¿Piñera y el compromiso con los derechos de las mujeres?

Transcurrido dos días de la primera Huelga General Feminista en Chile, la que culminó con una histórica manifestación de mujeres a nivel nacional cuyas imágenes registradas han dado la vuelta al mundo, y luego de que tanto el presidente Sebastián Piñera como la ministra Isabel Plá, intentaran subirse al carro de la victoria del movimiento feminista a través de sus cuentas de twitter -red social que hoy parece ser la fuente principal de transmisión de información del gobierno-, nos hemos sorprendido con la alarmante y confusa noticia de que el gobierno pretende renunciar a la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que por su sigla en inglés se denomina CEDAW. Información que más tarde fue desmentida por el propio mandatario a través la misma red social, señalado que “ratifica su firme compromiso con la convención UN sobre Derechos de la Mujer, ratificada en 1989. Lo que está en discusión hoy es el Protocolo que aprobó la Cámara el 2001 y se encuentra para discusión en el Senado desde entonces”.

Señor presidente, no creemos en su compromiso con los derechos de las mujeres. Efectivamente la CEDAW fue ratificada por el Estado de Chile en 1989. Sin embargo, su Protocolo complementario, del año 1999, no ha sido ratificado ni por su gobierno ni por los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, arguyendo desde entonces razones de pérdida de soberanía con su aprobación. Mismos argumentos que fueron esgrimidos por su gobierno para negarse a firmar el Acuerdo de Escazú y el Pacto Global de Migraciones. Explicaciones que no solo no se condicen con su discurso, sino que abiertamente se contraponen con el supuesto de respeto irrestricto hacia los derechos humanos que requiere un sistema democrático para su consolidación.

El Protocolo Facultativo de la CEDAW ingresó al parlamento para su discusión en el año 2001, siendo aprobado el mismo año por la Cámara de Diputados, encontrándose en segundo trámite constitucional por más de una década, tal como consta en el Boletín N° 2667-10. Desde entonces, las mujeres y organizaciones feministas hemos presionado al Estado para su aprobación, con el único objeto de ampliar la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, presentado incluso informes alternativos ante el Comité de personas expertas de la CEDAW (conformado mayoritariamente por mujeres y sólo un hombre en la actualidad).

Dicho Comité ha reiterado en todas sus observaciones finales al Estado de Chile, en el contexto del examen periódico que mide el cumplimiento de la Convención por los Estados que la han ratificado, sus recomendaciones en torno a la aprobación del Protocolo, así lo expresó en en el séptimo informe periódico de Chile, con fecha 14 de marzo de 2018: “El Comité reitera sus observaciones finales anteriores (CEDAW/C/CHL/CO/5-6, párr. 52) y recomienda que el Estado parte tome medidas de cara a agilizar el proceso de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención de forma prioritaria, para facilitar el pleno goce de los derechos garantizados en la Convención”.

No obstante lo anterior, no es hasta el mes enero de 2019 que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado reactivó la discusión para su aprobación. Es preciso señalar que el Protocolo Facultativo de la CEDAW amplía las facultades del Comité CEDAW, habilitándolo para: recibir y examinar denuncias, individuales o extensivas, por violaciones a los derechos protegidos en la Convención y; contextualizar los derechos establecidos en abstracto en la Convención, así como ampliar la interpretación y aplicación práctica de los mismos.

Activando un mecanismo similar al funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya competencia se establece en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada expresamente por el Estado de Chile en 1991.

Además, este protocolo propicia una guía detallada del contenido de las normas establecidas en la Convención, estimula cambios en la legislación y prácticas nacionales y obliga a los Estados a esforzarse para cumplir con sus obligaciones.

En este sentido, resulta preocupante para la efectiva protección de los derechos humanos de mujeres y niñas, que el actual gobierno pretenda establecer reservas a la aprobación del Protocolo Facultativo de la CEDAW, convirtiendo en letra muerta la posibilidad de ampliar la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, limitando en consecuencia no solo el acceso a una vía experta en derechos humanos de las mujeres que nos permitiría lograr el tan deseado acceso a la justicia, sino que la exigencia al Estado en el compromiso sustantivo con el respeto y garantía de nuestro derechos.

Como feministas rechazamos la inminente obstaculización del gobierno a la aprobación íntegra de este protocolo facultativo de la CEDAW, que por más de una década hemos exigido al parlamento. Desde hoy y hasta su aprobación las feministas nos declaramos en alerta.

No nos quedaremos calladas ante la violencia machista del Estado