upla toma | Foto: Luis Collao
Las seis estudiantes de la UPLA que mantenían un sumario desde septiembre de 2018, por realizar una funa, recibieron las resoluciones de sus casos: dos fueron suspendidas y otras cuatro quedaron con matricula condicional. Ese mismo día tuvieron que tomar decisiones sobre la huelga de hambre que mantenían otras seis mujeres. En el camino han debido soportar violencia institucional y policial. En conversación con El Desconcierto, hablan sobre el futuro de su movilización.
En mayo de 2018, al igual que gran parte de las universidades del país, la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso vivió una intensa movilización feminista que incluyó la toma de ciertos espacios de la institución e, incluso, una huelga de hambre. Las protestas concluyeron el 29 de agosto del mismo año con la firma de un acta de compromiso por parte de la Asamblea de Mujeres y Disidencias, el rector Patricio Sanhueza Vivanco y del director general de Pregrado, Carlos González Morales.
Algunos de los puntos más importantes entre los logrados por la movilización fueron las promesas sobre el perfeccionamiento del Protocolo contra el Acoso y Violencia de Género en la UPLA, la conformación de un Departamento de Género y la creación de una Comisión de Emergencia -previa a la aprobación del protocolo- compuesta por especialistas feministas que recepcionarían denuncias, acompañarían y asesorarían a las víctimas. Otros logros apuntaban al mejoramiento de las mallas curriculares y la ampliación de la oferta de actividades relacionadas al género y las disidencias en la universidad.
A pesar de los cuatro meses de movilización y los diez meses transcurridos desde el inicio de la revuelta feminista, la UPLA aún no concreta su Departamento de Género ni activa su protocolo. Si bien este último existe desde enero de 2019, ningún caso se ha resuelto bajo esta normativa.
Por la inoperancia de estas instancias fue que el 13 de septiembre, un grupo de estudiantes de la carrera de Castellano realizaron una funa hacia un compañero por casos de eventual acoso, abuso, extorsión, manipulación y persecución. La acción consistió en pegar afiches con su nombre y su foto indicando el motivo por que se le acusaba. Según las estudiantes, ante la inexistencia de institucionalidad para llevar este tema, tomaron la decisión de proceder de esta forma.
Esta protesta ocurrida durante una cátedra de Literatura, les costó a seis estudiantes un sumario en su contra por transgredir el Reglamento de Convivencia Escolar y por hacer uso de la imagen del sujeto para denostarlo.»Fue una medida de desesperación porque no teníamos de otra», comenta una de las jóvenes afectadas.
Luego de seis meses desde que se abrieron los sumarios y mediante un proceso que acusan de poco transparente, las estudiantes recibieron el pasado viernes la resolución sobre sus casos. Dos de ellas resultaron suspendidas por un semestre y las otras cuatro recibieron una amonestación y condicionaron su matricula.
Si bien la extensa duración del proceso está dentro de la normativa, la abogada de las jóvenes, Javiera Tapia, critica la forma en que se dio esta acción e indica que una de «las reglas generales que rigen a los órganos de la administración del Estado es la celeridad del procedimiento y el debido proceso. Esto ha sido muy burocrático, muy a oscuras, muy inquisitivo«.
A propósito de estas acciones administrativas contra las jóvenes y el retraso en los compromisos, iniciaron el miércoles 13 de marzo nuevamente la toma de la universidad, hasta que fueron desalojadas el lunes 18 de marzo. En paralelo, un grupo de seis estudiantes comenzó una huelga de hambre en la casa de la Federación de Estudiantes de la Upla (Feupla) el domingo 17 de marzo, con el objetivo de hacer presión para que el sumario entregara la menor sanción a sus compañeras.
Si bien en un inició se hablo de una huelga seca en caso de estar en un escenario desfavorable, esta manifestación finalmente se bajó este viernes tras conocerse las resoluciones de los sumarios. Una de las afectadas explica que seguirán el camino de apelar por estos fallos. «Preferimos mil veces el bienestar de las compañeras, porque lo hablamos con la abogada y las sanciones son apelables y quedan recursos por interponer. Los plazos se van a extender muchísimo y no íbamos a exponer a las compañeras a eso», comenta.
Por todo este contexto, la estudiante indica que esta estrategia de la rectoría de interponer sumario les deja «una impresión muy negativa». «Saliendo de la toma feminista de 2018, las primeras sumariadas somos mujeres activistas en el feminismo, cuando tienen profesores hace años en sumario y nunca se les terminó resolviendo nada, o que tienen acusaciones que son sumamente concretas y no les ponen sumarios», critica.
«Entendemos que la universidad nos quiere criminalizar, quieren agotar el movimiento feminista, que nosotras dejemos de reclamar, que bajemos los brazos (…) La universidad estaba esperando tomar las cabezas que pudiese tomar y hacerlas culpables», acusa la joven activista.
Previo a la bajada de la huelga, el martes 19 de marzo el rector Sanhueza ya había presentado un recurso de protección en favor de la “integridad física, por la salud y por la vida” de las seis estudiantes que están en huelga de hambre. Con esta acción, buscaba que la Corte de Apelaciones de Valparaíso tomara medidas para la cautela de esta situación.
Este recurso, entre otras cosas, buscaba que asistiera un médico a revisar el estado de salud de las chicas. Igualmente, pedía que las trasladara a un centro de asistencia de salud. Según la abogada de las jóvenes sumariadas, Javiera Tapia, esta acción judicial sólo habría buscado que las estudiantes hicieran huelga fuera de la universidad.
«No es que haya una preocupación real sobre el estado de salud de las chicas, porque en algún momento el rector prohibió a los profesionales de salud que trabajan en la universidad prestarles ayuda», explica Tapia a El Desconcierto.
Según la abogada, judicializar este tipo de casos es una estrategia preocupante de parte de la UPLA. «Ellos se aprovechan del poco acceso que ellas tienen a defenderse. Tienen noción de que ellas no tienen fácil acceso a un abogado o abogada», comenta.
«Se ha establecido una política universitaria al interior de la UPLA donde cualquier propuesta estudiantil que molesta a la autoridad es sumariada. Esa es un poco la lógica del rector. Es un poco como actúa el Estado con los mapuche y la Ley Antiterrorista. Movimiento estudiantil que no me gusta, aplico sumario. Eso no se puede dar, menos en una universidad pública», critica la abogada.
Por otra parte, y acompañadas del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), las feministas de la UPLA iniciarán otra acción judicial contra Carabineros por los hechos ocurridos el 18 de marzo, tras el desalojo de la toma.
Aquel día cerca de 20 estudiantes fueron detenidas y posteriormente llevadas a una comisaría de Valparaíso. En el lugar, las jóvenes fueron obligadas a desnudarse y posteriormente realizar sentadillas, un criticado procedimiento que se realiza para corroborar que los internos no escondan elementos en sus cuerpos.
El director regional del INDH, Fernando Martínez, comentó a El Desconcierto que presentarán una acción judicial por estos abusos policiales, con el objetivo de determinar responsabilidades en el caso.
«El tema del desalojo y la detención pasaron por etapas dentro de la universidad, en el traslado y luego el procedimiento en la unidad policial. Es en este último lugar es donde se producen los hechos por los que vamos a accionar judicialmente», dice Martínez.
Sobre este tipo de abusos policiales, el abogado explica que anteriormente se habían conocido otras denuncias de este tipo en la región, pero que han sido complejas de acreditar. «Creemos que en esta oportunidad tenemos mejores perspectivas procesales de poder acreditar esto y solicitar las sanciones que correspondan», explica.
«Además creemos que hay que hacer de conocimiento público que estas cosas pasan y que es importante, que no sólo existan sanciones a quienes las cometen, sino que también hay que modificar normativas internas y mejorar los niveles de supervisión interna a nivel policial», asegura el director del INDH.
