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Junto a la notificación de expropiación, el Serviu de El Maule informó los montos que recibirían estas familias por sus propiedades: entre 12 y 17 millones, que no se acercan al costo real de una propiedad en la región. A más de un mes de esta negativa noticia, el abogado representante de los afectados por esta situación acusa mediante El Desconcierto tasaciones arbitrarias en los montos ofrecidos por el gobierno.
El pasado 15 de enero, el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la región de El Maule notificó la expropiación de sus departamentos a 69 familias de la Villa Las Américas de Talca. Tres páginas completas en el diario regional La Prensa -con el detalle de cada acto expropiatorio- da cuenta de la problemática situación que enfrentan estas personas que deberán abandonar y ver destruidos los hogares en los que se han desarrollado durante toda su vida.
Sin embargo, las cosas no siempre fueron a terminar de esta manera. Así lo explica, Angie Hernández, residente del lugar, quien cuenta que durante la administración del Serviu en el gobierno de Michelle Bachelet, la noticia fue distinta. Allí se les prometió que se reconstruirían las viviendas ampliadas y se trabajaría en dotar de mejores condiciones la conectividad del sector. Sin embargo, estos compromisos no se materializaron bajo el mandato de la ex presidenta.
«En junio de 2017 a las familias que habitamos acá se nos prometió que se ampliarían las casas y se arreglarían algunos problemas estructurales que tienen. En junio 2018 con la administración de Piñera se nos dijo que eso nunca fue una posibilidad», cuenta la mujer que vive en dichos blocks junto a sus padres. En el sitio se construirá una nueva calle que pretende mejorar la conectividad de la zona.
El abogado José González, quien defiende actualmente los reclamos de los afectados, explica que «a estas personas, cuando recién les informaron que se estaba haciendo el estudio del tema, se les dice que las casas no van a ser tocadas, sino que se las van a mejorar. Después ellos se enteran de que todo era mentira y que se iniciaron actos expropiatorios, lo que significa que los van a despojar de sus bienes raíces».
Según detalla González, no existe forma de detener una expropiación, siendo «la única limitación al derecho de propiedad que tienen las personas y que es permitido por la ley, cuando es por causa de utilidad pública». De esta forma, la única alternativa que restaría sería «reclamar por el monto, nada más».
«Nosotros ya presentamos los reclamos del monto de la expropiación, porque pretendemos que les suban el monto para que estas personas puedan comprar otro bien raíz. Propusimos una nueva comisión de peritos para que tasen estos bienes raíces nuevamente», agregó el leguleyo.
Si bien la expropiación es un problema para las 69 familias que deberán abandonar la Villa Las Américas, el drama que más los complica es el monto que se les ofrece por los inmuebles. El dinero a entregarles va entre los 12 y 17 millones de pesos, lo que estaría bastante alejado del costo de una propiedad de similares características en Talca.
Tanto Hernández como González cuentan que en la región es complejo encontrar casas o departamentos para familias por menos de 30 millones de pesos. El Desconcierto realizó una profunda revisión de portales inmobiliarios en busca de recintos en Talca que calcen con los montos del Serviu y la propiedad más económica asciende a $27.842.231, cifra bastante lejana a los 15 milllones en promedio que plantea el gobierno.
Respecto a este punto, el abogado acusa irregularidades en la determinación de estos montos. «Se hicieron tasaciones arbitrarias, donde entraron a ver un departamento y a los demás les sacaron fotos por fuera», critica.
«A esta gente se le está despojando del lugar donde siempre han estado, donde criaron a sus hijos, donde formaron todos sus recuerdos. Les quitan el bien raíz y les dan un monto que no alcanza para adquirir algo nuevo. A estas personas las están lanzando prácticamente a la calle», indica González.
Hernández complementa explicando que «acá viven personas de clase baja. Por ejemplo, mi mamá gana el mínimo y no tiene estudios superiores. Esa es la realidad de varios vecinos de acá del sector. No tienen dónde más llegar. En la situación que están, se verán obligados a arrendar y postular a un subsidio sin garantías de que lo van a obtener».
La apelación al monto establecido por el Serviu por las expropiaciones fue realizada por González el pasado 12 de febrero. Allí su principal premisa es que «la tasación no dice relación alguna con el valor comercial real del inmueble», exponiendo distintos argumentos para demostrarlo.
Uno de los puntos que justificaría el aumento de la cifra sería la ubicación de la Villa Las Américas, que está localizada en las cercanías de la Universidad de Talca. Igualmente, en el documento de apelación indican que es un «lugar urbanizado, dentro de la ciudad», a pasos del CESFAM del Barrio Norte, un liceo técnico profesional, varias áreas verdes y una Tenencia de Carabineros.
Asimismo, argumentan que el sector cuenta con buena afluencia de locomoción colectiva, calles pavimentadas y veredas en buen estado. También se hace alusión a los espacios comunes del block, puesto que como comunidad serían «dueños del suelo por completo». Todos estos detalles deberían influir en el mundo de la tasación, argumenta la defensa.
En esa línea, agregan que «para fijar el valor comercial de los terrenos, es necesario considerar también el nuevo uso que estos tendrán, y de que forma contribuirán para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona que se beneficiara con esta expropiación».
Considerando todos estos detalles, es que las familias consideran que debiesen recibir un monto superior a los 40 millones de pesos por los inmuebles en que hoy residen, muy lejos de lo que se les ofreció.
