad, constituye una política perversa que es fundamental criticar y denunciar todas las veces que sea necesario. No es posible seguir por esta deriva xenófoba. Urge hacer frente a políticas de esta naturaleza.  Ya es hora de comprender que la movilidad humana no se debe abordar excluyendo al otro, sino asumiéndolo, con toda su complejidad. Sin duda se trata de una compleja tarea, pero a la cual no se debe renunciar.

Martina Cociña Cholaky