Abogados defensores de comuneros mapuche apuntan a la falta de legislación para ejecutar fallos internacionales

La posibilidad de que se deje sin efecto una sentencia que en 2014 condenó a ocho comuneros mapuche ha generado reacciones desde distintos sectores.  Esto, a propósito de una audiencia que fijó el ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, para el próximo 22 de abril, que estaría abocada a evaluar un mecanismo legal que pudiese cumplir este objetivo, hasta ahora inexistente en el país.

La decisión de Cisternas responde al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2014, en el caso conocido como Norín Catriman y otros vs Chile en el que se acusó al país de violar los derechos humanos del pueblo mapuche.

El abogado representante de Juan Pichun Collonao, Sebastián Saveedra, aseguró que la Corte ha actuado conforme a derecho, buscando la salida más adecuada para cumplir con un fallo internacional.

“No tenemos una legislación para ejecutar estas sentencias y los parlamentarios y el Ejecutivo deberían hacerse cargo de esto. Chile ha sido condenado en varias oportunidades y siempre hay problemas en esta bajada a las sentencias”, dijo.

Además, agregó que “un fallo de la Corte no se puede dejar sin efecto invocando normas internas porque emana de sendos tratados internacionales sujetos por Chile, el convenio de Viena, tratado de chile firmado por Chile en 1953 y la misma Convención Americana donde se indica que el estado debe cumplir con los fallos internacionales. Desconocer este fallo implica por ejemplo que Bolivia no debería cumplir el fallo de La Haya, considerando que Chile reclama que su disposición no le permite cumplirlo, bueno, entonces, Bolivia estaría en las mismas condiciones”, explicó.

La abogada del CIDSUR, Karina Riquelme, afirmó que “ha habido otro tipo de invalidaciones de sentencias por la nulidad de derecho público, por ejemplo, casos de violencia intrafamiliar, pero aquí no hay que hacer distinción, eso es discriminatorio y es validar una ley “para los mapuche”. Aquí hay que considerar fallos que avalan la invalidación de una sentencia”, sostuvo.

Desde la UDI reaccionaron en contra de esa idea que, particularmente preocuparía al ministro de Justicia Hernán Larraín, porque afirmaron que la jurisdicción chilena debiese estar por sobre cualquier tratado internacional.

Según publicó esta mañana El Mercurio los diputados Jorge Alessandri y Juan Antonio Coloma presentarán una carta a los magistrados para evitar que se tome esta decisión. En la misiva aseguraron que si la Corte Suprema obedece este acudirían hasta el Tribunal Constitucional para revertirlo. El tema esperan abordarlo en la comisión de Constitución de la Cámara a la que invitarán al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito.