Informe secreto devela que el gobierno debe devolver a isapre más de $18 mil millones en excedentes

La disputa legal por los más de $18 mil millones en excedentes de los cotizantes de la ex isapre Masvida entre la Superintendencia de Salud y Nueva Masvida podría complicarse aún más, luego que un desconocido informe en derecho que el gobierno manejaba en absoluta reserva, determinara que la Superintendencia de Salud debe entregar todo el dinero.

REVISA ACÁ EL INFORME COMPLETO SOBRE LOS EXCEDENTES DE NUEVA MASVIDA

La polémica comenzó en 2018 cuando la isapre Óptima (hoy Nueva Másvida) compró la cartera de afiliados de la ahora desaparecida isapre Masvida. El traspaso de clientes implicó un nuevo contrato para los usuarios, pero bajo las mismas condiciones que el anterior, lo que incluía excedentes por más de $18 mil millones. Dichos excedentes se generan por el exceso de cotización obligatoria de salud (7% del sueldo bruto) que realizan las personas respecto del costo de sus planes. Sin embargo, la Superintendencia de Salud se ha negado traspasar ese dinero a Nueva Masvida.

La disputa gatilló un caso judicial y, en medio de ese proceso, el organismo solicitó el estudio independiente. De acuerdo a la resolución exenta N°764 de la Superintendencia de Salud, se contrató el informe “atendida la complejidad de las materias involucradas, cuya resolución exige conocimientos especializados y una amplia experiencia, no sólo en la materia técnica específica, sino que también en derecho constitucional y civil, lo que, sumado al tiempo que la evaluación y estudio de los antecedentes, y propuesta de solución requiere, dificulta enormemente la realización de las labores solicitadas por profesionales de la propia institución”.

El Desconcierto envió un cuestionario escrito al superintendente de Salud, Ignacio García-Huidobro, para tratar el tema y resolver la relevancia del informe en el caso. Pese a que en la resolución se justificó ampliamente la contratación de dicha asesoría, en la respuesta enviada a este medio se habla de un trabajo parcial.

«Este organismo no comparte las conclusiones del informe, que realiza un análisis parcial desde la perspectiva del derecho civil, sin considerar armónicamente todas las normas de nuestra ley especial que rigen la garantía, cuyo fin exclusivo es cubrir obligaciones de las isapres con cotizantes, beneficiarios y prestadores de salud y no, obligaciones con otra isapre», dijo la Superintendencia de Salud, en una respuesta que puede revisar completamente acá.

En la misma línea, el organismo agregó que «en este caso se pretende que la garantía se utilice para pagar una deuda de la ex Isapre Masvida con la Isapre Nueva Masvida, por concepto de excedentes que no le traspasó al momento de transferirle la cartera de cotizantes, como estaba obligada a hacerlo».

La entidad dirigida por García-Huidobro también dijo desconocer qué entidad gubernamental ordenó contratar realmente el informe, pese a ser pagado por la misma superintendencia. «El informe se solicitó previo a que asumiera el actual superintendente, por lo que no podemos responder qué motivó a antiguas autoridades a hacerlo», contestó la entidad tras ser consultada si fue el ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), dirigido por Cecilia Pérez, el que ordenó hacerlo.

El informe en derecho fue elaborado por el abogado Rodrigo Díaz de Valdés, del estudio Baker McKenzie. El profesional es académico de la Pontificia Universidad Católica (PUC) y ha estado ligado a la defensa de grandes casos de connotación pública. Como la disputa entre la superintendencia y Nueva Masvida está judicializada, el 28 de septiembre pasado la Corte de Apelaciones de Santiago le ordenó al organismo público que entregue todos los antecedentes asociados. No obstante, el informe de Díaz de Valdés quedó guardado bajo llave en alguna oficina de la superintendencia y recién ahora se conoce, luego que El Desconcierto accediera a una solicitud de información de un tercero, que se realizó vía Ley de Transparencia.

El superintendente, en su respuesta a este medio, explicó que desestimó enviar el análisis a tribunales, como se lo había ordenado la Corte de Apelaciones de Santiago, pues «los informes u opiniones de asesores jurídicos no son vinculantes y no constituye un antecedente del proceso».

Dicha argumentación, sin embargo, será puesta a prueba pronto, pues el 27 de febrero pasado, José Arteaga, abogado de Nueva Masvida, solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago que oficie a la Superintendencia de Salud, a la Segpres y a Díaz de Valdés, para que entreguen dicho informe. (Revise acá la presentación de Arteaga).

Rechazo de superintendencia «perjudica» a afiliados de Nueva Masvida

El contrato entre Díaz de Valdés y la Superintendencia de Salud fue por trato directo y se firmó por 260 UF (unos $6,5 millones). La opinión del profesional, sin embargo, que se sustenta en más de 30 páginas de argumentación, va en contra de lo que esperaba su cliente. Es decir, de acuerdo al asesor legal, la Superintendencia de Salud debe entregar los $18 mil millones de excedentes.

“Los excedentes de cotizaciones son de propiedad de los afiliados. Son transmisibles a sus herederos, se reajustan y devengan intereses en favor de su titular”, escribió Díaz de Valdés en su informe, en el que abordó análisis en materia civil, constitucional y también consideraciones respecto de la ley especial que rige a la Superintendencia de Salud.

«Los excedentes de cotizaciones están amparados por la garantía constitucional del derecho de propiedad, consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República. Adicionalmente, al estar afectos a un destino específico, propio de la seguridad social, y en particular, del derecho a la protección de la salud, se deben entender amparados por las garantías constitucionales», agregó.

Díaz de Valdés también se refirió a si los afiliados de Nueva Masvida tienen derecho o no sobre los excedentes que generaron cuando eran cotizantes de la ex isapre Masvida y que hoy están en manos de la Superintendencia de Salud.

«En virtud de la cesión de los contratos no sólo se cedieron los derechos personales que tenía Masvida respecto de sus afiliados (como el derecho a cobrar la cotización), sino también se cedieron todos los derechos personales que tenían los afiliados con Masvida. Respecto de estos derechos, el obligado es ahora Nueva Masvida», escribió el profesional. «Dentro de los derechos que tienen los afiliados y que está reconocido expresamente por la ley, están los excedentes de las cotizaciones».

Para el asesor legal, «rechazar el traspaso de los excedentes con cargo a la garantía legal constituida por Masvida, no beneficia a los afiliados de Nueva Masvida, propietarios de los excedentes de cotizaciones, sino que los perjudica. Por simple que parezca, esa es la conclusión más evidente de esta discusión. Como se señaló, se trata de una medida que restringe de facto el ejercicio de sus derechos».