“¡Vamos a la Pública!”: La campaña busca fortalecer las escuelas públicas y la comunidad escolar

Son un grupo de apoderados de las comunas de Providencia, Ñuñoa y Recoleta. Viven distintas realidades socioeconómicas pero se encontraron con un problema en común: la dificultad de conseguir lograr vacantes para sus hijos en las escuelas públicas de sus comunas.

De la unión de sus voluntades y del ideal de que el Estado debe cumplir con el deber de entregar educación pública y de calidad, financiada por los impuestos que uno paga, nació recientemente la campaña “¡Vamos a la Pública!”, la que trata de hacer correr la voz de sus ideas para que otros padres y madres se sumen a sus planteamientos.

“¡Vamos a la Pública!” es una iniciativa recién nacida. Ha tenido sus primeros encuentros entre diciembre y enero, luego de que diferentes madres y padres se reunieron por sus dificultades en encontrar cupos para sus hijos en escuelas públicas de la Región Metropolitana.

Actualmente son un total de 15 familias organizadas, de las cuales la gran mayoría no ha logrado ingresar a sus hijos en alguna pública de su comuna por la falta de cupos – algunas de ellas terminaron matriculando a los pequeños en una particular, para no perder el año escolar, mientras otras siguen esperando surgir una vacante pública, aunque la posibilidad de encontrarlo parezca improbable.

Entre los apoderados que conforman este primer equipo de la campaña están Andrea Carabantes y Lilith Kraushaar, dos mujeres chilenas que vivieron en Brasil y cuyos hijos son brasileños-chilenos. Las dos viven en Providencia y no han conseguido cupos para sus hijos en las escuelas públicas de la comuna. Además de la falta de cupos y de la falta de movilidad de las listas de espera, ellas reclaman de poca receptividad por parte de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia para con su solicitud.

“Cada vez que vamos a la Corporación nos dicen lo mismo, están aguardando los cupos, quedamos en lista de espera, pero incluso el discurso está tan ensayado que ya nos dicen que si no hay vacantes habrá que buscar lugar en la educación particular, e ya lo repitieron tantas veces, en diferentes escenarios, que una empieza a pensar que se te están forzando a ir a las particulares”, relata Kraushaar.

Además, las dos madres creen que parte la negativa para sus casos se da por razones sociales, porque son de familias de clase media. Ambas reconocen su condición, pero reclaman que también la clase media requiere y necesita de la escuela pública. “No es que la clase media tenga la posibilidad de pagar, la clase media lo que tiene es capacidad de endeudamiento y a veces se ve forzada a ir a la particular porque no hay cupos en la pública”, alega Carabantes.

“No es una cuestión de gusto, yo soy una persona de clase media pero también necesito esos espacios públicos, no solo por una cuestión financiera sino también para enseñar a mi hijo que él tiene ese espacio y ese derecho, y que no todo tiene que ver con comprar algo. Sino la idea de libertad de elegir que algunos sectores defienden termina siendo un argumento falaz, preso a una lógica consumista, como la libertad de elegir un producto, y en el caso de la educación particular es producto tan caro que termina siendo la libertad de con quien me voy a endeudar”, completa Kraushaar.

Por lo mismo, una de las principales demandas de la campaña es la creación de nuevas escuelas públicas ante la necesidad de ofrecer cupos en la enseñanza pública a las familias de clases bajas, de clase media e incluso de clases altas que se interesen por tener a sus hijos en instituciones. Carabantes agrega que este sería un verdadero marco de convivencia entre clases sociales, por lo que aprovechó de criticar a la llamada Ley Machuca: “Poner a una niña o niño de clase baja en un colegio de ricos no sirve de nada, porque no serán incluidos ni ellos ni sus padres en la comunidad escolar, los tratarán como unas rarezas dentro de su ambiente, mientras que en una escuela pública que esté abierta a todos los extractos sociales podría haber una mezcla social real, donde los diferentes mundos en igual dimensión buscarán reconocerse y aceptarse”.

Otro problema apuntado por las dos activistas es que muchas veces las razones sobre la falta de cupos incluyen alusiones a inmigrantes y personas de otras comunas. “A veces no llega al nivel de ofensas más abiertas pero es la típica excusa que trata de zafarse fomentando el estigma, cuando no es ese el verdadero problema. El problema es que nuestras comunas tienen que crear más cupos en las escuelas públicas, sean para familias chilenas o inmigrantes”, critica Andrea Carabantes, que vivió en Brasil por más de una década y que llevaba a su hijo a escuelas brasileñas hasta el año pasado. “Yo fui una madre inmigrante y me siento ofendida cuando tratan ponerles la culpa de esa forma”, agrega.

Sobre la ocupación de vacantes escolares entre comunas, las activistas reconocen que el problema en otras comunas es otro, a veces sobran cupos y en algunas escuelas donde sobra demasiado hay incluso la amenaza de cierre de escuelas. “De hecho, en algunas comunas los inmigrantes son justamente los que han salvado a esas escuelas de cerrar las puertas”, recuerda Carabantes.

Por eso, la iniciativa de reunir apoyos de familias de diferentes comunas de la Región Metropolitana e incluso de otras regiones incluye, junto con la demanda de la construcción de nuevas escuelas y la creación de más cupos en escuelas públicas, una otra por una política nacional de trato más igualitario en favor de las estructuras de esas escuelas. “Es una demanda por cantidad y también por calidad para todos, y para que una familia no se vea en la necesidad de buscar un cupo que está lejos porque la escuela de su comuna no es buena, hay que combatir también esas desigualdades, pero eso se hace con la participación de las comunidades y de los apoderados demandando los cambios”, explica Lilith Kraushaar.

/ Agencia Uno

Admisión Justa y Comunidad escolar

La campaña “¡Vamos a la Pública!” sirve de contrapunto a Admisión Justa, uno de los proyectos prioritarios del Ministerio de Educación que busca reinstalar mecanismos de selección en la admisión a los liceos y escuelas públicas, mientras que la idea del movimiento de Andrea Carabantes y Lilith Kraushaar es aumentar el número de vacantes para que eso no sea necesario, y además abrir más espacios de participación para los padres en el quehacer de las escuelas.

En ese sentido, las activistas dejan clara su oposición a la iniciativa liderada por la ministra Marcela Cubillos, la que consideran una política basada en una lógica elitista “en un sistema que por sí ya es elitista y privatizado al extremo, por lo que profundizar eso choca de frente con lo que esperamos de una política que fortalezca la educación pública, la participación ciudadana en la comunidad escolar y el principio de solidaridad que debe haber en la comunidad”, según Kraushaar.

Sin embargo, ellas no cierran la puerta para un posible encuentro con la titular de Educación caso ella se interese por conocer sus ideas. De hecho, los primeros planteamientos de la campaña han sido enviados a parlamentarios de diferentes sectores, y han tenido al menos dos interesados: los diputados frenteamplistas Tomás Hirsch y Gonzalo Winter, que las han invitado a conversaciones acerca de la propuesta. También se está negociando una reunión con el Colegio de Profesores.

Además de los apoyos, la campaña también busca sumar ideas que vengan a fortalecer la educación pública, aunque sea con ejemplos de afuera. De hecho, la experiencia de Andrea Carabantes en una escuela pública de São Paulo también inspiró a la campaña.

“Yo tenía a mi hijo en un jardín infantil privado hasta que vi un video de una activista que hoy es co-diputada regional en São Paulo recomendando llevar a los hijos a la escuela pública, y ella nos decía ‘¿por qué pagar por la educación si puedes llevarlo a una escuela pública?’. Lo hice, y lo interesante de esa experiencia fue haber encontrado mecanismos que favorecen a la participación democrática, como los consejos escolares, donde participan los apoderados y los gestores de la escuela para decidir cómo se utilizan las platas y qué medidas hay que tomar ante cada cuestión”, relata Carabantes.

Ella compara con cómo funciona esas estructuras en Chile y ve que si bien existen espacios similares, como los Centros de Padres, “lo de acá es una participación muy cosmética, los apoderados no se involucran en las decisiones, ni siquiera se fiscalizan los proyectos pedagógicos, sino que solamente deciden sobre la formatura del octavo básico, un evento de conclusión de curso, uno que otro viaje pedagógico durante el año y nada más”. Andrea cuenta que la comunidad de apoderados de la escuela de su hijo en São Paulo, de la cual participó hasta el año pasado tenía espacio para decidir el uso del presupuesto, el uso de los espacios de la escuela y la línea pedagógica que iba a seguir el establecimiento, lo que era debatido por los padres en asamblea, considerando los distintos puntos de vista.

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