Según un reportaje publicado por El Mostrador, desde el 18 de marzo pasado se encuentran paralizados la mitad de los Centros de la Mujer de la Región Metropolitana.

Las funcionarias denunciaron precarización laboral, lo que responde directamente a violencia en contra de las mujeres, y enfatizaron en que el engorroso sistema de pagos entre el Ministerio de la Mujer y los municipios ha generado atrasos de hasta tres a cuatro meses.

Ana Oviedo, presidenta de la Asamblea de Funcionarias, explicó que se encuentran trabajando a honorarios, sin derecho a licencias médicas y no están sujetas al reajuste del sector público.

Estas unidades se ubican desde Arica a Punta Arenas, con un total de 130 centros, y brindan atención directa a las mujeres víctimas de violencia que son derivadas desde el Poder Judicial, la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros, municipios y quienes llegan buscando ayuda directamente al centro.

El reportaje relata que la demanda de atención es tan elevada las trabajadoras deben reducir el número de sesiones considerado para el tratamiento de cada víctima. Además, las funcionarias explicaron que, a diferencia de la asistencia telefónica, ellas trabajan con turno de oficina, pero no tienen turnos de noche, esto, ha generado que por casos urgentes tengan que seguir trabajando en ese horario.

También denunciaron que muchos costos salen de sus bolsillos como, por ejemplo, el pago de los traslados hasta los mismos centros a los que tienen que llegar las mujeres agredidas. Estos costos son rendidos y devueltos por el empleador meses después.